TLCAN y migrantes, adeudos en disputa

Jorge Durand
La Jornada

Las omisiones se pagan caro. En la negociación del Tratado de Libre Comercio, firmado hace 23 años, Estados Unidos (EU) vetó el tema de la movilidad de mano de obra y México el del petróleo. Los costos están a la vista: cinco millones de mexicanos en situación irregular en EU y una empresa estatal reformada y a punto de la quiebra.

En el contexto actual ya no existe esa moneda de cambio. Pero el tema migratorio sigue presente como un fantasma en la mesa de negociación. Paradójicamente aquellas viejas promesas de que México quiere exportar mercancías y no capitales podrían ser corroboradas por la realidad empírica, de que México exporta mercancías y ya no exporta mano de obra. El flujo migratorio indocumentado ha bajado de manera constante a lo largo de los últimos nueve años.

¿Sería posible negociar la movilidad de mano de obra legal, ordenada y negociada? Muy difícil en el contexto de la administración Trump que no entiende de cifras, ni de estadística, sino de prejuicios.

Otra moneda de cambio a la que se ha hecho alusión es el control de la migración centroamericana en su tránsito por México hacia EU, que es un flujo que no ha parado y que sigue creciendo. Sin embargo, eso ya se da por hecho. México deporta mensualmente miles de migrantes y, que se sepa, no recibe nada a cambio, salvo el desprestigio de hacer el trabajo sucio.

Pero ahí no acaba el asunto. Hay mucho que negociar en este tema y ha quedado pendiente el acuerdo o tratado de totalización que se refiere a las cotizaciones de seguridad social entre ambos países. Todos los miembros de la OCDE tienen este acuerdo, menos México. Y necesariamente tiene que negociarse porque, cada vez más hay estadunidenses que trabajan y cotizan en México y luego vuelven a EU. O mexicanos-americanos que trabajan entre los dos países y cotizan en ambos lados. En el futuro cercano podrían ser millones de personas en esta situación.

Y en la negociación necesariamente se tiene que incluir a los ocho millones de mexicanos que laboran en EU y que pagan rigurosa y religiosamente sus impuestos, pero, curiosamente, la mayoría no devengará sus beneficios.

Pero algo tan claro para todos, como el derecho a la jubilación, de todos aquellos que cotizaron, no se aplica para la mayoría de migrantes. Sólo para los ciudadanos y residentes. Incluso si un migrante residente en EU regresa a vivir a México, podría perder su derecho a la jubilación, porque no residen de manera permanente en EU.

Peor aún, tres cuartas partes de los migrantes indocumentados (unos tre millones aproximadamente), que según el PEW Hispanic, tienen más de 10 años trabajando en EU no podrían tener acceso a recuperar su dinero depositado en las arcas de la Social Security Administration (SSA).

En realidad se trata de un fondo llamado Earnings Suspense File que tienen la friolera de 1.2 trillones (americanos) de dólares, compuesto por cotizaciones de los trabajadores y los empleadores a la SSA, que no han sido reclamados y están en suspenso. Según el estudio realizado por Manuel Carvallo, en Hispanic Wealth, LLC, se estima que los migrantes mexicanos puedan recuperar unos cien mil millones de dólares, y eso es posible, sí México sabe negociar. Para ello requiere de un bufete de primer nivel de abogados estadunidenses especializados en impuestos, y actuarios que conozcan a fondo el tema de la seguridad social en EU. Un gasto que bien vale la pena no regatear, dada la magnitud del adeudo.

Lo que la SSA tiene como reserva en este fondo es de tal magnitud qué fácilmente se puede financiar el gasto de 10 años de pensiones en EU. Y la tentación de quedarse con el fondo está a las puertas, por el déficit que ya acarrean.

Todo esto está complicado con una serie de leyes y disposiciones de segundo rango que pretenden que los migrantes, que regularicen su situación legal, no puedan recuperar su antigüedad y lo que cotizaron históricamente. Eso fue posible en 1986 con la ley de amnistía y muchos recuperaron su antigüedad y sus jubilaciones se hacen de acuerdo a los años trabajados en EU, pero no lo que cotizaron en México.

El panorama, además de confuso e intrincado, es preocupante. Baste recordar que ya tenemos experiencia en este tipo de asuntos. Durante el Programa Bracero (1942-1964) México recibía del gobierno estadunidense, por medio del Wells Fargo Bank, 10 por ciento de los salarios de los migrantes por concepto de ahorro y que debería ser devuelto a los migrantes a su regreso. Es bastante conocida la historia. Algo se pagó en los primeros años pero luego el gobierno se quedó con el ahorro, con el pretexto de capitalizar al Banco Agrícola, que supuestamente iba a beneficiar a todos los campesinos. Cincuenta años después vinieron las reclamaciones, sólo en parte y de mala manera solucionadas y se tuvo que reconocer el adeudo.

Los reclamos en México fueron a punta de movilizaciones, incluso hasta en el rancho de Fox en San Francisco del Rincón, Guanajuato. En EU se recurrió a la vía legal a una demanda colectiva class action, el gobierno mexicano perdió el juicio y tuvieron que pagar.

Con los ahorros de los migrantes en la seguridad social de EU puede pasar otro tanto y utilizarse como moneda de cambio en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio. No hay información al respecto, pero la tentación está a la vista, tanto para la SSA como para el gobierno mexicano. Es una montaña de dinero acumulada.

Como quiera, el asunto tiene que negociarse, el acuerdo de totalización forma parte de las negociaciones del TLCAN. Se requiere de un equipo profesional que asesore al gobierno y que las negociaciones se distingan por la transparencia. No se puede repetir la nefasta experiencia de años anteriores, ni se puede negociar, con el dinero de las jubilaciones de los migrantes, para lograr otros propósitos.