El regulador se muestra fuerte con los débiles.
lasillarota.com
De nueva cuenta el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
resolvió que el Grupo Televisa (GTV) no tiene poder sustancial de
mercado en el mercado de la televisión restringida ya sea de cable o
satelital, aún cuando tiene el 60.9 por ciento de participación en el
mercado nacional, pero ese porcentaje puede ser aún mayor cuando se
trata de mercados regionales o locales a través de los sistemas de pago
Sky, Izzi, Cablemás, TVI (Televisión Internacional), Cablecom y
Telecable que adquirió recientemente.
La resolución del regulador se dio precisamente por esta última
operación del GT que compró el 100% de las acciones representativas del
capital social de Cablevisión Red, S.A. de C.V. (Telecable), por parte
de diversas empresas pertenecientes al Grupo de Interés Económico
encabezado por Grupo Televisa, S.A.B. De acuerdo al comunicado oficial
del IFT, afirma que su Pleno no encontró la existencia de elementos
suficientes que permitan concluir que GTV puede fijar precios de manera
unilateral o restringir el abasto en los mercados analizados sin que
sus competidores puedan contrarrestar dicho poder.
Sin más el IFT utilizó el mismo, y tan criticado, argumento que el
año pasado para igualmente negar el poder sustancial de mercado de la
empresa: debido a que otras empresas aumentaron su número de
suscriptores hasta en un 2 por ciento y que Televisa perdió ese mismo
porcentaje de suscriptores no había elementos para demostrar su
influencia en el mercado nacional.
Flagrantemente, una vez más, la institución encargada por velar por
la competencia efectiva en la radiodifusión y las telecomunicaciones
evade el mandato del artículo 28 constitucional que dispone eliminar
eficazmente la concentración nacional y regional.
Con su análisis sólo toma en cuenta la situación nacional sin tomar en
cuenta que en las 62 localidades de cobertura de Televisa-Telecable
fusionadas alcanza hasta un 82.5 de participación en ese mercado
regional con múltiples efectos no solamente en el número de
suscriptores, sino también en la determinación de precios en los
servicios, publicidad comercial, producción y distribución de
contenidos.
Si aún bajo estos elementos, que no fueron tomados en cuenta por el
IFT, no tiene el GTV poder sustancial de mercado, vale la pena
preguntarle a su Pleno ¿cuándo sí? ¿Qué elementos se tendrían que
cumplir para que considere tal condición?
La historia se repite, no solamente porque esta segunda resolución
reedita la primera en el tema, sino porque a pesar de que ahora contamos
con un órgano regulador autónomo con mayores facultades, herramientas y
recursos (que por cierto nos cuestan miles de millones de pesos a los
contribuyentes), se siguen protegiendo desde las instituciones del
Estado a los mismos dominantes en el sector audiovisual. Salvo en
telefonía, la reforma en telecomunicaciones no se ha traducido en
mejores precios para los servicios, ni en más pluralidad y diversidad.
Se confirma una vez más que tenemos un nuevo diseño institucional, pero
las mismas vejas prácticas en el sector.
Apertura y persecución en FM
Finalmente a mediados de marzo el IFT aprobó el cambio de la
Disposición Técnica en la banda de FM para reducir la separación entre
frecuencias de 800 Khz a 400 Khz, eso permitirá que existan más señales
para radio incluyendo las plazas con supuesta saturación de espectro
como la Ciudad de México o más dicho el Valle de México, Monterrey y
Jalisco, en las que constantemente se rechazaron peticiones de nuevas
estaciones por la supuesta “saturación” de espectro, que tal como lo
demuestran los estudios llevados a cabo por el regulador era en realidad
una barrera artificial para evitar la entrada de nuevos jugadores en la
radio de FM.
En el continente americano esa norma técnica de separación de
frecuencias en 800 Khz dejó de usarse desde hace ¡20 años! Pero las
presiones de la industria de la radio y la televisión a las autoridades
habían impedido ese cambio, por lo que es una buena noticia la apertura
de este espectro. Sin duda es una oportunidad para fomentar el
pluralismo en la radio pero aún falta ver si esas nuevas frecuencias se
destinarán para el sector comercial o si se reserva una parte de ellas
para el sector público, social, comunitario o indígena, ya es hora que
en plazas como las mencionadas existan más medios de los dos últimos y
de que se le otorgue a Radio Educación una frecuencia en AM.
Lo peor que pudiera pasar es que esa ganancia espectral sea destinada
mayormente a radiodifusores de AM que se quedaron sin una frecuencia en
el 2008 por un Acuerdo que emitió la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, en un privilegio indebido, pues el espectro radioeléctrico
es un bien finito, escaso y caro que debe de administrarse bajo
criterios equitativos y en condiciones de igualdad, lo cuales no se
cumplieron en aquel entonces cuando se destinaron más de 500 frecuencias
de manera automática a operadores de AM.
La medida se tomó por la queja de los radiodifusores por la crisis de
negocios de la radio AM, la respuesta de las autoridades fue otorgarles
una frecuencia en FM en lugar de atender uno de los problemas de raíz:
la inequitativa distribución en el mercado de la publicidad comercial y
oficial producto de la indebida concentración en medios electrónicos.
Mientras tenemos esa buena noticia de la apertura en FM, la mala en
estos días es la desmedida y desproporcionada campaña que está haciendo
el IFT en contra de emisoras sin autorización en distintos medios de
comunicación calificando el hecho como un delito, ya la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos ha determinado que este tipo de
acciones son una criminalización de la libertad de expresión y ejerce un
efecto inhibitorio de su ejercicio especialmente para la población más
vulnerable. La campaña, aduciendo que quién opera si autorización una
frecuencia del espectro “nos está robando” es una copia de la campaña
llevada a cabo por la industria de la radiodifusión de Guatemala llevada
a cabo hace un par de años, misma que se opone al reconocimiento del
sector comunitario e indígena en aquel país.
Resulta altamente preocupante que ante las trabas prácticas que
existen para que los medios comunitarios e indígenas puedan acceder a
las frecuencias ante los proceso administrativos, la respuesta del IFT
sea una política persecutoria propia de los más viejos tiempos
autoritarios.
De manera reciente se hicieron operativos en Oaxaca que resultaron en la detención de dos indígenas[1],
otro más en Milpa Alta en la Ciudad de México en los que la comunidad
originaria por falta de información solicitó la autorización para abrir
su emisora a las autoridades de Bienes Comunales en lugar el IFT, a la
hora de su cierre la radio impartía clases de nahuátl a la comunidad.
Antes que acciones represivas el IFT debería de emitir una campaña
para informar a las comunidades sobre los procesos para obtener
autorizaciones y ser eficaz para otorgar las decenas de peticiones que
tienen para abrir este tipo de estaciones, pues casi a dos años de la
ley ha otorgado sólo UNA concesión social comunitaria.
Entre la resolución de no declarar a Televisa con poder sustancial de
mercado, propiciando una mayor concentración en la televisión de paga y
la mano dura en contra de comunidades en situación de vulnerabilidad,
el regulador se muestra fuerte con los débiles y débil con los fuertes.
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