Pobreza, migración y violencia: bomba de tiempo para las niñas

Se dice, y se dice bien, que un factor de expulsión de la población es la pobreza (otra forma de violencia). Ahora que hay una crisis humanitaria por la migración de miles de niñas y niños, cabe preguntarse ¿qué tan pobre es la niñez en México como para necesitar emigrar de su país y exponer sus vidas?

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) considera que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando presenta un ingreso inferior al valor actualizado de la línea de bienestar, que equivale al valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios.

Bajo esta premisa y según los informes del Coneval, para 2012 resulta que en México los índices de pobreza son más altos en la niñez que en las personas adultas.

Los porcentajes de la población de 0 a 17 años con al menos una carencia social y con un ingreso inferior a la línea de bienestar son de 76.2 y 61.3 por ciento, respectivamente, lo cual es significativamente mayor que los de la población total (74.1 y 51.6 por ciento).

Dicho de otra manera, puede considerarse como pobre más de la mitad de la niñez mexicana: seis de cada 10 personas que están en el grupo etario de 0 a 17 años. En tanto que en el grupo de dos a cinco años repuntan las variables de pobreza, pobreza extrema, con tres o más carencias sociales, y un ingreso inferior a la línea de bienestar mínimo.

Al analizar la incidencia de la pobreza por subgrupos, se aprecia que los resultados menos desfavorables para la población de 12 a 17 años pudieran esconder la utilización del trabajo infantil en los hogares pobres. Esto sugiere que los hogares con población en las primeras etapas de vida se hallan entre los más expuestos a la pobreza.

Los hogares a los que pertenecen las y los niños más pobres tienen las características siguientes: familia ampliada; alguna persona con discapacidad; cinco o más integrantes; con una sola persona ocupada; un jefe o jefa de hogar de hasta 29 años de edad y sin escolaridad o con primaria incompleta.

Si se identifica por sexo a la niñez con pobreza se observa que ésta es mayor en las niñas (ver gráfica); tanto en pobreza, como en pobreza moderada y extrema; la diferencia más amplia está en el renglón de “ingreso inferior a la línea de bienestar”, donde la proporción de niñas es de 61.6 contra 60.9 por ciento de niños.

No obstante, es mayor la proporción de niños vulnerables por carencias sociales. Estas carencias pueden ser en rezago educativo, falta de acceso a los servicios de salud, a seguridad social y a servicios básicos de vivienda; así como en calidad y espacio de esta vivienda.

Conforme al documento “Pobreza y derechos sociales de niñas, niños y adolescentes en México, 2010-2012”, de UNICEF/Coneval, entre 2010 y 2012 en todas las carencias sociales se presentó una mejoría para la población de 0 a 17 años, excepto en el acceso a la seguridad social. Alrededor de tres de cada cinco personas en esta edad carecían de este derecho. Situación que seguramente se repetirá en 2014.

Otra carencia igual de importante es la alimentación. Para 2012, tres de cada 10 niñas, niños y adolescentes (11.1 millones) presentaron limitaciones moderadas o severas para tener una alimentación sana y variada debido a la falta de recursos económicos. Esto es un obstáculo para el ejercicio de otros derechos.
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Ahora bien, esta grave problemática tiene matices más agudos en la geografía nacional porque las cifras que se han referido son medias nacionales.

Está el caso de los municipios con alta marginalidad. Dentro de los municipios de muy baja marginación, aproximadamente cuatro de cada 10 niñas, niños y adolescentes eran considerados pobres, mientras en los de muy alta marginación esta relación era de alrededor de nueve de cada 10.

Una significativa diferencia: no es lo mismo el 40 que el 90 por ciento; prácticamente toda la niñez de estos municipios está en condiciones de pobreza y es candidata a emigrar.

Las condiciones de vida en los municipios de muy alta marginación son particularmente preocupantes, pues 66.2 por ciento de la población de 0 a 17 años presentaba tres o más carencias sociales, y 88.3 por ciento tenía un ingreso inferior a la línea de bienestar.

Sin embargo, es aún más preocupante la elevada proporción de población de 0 a 17 años que en estos municipios no contaba con seguridad social (96.2 por ciento), o que carecía de servicios básicos en su vivienda (81 por ciento).

Estas disparidades también se expresan en los estados de la República. La entidad con mayor número de niñas, niños y adolescentes en situación de pobreza en 2012 fue el Estado de México (alrededor de 2.8 millones), seguido por Chiapas (1.65 millones), Puebla (1.6 millones) y Veracruz (1.5 millones).

Esos cuatro estados concentraban a más de un tercio del total de la población en situación de pobreza en ese rango de edad.

Aquí es indispensable hacer mención que justamente el Edomex, Chiapas, Veracruz y Puebla son consideradas entidades expulsoras de mano de obra, receptoras de remesas y con altos índices de migración internacional, migración de hombres, mujeres y también de niñas y niños.

En contraste, las entidades con menor número de personas menores de 18 años en situación de pobreza fueron Baja California Sur (73 mil), Colima (92 mil), Campeche (147 mil), y Aguascalientes (194 mil).

No está por demás enfatizar que conforme al reporte de UNICEF/Coneval, la población infantil y adolescente indígena es una de las que enfrentan mayores desventajas dentro de la sociedad mexicana: son pobres entre las y los pobres.

Problematizar sobre la migración de la niñez mexicana y centroamericana implica forzosamente hablar de su condición de pobreza, la de la niñez y la de sus familias.

Por supuesto que en el éxodo también cuentan las otras condiciones de violencia (política y de las organizaciones criminales) a las que constantemente hacen referencia los medios; pero ambas adquieren mayor relevancia cuando las personas afectadas viven en condiciones de pobreza y carencias sociales.

Twitter: @ramonaponce
 *Economista especializada en temas de género.

Especial

Por: Carmen R. Ponce Meléndez*

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