Con la entrega del Petróleo, la mayoría en el Congreso nos condena a una profunda crisis económica que no podrá ser superada, sin la empresa que abonaba más recursos a nuestro país.
Con tal de entregar el petróleo, los hidrocarburos y la electricidad a las empresas trasnacionales, el gobierno de Enrique Peña Nieto y sus aliados han cometido un sinnúmero de atrocidades. La legislación secundaria, compuesta por 21 leyes, es todo un catálogo de disposiciones que permiten el saqueo, la entrega de la renta petrolera a los extranjeros, la opacidad, la corrupción y en general el daño al interés nacional.
Por si algo faltara, el PRI, el PAN, el Partido Verde y Nueva Alianza aprobaron convertir pasivos de PEMEX, en concreto el multimillonario pasivo laboral, en deudas de todos los mexicanos. Esta decisión grave de suyo, viene a confirmar que la intención del gobierno es que Petróleos de México y la Comisión Federal de Electricidad mueran de inanición e, incluso, como se advierte se proceda paulatinamente a su liquidación.
Si el discurso oficial machaca todo el tiempo que se fortalecerá Pemex como "empresa productiva del Estado", la decisión de convertir este pasivo en deuda pública habla de lo contrario, además de ser un claro indicativo de que el mismo gobierno habría negociado con el traslado de los pasivos de Pemex a la deuda pública, para vencer resistencias del sindicato frente a una previsible liquidación de la empresa.
Repasemos algunos antecedentes a esta medida que ya ha sido bautizada como Pemexproa y que constituye el tercer rescate monstruoso que se cargará a las espaldas de los mexicanos.
En diciembre de 1994, tras seis años de sostener una lucha a ultranza contra la inflación, el tipo de cambio se sobrevaluó y repercutió en déficit comercial, endeudamiento externo, reducción de las reservas internacionales y especulación desmedida en el mercado de valores.
La combinación de estos factores con diversos acontecimientos políticos, provocaron una abrupta devaluación del peso y una inusitada alza en las tasas interés. Varias empresas dejaron de cumplir con sus obligaciones ante los bancos y se registraron retiros masivos de capital por la desconfianza hacia las instituciones de crédito, también quedo claro que hubo fraudes bancarios donde varios créditos se dieron con garantías falsas. Los bancos dieron visos de insolvencia y se temió el colapso financiero.
Fue en 1995 que la crisis provocara el sobreendeudamiento de las empresas y familias ante los bancos, con el consecuente cese de pagos por parte de los deudores.
Una eventual quiebra de los bancos habría hecho imposible el acceso a créditos y los ahorradores no hubieran podido disponer de sus depósitos, lo que habría colapsado la infraestructura productiva, por lo que el Gobierno Federal aplicó el Fobaproa para absorber las deudas ante los bancos, capitalizar el sistema financiero y garantizar el dinero de los ahorradores.
Los pasivos del Fobaproa equivalían al 40% del PBI de 1997, a las dos terceras partes del Presupuesto de Egresos para 1998 y el doble de la deuda pública interna.
En marzo 1998, Ernesto Zedillo envió al Congreso de la Unión un paquete de cuatro iniciativas para crear un marco legal que redujera las posibilidades de una nueva crisis bancaria, así como para crear mecanismos más eficientes de supervisión a las actividad crediticia y facilitar la capitalización de los bancos.
La propuesta que causó mayor controversia y que orilló al Congreso a ordenar una auditoría al Fobaproa fue la de convertir en deuda pública los pasivos de dichos fondos que sirvieron para asistir a los bancos, cuyo monto asciendió a 552 mil millones de dólares.
El 4 de septiembre de 1998 se llegó a un acuerdo entre los poderes Ejecutivo y Legislativo para reformar el sistema financiero a través de un “acuerdo marco” para sacar adelante las propuestas presidenciales. El problema de esta medida es que no hubo castigo a los responsables, hubo impunidad y estos pasivos privados se convirtieron en deuda pública.
RESCATE CARRETERO
En agosto de 1997, el Gobierno Federal entró al “rescate” de las empresas que participaron en la construcción de las carreteras, al comprarles sus activos carreteros al 40% de su valor y pagarles éstos con Pagarés de Indemnización Carretera (PIC), pagaderos a 5, 10 y 15 años. El rescate de 23 carreteras se realizó de septiembre de 1997 a marzo de 2001 e inició con la creación del Fideicomiso de Apoyo para el Rescate de Autopistas Concesionadas (FARAC).
En 2001, el gobierno federal por medio de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) decidió establecer un esquema de sustitución de la deuda bancaria mediante pagarés carreteros a 30 años para alargar los plazos de vencimiento de esta deuda y reducir sus tasas de interés a fin de aligerar la carga financiera que representaba el rescate carretero.
El objetivo de este esquema fue fortalecer la situación financiera del FARAC, el cual es el encargado de administrar los asuntos relacionados con el rescate y la deuda de este sector.
En el año 2003 se incorporaron al FARAC 4 autopistas que no participaron del rescate inicial: México-Cuernavaca, México-Puebla, México-Querétaro y Querétaro-Irapuato, cuyos ingresos por cuotas fueron utilizados por el fideicomiso mencionado para el pago del rescate carretero.
Las mexicanas y los mexicanos pagaron entre 157 mil y 165 mil millones de pesos por el rescate carretero efectuado por el gobierno de Ernesto Zedillo en 1997.
En la actualidad, hasta marzo de 2014, la deuda total de México aumentó 4 puntos del PIB, con esto, el saldo histórico de los requerimientos financieros del sector público pasó de 36.44% del PIB en 2012 a 40.29%, según datos de la Secretaría de Hacienda.
Sólo en los primeros tres meses de 2014, la deuda pasó de 6 billones 504 mil 318 millones de pesos a 6 billones 629 mil 753 millones.
Regresando a la discusión que ahora se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, es necesario reafirmar a quienes leen este texto, que el monopolio del Estado sobre los recursos energéticos terminó con la Reforma constitucional en materia energética de diciembre de 2013, momento en el que se abrió la puerta a los extranjeros para despojarnos de nuestra riqueza nacional.
Ante la gravedad económica que enfrenta nuestro país es una gran hipocresía propagandizar que le aminoran cargas tributarias a PEMEX, y venderlo como el gran logro, cuando se le despojará por medio de la ronda cero de los yacimientos que hoy explota y de las reservas probables, de su acervo estratégico por medio de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y cuando se le seguirá controlado presupuestalmente por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público.
Además, las mexicanas y los mexicanos enfrentan el grave riesgo de ser despojados de sus tierras, bajo la figura de la “ocupación”, que no es otra cosa más que una expropiación disfrazada, que les arrebatará sus propiedades para que las empresas privadas puedan explotarlas y, una vez que ya hayan aprovechado los recursos que ahí encuentren, les sean regresadas a sus dueños, contaminadas, inservibles, o ambas cosas.
No bajarán las tarifas de luz y gas, la gente de menores recursos no recibirá ni un solo beneficio por esta reforma y, al contrario, con franqueza podemos afirmar que México perderá gran parte de su soberanía económica.
México enfrenta uno de los tiempos más obscuros de su historia. Ni una sola privatización ha sido exitosa y ha dado beneficios directos a la mayoría de los habitantes de nuestro país, sólo a algunas cuantas personas que han concretado jugosos negocios con la extinción de las más importantes y emblemáticas empresas del Estado.
Nunca se procuró la eliminación de la corrupción en Pemex, nunca se procuró un esquema de refinación y elaboración de subproductos del crudo, nunca se buscó la prosperidad del país y ahora, con la entrega del Petróleo, la mayoría en el Congreso nos condena a una profunda crisis económica que no podrá ser superada, sin la empresa que abonaba más recursos a nuestro país.
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