Activistas por los derechos de las mujeres se manifestaron frente a los
juzgados de este centro turístico, en el estado de Quintana Roo (QR),
para defender a Reyna Gómez Solórzano, condenada a 25 años de prisión
por el homicidio de su pareja, quien la sometió durante mucho tiempo a
diversas formas de violencia.
La semana pasada, un juez dictó sentencia contra Gómez Solórzano por haber herido de muerte a su pareja sentimental y principal agresor, quien además –según los testimonios– padecía alcoholismo y consumía drogas.
Reyna Gómez Solórzano, de 60 años de edad y madre de dos hijos, está presa desde hace ocho meses en una cárcel de Chetumal, capital de QR.
El 5 de julio de 2015 su pareja la golpeó como en muchas otras ocasiones. Pero esa vez Reyna tomó un cuchillo para defenderse y lo encajó en el cuerpo de su agresor. Llamó a una ambulancia para que recibiera atención médica, pero los paramédicos tardaron media hora en llegar. El sujeto falleció por la lesión y ella fue encarcelada.
“Esta mujer se defendió con un cuchillo y sucede la tragedia. Ella llama a la policía y a una ambulancia, que se tardó media hora en llegar; está presa desde hace ocho meses”, reclamó Virginia Betanzos, de la Red Peninsular de Mujeres.
En la manifestación frente a los juzgados, las activistas denunciaron que elementos de la Procuraduría de Justicia de QR presuntamente torturaron a Reyna para que se declarara culpable.
Ante los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Procuraduría de Justicia “por trato cruel y degradante, detención arbitraria e incomunicación” cometidos contra la mujer.
Y es que durante el juicio contra Gómez Solórzano, sus vecinos y empleadores rindieron testimonios sobre el ciclo de violencia sistemática al que la mujer era sometida por su compañero.
Pero ni el Ministerio Público ni el juez contemplaron como atenuante que Reyna actuó en defensa propia, ni los antecedentes de violencia a los que fue sometida por su agresor.
La abogada que lleva su caso interpuso ya un recurso de apelación en Chetumal, en un intento por reducir la condena de 25 años de prisión.
DESCONTENTO
Las activistas acudieron este miércoles a los juzgados en Cancún para dar a conocer el caso de Reyna, visibilizarlo y exigir que sea revisado, pues aseguraron que se violentó el debido proceso.
Betanzos recordó que como parte de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este organismo solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) su intervención para defender legalmente a Reyna.
“Viene Lorena Cruz (presidenta del Inmujeres) a Chetumal, le entregan los documentos, se los lleva y no hace nada. La semana pasada, tras ocho meses, le dictan sentencia a Reyna y se vuelve a pedir el apoyo al Inmujeres para los gastos de transportación de la gente del Observatorio de Campeche que está viendo su defensa y tampoco hay respuesta. Las compañeras, como pudieron, están ahorita en Chetumal haciendo el documento de apelación. Y nosotras tratamos de visibilizar el caso porque no es justo”, dijo.
“Reyna es una más de las cientos de mujeres que están en el país sufriendo la misma situación”, manifestó Betanzos. “Es víctima de violencia y es víctima del sistema porque no le dan la asistencia legal adecuada, ni en su caso se aplica el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género, que mandata la Suprema Corte de Justicia”, agregó.
Por su edad, Reyna podría haber purgado una condena domiciliaria, observó la activista. Contó que además de estar en la cárcel, la mujer debe reunir 800 pesos a la semana para evitar ser golpeada por otras internas.
“Es un caso terrible e inconcebible que cuando una mujer se defiende para evitar que la maten, le caiga todo el peso de la ley. Es absurdo, incongruente e inhumano”, sostuvo.
La semana pasada, un juez dictó sentencia contra Gómez Solórzano por haber herido de muerte a su pareja sentimental y principal agresor, quien además –según los testimonios– padecía alcoholismo y consumía drogas.
Reyna Gómez Solórzano, de 60 años de edad y madre de dos hijos, está presa desde hace ocho meses en una cárcel de Chetumal, capital de QR.
El 5 de julio de 2015 su pareja la golpeó como en muchas otras ocasiones. Pero esa vez Reyna tomó un cuchillo para defenderse y lo encajó en el cuerpo de su agresor. Llamó a una ambulancia para que recibiera atención médica, pero los paramédicos tardaron media hora en llegar. El sujeto falleció por la lesión y ella fue encarcelada.
“Esta mujer se defendió con un cuchillo y sucede la tragedia. Ella llama a la policía y a una ambulancia, que se tardó media hora en llegar; está presa desde hace ocho meses”, reclamó Virginia Betanzos, de la Red Peninsular de Mujeres.
En la manifestación frente a los juzgados, las activistas denunciaron que elementos de la Procuraduría de Justicia de QR presuntamente torturaron a Reyna para que se declarara culpable.
Ante los hechos, la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió una recomendación a la Procuraduría de Justicia “por trato cruel y degradante, detención arbitraria e incomunicación” cometidos contra la mujer.
Y es que durante el juicio contra Gómez Solórzano, sus vecinos y empleadores rindieron testimonios sobre el ciclo de violencia sistemática al que la mujer era sometida por su compañero.
Pero ni el Ministerio Público ni el juez contemplaron como atenuante que Reyna actuó en defensa propia, ni los antecedentes de violencia a los que fue sometida por su agresor.
La abogada que lleva su caso interpuso ya un recurso de apelación en Chetumal, en un intento por reducir la condena de 25 años de prisión.
DESCONTENTO
Las activistas acudieron este miércoles a los juzgados en Cancún para dar a conocer el caso de Reyna, visibilizarlo y exigir que sea revisado, pues aseguraron que se violentó el debido proceso.
Betanzos recordó que como parte de la recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, este organismo solicitó al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres) su intervención para defender legalmente a Reyna.
“Viene Lorena Cruz (presidenta del Inmujeres) a Chetumal, le entregan los documentos, se los lleva y no hace nada. La semana pasada, tras ocho meses, le dictan sentencia a Reyna y se vuelve a pedir el apoyo al Inmujeres para los gastos de transportación de la gente del Observatorio de Campeche que está viendo su defensa y tampoco hay respuesta. Las compañeras, como pudieron, están ahorita en Chetumal haciendo el documento de apelación. Y nosotras tratamos de visibilizar el caso porque no es justo”, dijo.
“Reyna es una más de las cientos de mujeres que están en el país sufriendo la misma situación”, manifestó Betanzos. “Es víctima de violencia y es víctima del sistema porque no le dan la asistencia legal adecuada, ni en su caso se aplica el Protocolo de Investigación con Perspectiva de Género, que mandata la Suprema Corte de Justicia”, agregó.
Por su edad, Reyna podría haber purgado una condena domiciliaria, observó la activista. Contó que además de estar en la cárcel, la mujer debe reunir 800 pesos a la semana para evitar ser golpeada por otras internas.
“Es un caso terrible e inconcebible que cuando una mujer se defiende para evitar que la maten, le caiga todo el peso de la ley. Es absurdo, incongruente e inhumano”, sostuvo.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Andrea Franco, corresponsal
Cimacnoticias | Cancún, QR.- 
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