Sesión de la Suprema Corte. Foto: Benjamín Flores
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de la Pascua, la Suprema Corte
tendrá que votar un proyecto ya circulado y en el cual se desecha el
recurso para eliminar a los diputados biónicos a la Asamblea
Constituyente de la Ciudad de México, es decir los 40 que se nombrarían
por parte de los poderes (Presidencia, Jefatura de Gobierno y Congreso)
en lugar de la ciudadanía.
Los ministros y ministras están en el filo de la navaja. Si negaran
la entrada del recurso que alega inconstitucionalidad, estarían
admitiendo que el Congreso puede violar la Carta Magna sin que la
Suprema Corte pueda hacer algo para impedirlo. Así está el problema.
Los negociadores en el Congreso decidieron adulterar la
representación popular a través de un transitorio del decreto de
reformas constitucionales, igual que como se adultera la leche o los
licores, agregando un elemento por completo diferente y hostil al
contenido original de la bebida. Los diputados nombrados de dedo por
parte de los poderosos corresponden a las dictaduras, pero ni siquiera a
todas sino a las más cínicas.
En México, aun en los peores momentos del partido absoluto y, antes,
del presidencialismo dictatorial de Porfirio Díaz, el poder nunca se
atrevió a nombrar “representantes populares”. Pinochet fue legislador biónico como herencia de sí mismo y como símbolo de la transición mediatizada.
Ahora que, se dice, hemos logrado el ingreso a la democracia, el
poder se arroga la suprema facultad de representarse a sí mismo ante una
asamblea nueva que tiene la misión de redactar una carta fundamental.
Pues bien, la Suprema Corte no quiere pronunciarse directamente al
respecto pero lo hará indirectamente, lo cual agrava su lamentable
situación. Si los ministros y ministras rechazan analizar el punto con
pretextos formales, entonces estarán convalidando un atropello histórico
a la República pero también a la misma Suprema Corte.
Introducir normas claramente inconstitucionales en transitorios de
decretos con los cuales se reforma la Carta Magna tiene el propósito,
entre otros, de impedir que la Suprema Corte pueda pronunciarse sobre
dichas normas, es una manera de dar un golpe al control de
constitucionalidad en México.
Si la Corte huye, no pasará mucho tiempo en que le repitan la receta
con cualquier pretexto, pues para entonces los ministros y ministras ya
habrán dicho que los transitorios de tales decretos no son recurribles.
En otras palabras, se habrá admitido que los transitorios son
Constitución, lo cual equivale a decir que los derechos son transitorios
o que las normas de aplicación transitoria de las reformas de la Carta
Magna forman parte de la misma.
Está muy claro que los dichosos transitorios son normas ordinarias o
reglamentarias sin importar que hubieran acompañado al decreto de
reformas constitucionales y que por ello y sólo por ello los congresos
locales las hubieran aprobado.
Si la Corte no admite siquiera a análisis la acción de
inconstitucionalidad presentada, se hundirá como principal eslabón del
control de constitucionalidad. Si dice sí se estaría enfrentando, con
inaudita dignidad, a los otros poderes.
Las posición dominante que hasta hoy se advierte en la Corte es huir
mediante formulismos, pretextos de formalidad, descalificación de
agravios presentados por los quejosos en lugar de suplir deficiencias,
enredos de definiciones, citas de criterios anteriores aplicadas fuera
de contexto, etcétera.
Pero no hay huida válida. Los ministros y ministras saben de cierto que los diputados y diputadas biónicas son groseramente inconstitucionales.
Dejar pasar algo así es al menos complicidad, la cual es grave para
un tribunal cualquiera, mucho más para uno de rango tan elevado en un
país que se alcanza a ver desde el mundo.
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