John M. Ackerman
La Jornada
Los habitantes de la
Ciudad de México no tenemos para qué seguir aguantando el mal gobierno
de Miguel Ángel Mancera. El próximo 5 de junio tendremos una oportunidad
de oro para mandar el actual jefe de Gobierno a su casa y
simultáneamente transformar radicalmente tanto la forma como el fondo en
que se ejerce el poder en la capital del país. Pocas veces en la
historia se presentan coyunturas tan propicias para la transformación
política e institucional. No la dejemos escapar.
En la próxima elección de diputados a la asamblea constituyente de la
Ciudad de México se pone en juego el futuro no solamente de la ciudad
sino de la política nacional en su conjunto. ¿Los mexicanos estamos
conformes con la destrucción del país encabezada por el PRIANRD o
todavía nos queda algo de dignidad republicana y esperanza democrática?
¿Los capitalinos nos damos por vencidos frente a la represión, la
arbitrariedad, la privatización, la corrupción, el entreguismo y la
destrucción ambiental promovidas por Mancera o estamos dispuestos a
levantar la voz para defender nuestro derecho a una vida digna?
Mancera y Enrique Peña Nieto han diseñado la asamblea constituyente
para anular su contenido democrático y para garantizar el control
absoluto de los políticos de siempre sobre la redacción de la nueva
carta magna. Como ya se sabe, los partidos del Pacto por México
nombrarán directamente a 40 de los 100 representantes. Asimismo, debido a
la intervención facciosa del Instituto Nacional Electoral, el
financiamiento electoral que recibirán el Partido Revolucionario
Institucional y sus aliados del Partido
Verdey el Partido Nueva Alianza rebasará por mucho la mínima presencia electoral que estos institutos políticos tienen en la ciudad.
Pero aun en esas circunstancias adversas, con nuestra participación
masiva este próximo 5 de junio los ciudadanos podemos poner un alto a la
mafia del poder. Específicamente, un respaldo contundente al nuevo
partido ciudadano, Morena, podría detener el saqueo neoliberal e iniciar
la emancipación de todos los capitalinos del yugo de la corrupción
estructural.
Una tarea urgente, por ejemplo, sería incorporar la figura de la
revocación de mandato para el jefe de Gobierno y aplicarla
inmediatamente a Mancera. Así acabaremos de manera inmediata con la
penuria que vivimos todos los días en la ciudad. Mancera cuenta con una
tasa de aprobación ciudadana aún menor que Peña Nieto. Con sus
traiciones, el actual jefe de Gobierno ha perdido la confianza de los
habitantes de la ciudad. Ha llegado la hora de demostrarle a la clase
política quién realmente manda en la capital.
Otra propuesta ciudadana, que ya ha sido retomada por Morena,
sería dejar asentada la prioridad absoluta del interés público y
ambiental sobre los intereses particulares y privados en la capital.
Desde el mismo texto constitucional habría que prohibir la privatización
de los servicios públicos, la especulación inmobiliaria y las
asociaciones público-privadas. También habría que dotarle de
instrumentos jurídicos efectivos para aumentar la recaudación fiscal,
controlar la contaminación, acabar con la corrupción, multiplicar los
espacios públicos y garantizar el derecho a la salud, la educación, la
vivienda, el trabajo, la cultura y una vida digna a todos y cada uno de
los habitantes de la capital.
Una constitución transformadora también incluiría un compromiso claro
con los indígenas, las mujeres, los jóvenes y la libertad de expresión.
Habría que hacer realidad los acuerdos de San Andrés para los pueblos
indígenas de la Ciudad de México, garantizar la estricta equidad de
género en todos los ámbitos de la ciudad, multiplicar los servicios y
apoyos para los jóvenes, asegurar el acceso gratuito a Internet para
todos, y crear una multitud de nuevas iniciativas informativas y
periodísticas.
Una constitución realmente ciudadana no solamente incluiría un
listado de derechos humanos, sino que también obligaría al gobierno a
hacerlos realidad. Habría que cambiar radicalmente la forma de
nombramiento de los integrantes del Poder Judicial local, someter a los
jueces y magistrados a una estricta vigilancia ciudadana, así como crear
nuevas figuras jurídicas que permitan a los ciudadanos demandar al
gobierno si no cumple con sus responsabilidades constitucionales.
En los últimos años, y particularmente a partir de las movilizaciones
en apoyo a los estudiantes de Ayotzinapa, ha quedado claro a cada vez
más personas que el responsable de nuestra desgracia
es el Estado. Hoy se presenta una gran oportunidad para despedirnos de aquel Estado oligárquico y corrupto que reprime y desaparece a estudiantes, para dar paso a un nuevo Estado comprometido con la paz, la justicia, la participación y la democracia. Pasemos de la indignación a la acción.
Twitter: @JohnMAckerman
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