En medio de la crisis de refugiados originarios de Centroamérica que atraviesa la región y del recorte de la ayuda al desarrollo que ordenó el presidente Donald Trump, una reunión a puerta cerrada en instalaciones militares –con el sector privado, pero sin representantes de la sociedad civil– representa una “señal nada alentadora” para Madeleine Penman, investigadora en Amnistía Internacional (AI).
“Es un hermetismo grave, parece ser más importante hablar con instituciones de seguridad e iniciativa privada que dialogar ante un foro transparente y público”, estima la activista en entrevista con Apro, al añadir: “Nos da una señal muy clara de que los problemas de Centroamérica se ven desde la perspectiva de seguridad nacional, no de derechos humanos”.
Y abunda: “Una frontera con más presencia militar no nos da mucha esperanza, el Plan Frontera Sur ha sido relacionado con un aumento de las violaciones a los derechos humanos en México”.
Penman participó en la elaboración de un informe de AI publicado hoy, que critica políticas de “mano dura” contra la migración –las cuales violan tanto los derechos humanos de los migrantes como el derecho internacional–, que adoptaron los gobiernos de Estados Unidos y México ante la llegada de los refugiados centroamericanos.
Ahora que los gobiernos de México y Estados Unidos están negociando una gran cantidad de temas –el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre otros–, Penman espera que el gobierno de Enrique Peña Nieto no colocará la migración proveniente de Centroamérica en la balanza.
“Debemos preguntarnos: ¿Las vidas de las personas y sus derechos humanos también van a ser ficha de negociación en estas mesas? Desde AI esperamos que no, que el derecho internacional siempre rija”, dice, e inmediatamente suspira: “Desafortunadamente hay muchas fichas y muchas mesas”.
Doble moral
Y si bien hoy se abordaron temas de desarrollo, economía e inversiones para la región, el gobierno de Estados Unidos aclaró, en su cuenta de Twitter, que el primer objetivo de la reunión consiste en “asegurar nuestras fronteras, luchando contra el tráfico de drogas y la migración ilegal”, y el segundo en “proteger a ciudadanos de Estados Unidos, desmantelando organizaciones criminales transnacionales”.
Las supuestas intenciones del gobierno estadunidense de mejorar la situación en la región quedan desmentidas por el recorte de 614 millones de dólares a la ayuda para el desarrollo de México, Honduras, Guatemala y El Salvador que pidió Trump para el presupuesto de 2018. Este recorte representa 45% de la ayuda aprobada durante el último año de Barack Obama.
Según Penman, el planteamiento de la reunión es “justo lo contrario de lo que se requiere ahora”, pues insiste en que se necesitan atacar las raíces de la violencia en los países de Centroamérica –entre ellas la desigualdad extrema– y revisar las políticas de deportación de Estados Unidos “que fomentaron el crecimiento de las maras”.
Sin embargo, deplora que en lugar de aportar ayuda humanitaria a los refugiados que huyen de la violencia –se estima que la mitad de los 400 mil centroamericanos que atraviesan México cada año podrían aplicar para la protección internacional–, el gobierno mexicano decidió asumir el papel de “portero” de Estados Unidos.
Igual considera que el gobierno mexicano “tiene doble moral”, ya que mientras expresa sus lamentos, inquietudes e indignación por el trato de sus connacionales en Estados Unidos, a la par implementa políticas muy parecidas en su frontera sur.
“Está desempeñando un rol de deportador de decenas de miles de centroamericanos a sus países de origen, donde enfrentan condiciones de desprotección y peligro extremo”, deplora.

“Arreglar Centroamérica”

La activista también observa con preocupación que el exgeneral John Kelly, el titular del Departamento de Seguridad Interna (DHS, por sus siglas en inglés), sea uno de los actores clave de la conferencia, que inició hoy en la Universidad de Florida y se trasladará mañana al cuartel castrense.

Kelly, quien dirigió el Comando Sur entre 2012 y 2016 –posteriormente se sumó a la campaña de Trump–, es el encargado de implementar las políticas antimigrantes que ordenó el magnate desde su llegada al poder.
“El papel de Kelly es patrullar las fronteras”, subraya Penman. “Es preocupante que un secretario como él, que tiene como prioridad endurecer un sistema ya inhumano, sea el encargado de ver cómo resolver causas raíces en la región”.
El lunes pasado, Kelly expuso de manera clara sus intenciones respecto de la conferencia: en entrevista con el Miami Herald, indicó que se trataría de “arreglar Centroamérica”.
Desde el pasado mes de mayo, organizaciones de México y Guatemala multiplican los gritos de alarma ante el supuesto plan del Comando Sur estadunidense de implementar una base militar en el departamento de El Petén, en Guatemala. Los militares estadunidenses operarían a lo largo de la frontera –ya sea por vía terrestre, marítima y aérea– con la colaboración de militares mexicanos y guatemaltecos.
Proceso reportó esta semana que la instalación de esta base fue acordada durante la Conferencia de Seguridad de Centroamérica (Centsec) que se llevó a cabo en Cozumel, Quintana Roo, el pasado 25 de abril, y en la que participaron representantes de México, Estados Unidos, Belice, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Panamá.
Por parte de México asistieron el general Salvador Cienfuegos y el almirante Vidal Francisco Soberón Sanz, respectivos titulares de las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena) y de la Marina (Semar).