Utopía
Eduardo Ibarra Aguirre
Richard
Milhous Nixon proclamó el 17 de junio de 1971 “la guerra contra las
drogas” con un mensaje desde la Casa Blanca y frases para el bronce, de
las que rescato: “(…) el enemigo público número uno de Estados Unidos es
el abuso de las drogas. Para poder luchar y derrotar este enemigo es
necesario llevar a cabo una ofensiva nueva y plena. Ésta será una
ofensiva a escala mundial abordando los problemas con las fuentes de
oferta, como también con estadunidenses desplegados en el extranjero
(…)” Cualquier semejanza con la belicosidad de Felipe Calderón y su
grupo gobernante durante 2006-12, por supuesto que no es fortuita.
Tampoco lo es con la que hoy se despliega con soldados y marinos en las
calles, cumpliendo tareas policiacas y del Ministerio Público.
“Enemigo
público número uno” de USA y también del mundo, cuando menos de la
parte hegemonizada con la visión imperialista que aún predomina en la
Casa Blanca, con independencia de la plausible retórica utilizada por
Barack Obama en su visita a La Habana.
Casi
45 años después, políticos comprometidos hasta la médula con la
estrategia guerrerista de Calderón Hinojosa, como es el caso del
presidente del Senado Roberto Gil, rompe con los dogmas del padrino que
lo encumbró y jura lo que es del dominio público: “el enfoque prohibicionista no ha funcionado, ha sido un rotundo fracaso y ha tenido costos sociales”.
Costos
gigantescos, legislador. Las políticas de su jefe y amigo no incidieron
en una reducción del consumo de estupefacientes en EU y lo disparó en
México; produjo cientos de miles de muertos, heridos y desaparecidos;
también más de un millón de desplazados en regiones bajo control del
crimen organizado; las instituciones están minadas en su integridad;
destrozado el tejido social en Tamaulipas, Michoacán y Guerrero por lo
menos; generó una crisis gravísima de los derechos humanos; la
corrupción se disparó a escalas impensables y erosionó la confianza de
la sociedad en los procesos políticos, las autoridades y hasta en el
país.
Cínicos
como insisten ser los calderonistas que pujan para volver a Los Pinos
con Margarita Zavala, Gil Zuarth asegura que si la Organización de las
Naciones Unidas “pone fin a esa guerra –durante la sesión UNGASS 2016, a
celebrarse del 19 al 21 de abril en Nueva York–, México tiene que hacer
lo conducente”. Para el senador la Casa Blanca y la ONU son la misma
institución. Así lo demostraron cuando el genocida de Afganistán e Iraq,
George W. Bush, impuso a Calderón la estrategia anticrimen con la que
éste buscó legitimarse como presidente sin lograrlo.
Subordinadas
como están las autoridades a las estrategias de Washington, e incluso
rezagadas con respecto a la liberalización de la mariguana con fines
medicinales y/o recreativos en la mitad de los estados de la Unión
Americana, resulta que el gobierno de Enrique Peña Nieto acudirá a la
sesión especial a postular “hacer frente al problema mundial de las
drogas generando políticas públicas en favor del desarrollo
socioeconómico, la salud pública y los derechos humanos”; considerar el
consumo de las drogas como “problema de salud pública” (subprocurador
José Alberto Rodríguez); así como abogar por combatir el problema de la
drogadicción “por medio de una política integral basada en la salud
pública y no sólo con medidas punitivas” (Miguel Ruiz Cabañas).
Excelentes
propósitos. Sólo falta el trabajo gubernamental que los avale, pues
durante 45 años la subordinación mexicana a los dictados del imperio en
materia de narcóticos fue casi la constante.
Acuse de recibo
“Respecto
del tema de los empresarios corruptos que bien tratas, en el
Diccionario de la Lengua Española, ex DRAE, consta la palabra ‘cohecho’
que significa ‘Delito consistente en sobornar a un juez o a un funcionario en el ejercicio de sus funciones, o en la aceptación del soborno por parte de aquellos’.
Igualmente en el Título Décimo, Capítulo X, artículo 222, del Código
Penal Federal se señala que cometen delito de cohecho el servidor
público que reciba cualquier dádiva y el que de manera espontánea dé u
ofrezca dinero o cualquier otra dádiva al servidor público. El delito
pues, existe, pero no sabemos cuántos castigados por el mismo hay. O más
bien sí sabemos, ninguno. Igual que en el tema del 3 x 3, las leyes ya
señalan obligaciones de transparencia para los funcionarios públicos.
¿Es necesaria una nueva ley para que se cumpla otra? ¿Y qué hay de la
obligación de incluir en la declaración de bienes los de la esposa?
¿Dónde consta la famosa ‘casa blanca’ en la declaración del presidente
Enrique Peña Nieto?” La opinión es del consultor César Rojas Belaunde
sobre La corrupción es pública y privada (21-III-16)… Del maestro Rodrigo Coronel: “Con
mucha alegría y responsabilidad, te comparto que seremos vecinos de
columna en SDP Noticias. Tu vecindad me obliga a la precisión, claridad y
calidad de mis columnas. Por lo demás, un abrazo admirado por tu tenaz y
puntual Utopía”.
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