Organizaciones
de la sociedad civil que participaron en el Grupo de Trabajo sobre
Empresas y Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas
(ONU) exigen a la administración de Enrique Peña cumplir con las
recomendaciones hechas por el organismo internacional el pasado 8 de
junio y a privilegiar los derechos humanos y sociales en vez de los
intereses privados.
Previo a la presentación del Informe final
del Grupo de Trabajo, el Estado mexicano declaró en Ginebra que trabaja
para garantizar el derecho a la consulta de los pueblos afectados por
megaproyectos de empresas tanto estatales como privadas. Declaración
que las organizaciones desmienten.
“Desde [la] sociedad civil recordamos
que, en el caso de los apicultores mayas en contra de la soya
genéticamente modificada de Monsanto, las comunidades han denunciado:
‘Lejos de que la ley nos ayude con la consulta está sirviendo para
violar nuestros derechos. En cada una de las seis sesiones de la
consulta ésta es en un ambiente de confrontación’”.
A 4 días de presentadas las conclusiones
del Grupo de Trabajo de la ONU, las organizaciones destacan la
construcción del Acueducto Independencia, en Sonora, que despojó del
recurso vital del agua a la comunidad indígena Yaqui. En este caso, “las
consultas no fueron previas, sino el resultado de una sentencia de la
Suprema Corte y éstas se dieron en un ambiente de criminalización”.
Por ello, recuerdan que el Grupo de
Trabajo de la ONU exige que se respete el derecho a la consulta previa,
libre, informada y culturalmente adecuada. Pues durante los trabajos,
los representantes de la ONU constataron “la ausencia de diálogo con las
comunidades, en la tradición y en la práctica, en el contexto de los
proyectos a gran escala, así como la gran necesidad de establecer
mecanismos eficaces de consulta y fortalecer una cultura de diálogo
social”.
Para el Grupo de Trabajo, “las consultas
deben realizarse lo antes posible en el proceso de diseño de los
proyectos y han de dejar abierta la posibilidad de que algunos proyectos
no sean viables”.
Otra recomendación que destacan las
organizaciones es la urgente investigación y sanción a los ataques
contra personas defensoras de derechos humanos.
“En el Informe [final],
el Grupo de Trabajo establece que ‘los defensores de los derechos
humanos y los periodistas deben estar mejor protegidos para que puedan
desempeñar su importante función. En vista de la generalización de las
agresiones y los casos de intimidación contra las personas que defienden
sus derechos, los más altos funcionarios del gobierno y los directores
generales de las empresas deben dejar muy claro que la intimidación y
los ataques contra los defensores de los derechos humanos son
inaceptables y no se tolerarán’.”
Las organizaciones de la sociedad civil
refieren otras dos recomendaciones del Grupo de Trabajo de la ONU: que
se refuerce la supervisión y la evaluación de los efectos ambientales y
sociales, y que se elabore un plan de acción nacional sobre las empresas
y los derechos humanos con la participación de múltiples interesados,
incluidos representantes de las organizaciones de la sociedad civil, las
asociaciones empresariales nacionales, los sindicatos sectoriales y
representantes de las comunidades indígenas.
Por lo anterior, hacen un llamado para
que el Estado mexicano se reúna con las organizaciones para diseñar una
estrategia participativa, transparente y pública en donde se establezca
claramente cómo se dará seguimiento a las recomendaciones del Grupo de
Trabajo sobre Empresas y Derechos Humanos.
En el Grupo de Trabajo participaron:
Alianza de la Costa Verde Ambiente y Desarrollo Humano; Asociación
Interamericana para la Defensa del Ambiente; Bios Iguana; Campaña
Nacional Sin Maíz No Hay País; Cartocrítica; Casa del Migrante Saltillo;
Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas; Centro de
Derechos Humanos Fray Francisco de Vitoria; Centro de Derechos Humanos
Miguel Agustín Pro Juárez; Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Tlachinollan; Centro de Derechos Humanos Toaltepeyolo; Centro de
Derechos Humanos Zeferino Ladrillero; Centro Fray Julián Garcés Derechos
Humanos; Centro de Información sobre Empresas y Derechos Humanos;
Centro de Reflexión y Acción Laboral; Centro Diocesano para los Derechos
Humanos Fray Juan de Larios; Centro Mexicano de Derecho Ambiental;
Colectivo Sí a la Vida, No al Basurero Tóxico en Noria de la Sabina;
Colectivo de Mujeres en Defensa de los Pedregales; Comités de Cuenca Río
Sonora; Comité de Defensa Integral de Derechos Humanos Gobixha; Comité
de Derechos Humanos de Tabasco; Comisión Mexicana para la Defensa y
Promoción de los Derechos Humanos; Consejo en Defensa de la Vida y el
Territorio Tiyat Tlali; DECA Equipo Pueblo; DH Rayoactivo; Barzón
Chihuahua, Greenpeace México; Movimiento Mexicano de Afectados por las
Presas; Oxfam México; Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y
Culturales; Proyecto sobre Organización, Desarrollo, Educación e
Investigación; Red Mexicana de Afectados por la Minería, entre otros.
Nancy Flores
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