TEPJF condena el caso y llama al Senado a tomar acciones
La magistrada del Tribunal Electoral de San Luis Potosí (SLP), Yolanda
Pedroza Reyes, fue víctima de violencia política por parte de sus pares
magistrados, al asegurarle sus oficinas e impedirle el acceso a
información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio de su
función.
En la sesión de este miércoles, por primera vez, la Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) analizó
un caso de violencia política de género, al revisar el juicio ciudadano
4370/2015 promovido por la magistrada Pedroza Reyes, y concluir que,
efectivamente, fue víctima de violencia laboral y discriminación.
A unas semanas de que la Sala Superior del TEPJF publicara el Protocolo para Atender la Violencia Política contra las Mujeres,
que realizó en coordinación con organismos electorales y dependencias
federales, ayer el organismo determinó dar vista al Senado y a la
Contraloría Interna del Tribunal de SLP, para que revisen este caso de
violencia, acoso, discriminación e inequidad política.
En octubre de 2014, el Senado designó a Yolanda Pedroza Reyes como
magistrada del Tribunal Electoral de SLP por un periodo de tres años, y
como magistrados a Oskar Kalixto Sánchez, por un periodo de cinco años, y
a Rigoberto Garza de Lira, por siete años.
A decir de la magistrada, sus dos compañeros la violentaron y el año
pasado le impidieron ser presidenta del órgano jurisdiccional.
En su denuncia, Yolanda Pedroza denunció la falta o retraso de
convocatoria a sesiones, el ocultamiento de información, supuestos bonos
por productividad a sus compañeros que ella no recibe, y la revisión de
su computadora sin su consentimiento, entre otros actos.
Según la resolución del TEPJF, Rigoberto Garza de Lira, presidente del
Tribunal Electoral de SLP, debe permitir a la magistrada el acceso a
toda la información y documentación necesaria para el adecuado ejercicio
de sus funciones.
Además resolvió que se deberá eliminar cualquier barrera que impida el adecuado ejercicio de su función como magistrada.
En la sesión del TEPJF, el magistrado Pedro Esteban Penagos López
consideró como “delicado” que ese tipo de actos sean perpetrados por los
propios juzgadores. Recordó que es responsabilidad de quienes integran
los órganos colegiados buscar “el entendimiento, la cordialidad y las
vías de comunicación como mecanismos de solución de las controversias
entre integrantes”.
“Además, se advierten las actas levantadas por agentes del Ministerio
Público, a petición del presidente del Tribunal Electoral local para
colocar sellos en las oficinas de la magistrada, y el aseguramiento de
las instalaciones para la práctica de periciales a los equipos de
cómputo”, expuso.
Penagos López mencionó que en ese conjunto de actos se puede apreciar la
intención de menoscabar y obstaculizar el encargo que desempeña la
magistrada Pedroza Reyes, quien además es la única mujer que integra el
órgano colegiado.
Por su parte, la magistrada María del Carmen Alanís Figueroa dijo que se
acreditó la violencia política, acoso y discriminación contra Yolanda
Pedroza, ya que los otros dos integrantes e incluso el secretario
general de Acuerdos incurrieron en las tres vertientes de acoso laboral
previstas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
Alanís Figueroa señaló que, de acuerdo con el Protocolo para Atender la
Violencia Política contra las Mujeres, se incurrió en acciones y
omisiones que, basadas en elementos de género y en el ejercicio de
derechos político-electorales, menoscabaron o anularon el
reconocimiento, goce y/o ejercicio de los derechos políticos o de las
prerrogativas inherentes a un cargo público.
El magistrado del TEPJF Flavio Galván Rivera indicó que las diferencias
entre los integrantes de un cuerpo colegiado no se pueden traducir en
falta de respeto, menos en atentado a la libertad, integridad física y
moral, y agregó que los códigos de ética son vinculantes y su desacato
tiene consecuencias, con independencia de la conducta posiblemente
tipificada en el Código Penal.
Galván Rivera explicó que no pueden existir conductas como estas que
incluso pueden ser delitos o actos de responsabilidades administrativas,
por eso estuvo a favor de dar vista al Senado para que revise la
resolución y en su caso tome acciones administrativas.
En tanto, el magistrado Manuel González Oropeza señaló que si en los
tribunales estatales hay actos de acoso, ello significa que la justicia
electoral en México no se desarrolla. “Creo que el Senado, con esa
altura de miras, puede a través de una investigación proponer las
mejoras al sistema de justicia electoral local”, observó.
Para el magistrado Salvador Nava Gomar es grave este asunto y expresó:
“Me avergüenza y me pesa. Ojalá que el Senado tome cartas en el asunto,
pues qué garantía puede dar quien no honra a sus pares”.
El magistrado presidente del TEPJF, Constancio Carrasco Daza, refirió
que para que la tutela judicial sea efectiva en un sistema democrático,
se debe juzgar con perspectiva de género, así que por ahora el caso fue
enviado al Senado y a la Contraloría Interna del Tribunal de SLP.
Especial Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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