Conflictos socioeconómicos y agresiones contra activistas, entre las consecuencias, alerta
Indican expertos que las autoridades están sujetas a los intereses de las empresas extranjeras
Periódico La Jornada
Las compañías trasnacionales que operan en México
llevan a cabo sus megaproyectos sin respetar el derecho de los pueblos
originarios a ser informados y consultados al respecto, lo cual genera
un gran número de conflictos socioambientales, en los cuales los
activistas que denuncian estos abusos suelen ser víctimas de amenazas y
agresiones.
Así lo denunció el grupo de trabajo sobre los derechos humanos y las
empresas trasnacionales –dependiente de la Organización de las Naciones
Unidas– en el informe final de la visita que realizaron sus integrantes a
México el año pasado.
En el documento, de 23 páginas, denunció que muchos de los
megaproyectos realizados por diversas compañías en áreas como minería,
energía, construcción y turismo
a menudo afectan a las comunidades indígenasy no reparan adecuadamente en los daños causados.
La urgencia de atraer inversiones, la insuficiencia de las salvaguardias y la falta de capacidad para hacer cumplir la legislación vigente crean un entorno en el que los derechos humanos se pueden vulnerar con impunidad, subrayaron los autores del informe tras su visita, efectuada del 29 de agosto al 7 de septiembre de 2016.
La falta de consulta previa e informada a las comunidades –proceso
que muchas empresas consideran una responsabilidad del gobierno, no
suya– provoca diversas violaciones a los derechos humanos, como parte de
un fenómeno de conflictividad social, donde
todas las partes salen perdiendo, pues también hay daños a la reputación y las inversiones de las compañías.
En este escenario, destacó el grupo de trabajo, las autoridades mexicanas
están sujetas a los intereses de las empresas–lo cual se conoce como captura corporativa del Estado–, por lo que no aplican el marco jurídico existente ni obligan a las firmas trasnacionales a modificar su conducta para que respeten los derechos humanos.
Entre los ejemplos que lograron recabar los especialistas de
Naciones Unidas durante su visita a seis entidades del país, se
encuentra el de un parque eólico en la zona del Istmo de Tehuantepec,
Oaxaca, que empezó a construirse sin informar primero a los habitantes
de la zona, aprovechando que en años anteriores ya se habían instalado
otros desarrollos del mismo tipo.
De igual manera, el informe menciona el caso de las comunidades mayas
de Campeche y Yucatán, afectadas por los cultivos de soya transgénica;
el pueblo indígena de San Francisco Xochicuautla, cuyos habitantes
luchan contra la edificación de una autopista privada, y las comunidades
yaquis que se oponen a la construcción del acueducto Independencia.
Sumado a lo anterior, recalcó el grupo de trabajo, existen
casos generalizados de intimidación y acosoen contra de los líderes comunitarios que protestan contra determinados proyectos y operaciones empresariales.
El organismo emitió una serie de recomendaciones al Estado mexicano,
entre ellas que garantice la celebración de consultas previas e
informadas con las comunidades afectadas por proyectos de desarrollo y
operaciones empresariales.
Pidió a las autoridades que informe a las trasnacionales sobre su
obligación de respetar los derechos humanos en todas sus actividades, y
que facilite el diálogo con las comunidades afectadas.
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