CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En una especie de concurso nefasto para
saber qué gobernador-precandidato tendrá más mano dura para reprimir las
expresiones de irritación y descontento social, el mandatario del
Estado de México, Eruviel Ávila, decidió rebasar por la derecha la
derogada #LeyBala de Rafael Moreno Valle en Puebla y crear su propia
reforma a la Ley que Regula el Uso de la Fuerza Pública, bautizada ya en
las redes sociales como #LeyAtenco.
Con el voto a favor de las bancadas de PRI, del Verde, del PAN y del
PRD en el Congreso mexiquense –los legisladores de Morena votaron en
contra– se aprobó el 19 de marzo una iniciativa enviada por Eruviel
Ávila para facultar el uso de “armas letales” a los agentes policiacos
en casos “estrictamente inevitables”.
La modificación al artículo 8 de este ordenamiento señala:
“Cuando sea estrictamente inevitable para proteger la vida de las
personas y la del elemento, éstos podrán hacer uso intencional de armas
letales. Sólo se emplearán armas de fuego en defensa propia o de
terceros, en casos de peligro inminente de muerte, lesiones graves o con
el propósito de evitar la comisión de un delito particularmente grave
que entrañe una seria amenaza para la vida o con el objeto de detener a
una persona que represente ese peligro y oponga resistencia a su
autoridad o por impedir su fuga, así como en el caso de resultar
insuficientes las medidas menos extremas para lograr dichos objetivos”.
La modificación deja al libre arbitrio de los propios agentes policiacos o de la autoridad definir qué es peligro inminente de muerte, la comisión de un delito particularmente grave o determinar cuándo, cómo y ante quiénes son insuficientes las medidas menos extremas.
Toda esta parrafada ambigua se relaciona con otro artículo que
autoriza a los agentes policiacos estatales a usar la fuerza pública en
asambleas, reuniones o manifestaciones que se realicen en lugares
públicos.
Algo muy similar a la represión que ejerció el gobierno de Enrique
Peña Nieto en mayo de 2006 en San Salvador Atenco y que fue presumida
por el actual presidente en aquel “viernes negro” de su visita a la
Universidad Iberoamericana, en mayo de 2012. Ahora, su sucesor Eruviel
Ávila va más allá y legaliza ese uso excesivo de la fuerza.
La misma iniciativa permite también el uso de esposas rígidas,
semirrígidas, candados de pulgares y cinturones plásticos, así como
armas intermedias como el bastón PR-24, tolete o su equivalente. También
avala el uso de descargas eléctricas, inmovilizadores, sustancias
irritantes en aerosol, equipo autoprotector, como cascos, chalecos y
medios de transporte a prueba de bala para los agentes antimotines.
Todo el catálogo de la ley se constriñe a atacar las manifestaciones sociales y no las causas, la auténtica criminalidad y
la falta de un sistema de justicia que ha provocado en los últimos años
una gran irritación social en el Estado de México. Mucho menos se
propone frenar la ola de secuestros, robos, feminicidios, abusos
sexuales y narcotráfico que se han disparado en los municipios
conurbados a la Ciudad de México.
Una vez más, la formación conservadora de los gobernantes del Estado
de México aflora: les preocupan más las expresiones, marchas, asambleas y
mítines de protesta social que los hechos criminales que no se expresan
en plazas públicas ni en consignas antigubernamentales, sino en delitos
amparados en la impunidad y en la ola de corrupción que asfixia a los
municipios mexiquenses, especialmente Ecatepec, “bendecido” por el Papa
Francisco y epicentro del poder de Eruviel Ávila. En Ecatepec se han
incrementado las protestas por la falta de agua. Imaginemos la
#LeyAtenco aplicada para frenar cualquier expresión de irritación
social.
En el reino de las formas, la única que se conoce en el Estado de México es la forma de la mano dura con los disidentes o los descontentos y la forma de la mano oculta con los criminales. Esa es la verdadera crisis que atraviesa a la entidad más poblada del país.
El lunes 28 de marzo, el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra
(FPDT), de Atenco, encabezó una reunión con decenas de otras
organizaciones sociales, como la Administración Autónoma del Agua
Potable de Coyotepec, Alianza Única del Valle, de Apaxco, así como
Comunidades de Pueblos Unidos en Defensa de la Energía Eléctrica, entre
otros, para derogar la #LeyAtenco, que ellos rebautizaron como
#LeyEruviel. Anunciaron movilizaciones para los próximos 3 y 4 de mayo,
bajo la denominación #MayoRojo o #MayoenFuego.
Ese mismo día, el secretario general de Gobierno mexiquense, José
Manzur Quiroga, así como el presidente del Congreso estatal, Cruz
Juvenal Roa Sánchez, afirmaron que las protestas y críticas contra la
#LeyAtenco son resultados del “golpeteo político” y tuvieron la
ocurrencia de señalar que responden a las recomendaciones de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
La presurosa y “autónoma” Comisión de Derechos Humanos del Estado de
México anunció que dará su opinión ante la #LeyAtenco en 15 días.
Seguramente necesitan deliberar mucho para determinar si es violatoria o
no a las garantías individuales y, en especial, a la propia
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Astuto como suele ser cuando se ve acorralado por las críticas en los
medios de comunicación, Eruviel Ávila afirmó este martes 29 que le
pedirá a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) el visto bueno a
la #LeyAtenco y, “si fuera el caso, hay voluntad para ajustarla”.
El mandatario priista dijo “ajustarla”, no derogarla o desecharla.
Eruviel Ávila sueña con presentarse como el candidato de la “mano
dura eficaz” para las elecciones presidenciales del 2018. Cuenta con el
apoyo del sector más conservador de la Iglesia católica, gracias al
padrinazgo de personajes como Onésimo Cepeda, y de grupos empresariales
que creen que se necesita mayor violencia policiaca contra los
manifestantes.
En el delirio por presentarse como un gobernante eficaz, el priista puede acabar peor que Rafael Moreno Valle y su #LeyBala.
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