Por: Redacción Revolución
(28 de marzo, 2016).- Mientras organizaciones sociales y pobladores
mexiquenses han insistido en frenar la ‘Ley para Regular el Uso de la
Fuerza Pública en el Estado de México‘
dado que, sostienen, atenta contra el ejercicio de la libertad de
expresión y la protesta -dado que dicha propuesta autoriza el uso de la
fuerza para ‘enfrentar’ manifestaciones catalogadas como “violentas”-
el Gobierno del estado sostiene que dicha ley obedece a una
recomendación de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos
(CIDH).
José Manzur, Secretario General de Gobierno del Estado de México, dijo en entrevista con Reforma que
”Esa iniciativa no es promovida por el Gobernador Eruviel, aunque así
está presentada, ésta viene de una recomendación de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos”.
Según el mismo diario, el Comisionado estatal de Seguridad Ciudadana,
Eduardo Valiente, dijo que “la ley está ceñida y armonizada con
tratados internacionales y con la Constitución Política mexicana”
Además, sostuvo que “esto de ninguna manera es para cometer excesos,
por el contrario, quien pueda dar lectura cabal del documento se puede
percatar que es un documento completamente garantista que pone candados,
que pone frenos a cualquier tipo de abuso que se pudiera realizar (…
)Sé que la parte medular a quien le hace más ruido, a quien han expuesto
su inconformidad por las mismas tiene que ver con las manifestaciones,
pero esto siempre ha estado regulado, ceñido a estos documentos que he
referido inicialmente(…) cuando se detecte que ponen en riesgo la vida o
se pueda realizar lesiones graves a cualquier persona, de la misma
manifestación de la autoridad, o de terceros incluso, habrá una serie de
criterios, principios que la propia autoridad, que los propios mandos
tomen cartas en el asunto, deben considerar antes del uso de la fuerza,
sobre todo, lo que les hace mucho ruido, de armas letales”.
Contrario a esta postura ‘oficial’, en entrevista con Radiofórmula
, José Antonio Lara Duque, abogado y coordinador general del Centro de
Derechos Humanos Zeferino Ladrillero (CDHZL), señaló que con esta
ley, ”Se legaliza el uso de armas de fuego en contra de ciudadanos,
concretamente se explicita que los policías, tanto estatal como
municipales pueden hacer uso legítimo y legal de armas de fuego, con
simple y sencillamente el argumento que el policía considere que es
ilegal… el prejuicio por delante puede costarle la vida a decenas y
centenas de personas que se vean en la necesidad de manifestar una
inconformidad” y acusó que lo peor de todo, es que los abusos de
autoridad “no van a ser responsabilidad ni de presidentes municipales,
ni del gobernador, el responsable va a ser el mando inmediato encargado
del operativo, lo cual simple y sencillamente se debe entender como una
protección de impunidad para cualquier funcionario público que dé una
orden de represión de alto impacto, que cueste vidas incluso, pero los
funcionarios, reitero, alcaldes y gobernador, estarían exentos de toda
responsabilidad”.
Morena, único partido que votó contra esta ley, también ha anunciado
que seguirá luchando para detenerla, pues atenta contra los derechos
humanos. Además, que será rebautizada como ‘Ley Eruviel’, porque, según
la CDHZL, llamándola ‘Atenco’ daba a entender que ese municipio la
impulsó.
Como lo ha informado Revolución TRESPUNTOCERO, entre
otras cosas, esta ley permitirá el uso de esposas rígidas,
semirrígidas, de eslabones, candados de pulgares y cinturones plásticos;
y de armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente,
así como dispositivos de descargas eléctricas, inmovilizadores o
candados de mano, sustancias irritantes en aerosol, y equipo
autoprotector, entre ellos escudos, cascos, chalecos y medios de
transporte a prueba de balas. Por su parte, el artículo 15 establece
que “cuando en la petición o protesta que se haga ante la autoridad, se
expresen amenazas para intimidarlas u obligarlas a resolver en el
sentido que desean.
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