El Ministerio Público de Guatemala y la Fiscalía contra el Delito de
Feminicidio capturó hoy a funcionarios y trabajadores de la Procuraduría
de los Derechos Humanos (PDH), de la Procuraduría General de la Nación
(PGN) y de Policía Nacional Civil (PNC), relacionados con el caso Hogar
Seguro Virgen de la Asunción, en donde murieron quemadas 41 niñas el pasado 8 de marzo.
En un comunicado, la Fiscalía detalló que tras dos allanamientos, las personas capturadas fueron: Brenda Julissa Chamam Pacay, Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Acusada por homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
También Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, detenida por maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.
Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
Luis Armando Pérez Borja, Sub Comisario de Policía Nacional Civil, acusado de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad. Y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, sub-Inspectora de Policía Nacional Civil, capturada por homicidio y maltrato contra personas menores de edad.
EL INCENDIO
El incendio en Hogar Seguro tuvo su origen cuando el 7 de marzo cerca de 60 adolescentes, escaparon del Hogar Seguro, ubicado en San José Pinula, para huir de los malos tratos y del abuso sexual que muchas de ellas denunciaron. Los funcionarios del lugar, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social, llamaron a las fuerzas de seguridad, recapturaron a algunos, lo que originó una protesta de las y los adolescentes.
Un grupo de niñas fueron encerradas esa noche en un salón, hacinadas. En la mañana, en protesta, prendieron fuego a una colchoneta y el incendio se expandió a las casi cien colchonetas.
Durante 25 minutos, de las 20:45 a 21:10 horas, las niñas estuvieron encerradas, sin que les abrieran la puerta, bajo temperaturas que alcanzaron, en 9 minutos, los 300 grados centígrados. Murieron 19 niñas y 22 más fueron llevadas al hospital. En los siguientes días, el número de fallecidas llegó a 41.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) determinó que no se siguieron las normas de seguridad y no se presentó quien tenía la llave del lugar. Esa noche, habrían estado presentes en el albergue las defensoras de la Niñez y de las Personas Víctimas de Trata, Gloria Castro y Lucía Peláez, respectivamente, quienes habrían avalado que se reingresara a las y los adolescentes que habían escapado el día 7.
ANTEJUICIO CONTRA JUEZA MURILLO
De igual manera, la Fiscalía informó por sus redes sociales que “a las 10.30 horas, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó una solicitud de antejuicio en contra de la Jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez”.
La solicitud se hizo, explicó la Fiscalía, “por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia”.
La jueza Murillo Martínez, detalla el comunicado, “no practicó una exhibición personal que debía haber hecho horas antes de que ocurriera el incendio en el Hogar Seguro”.
EN PRISIÓN
Los detenidos se suman a los ex funcionarios en prisión preventiva y con un proceso en curso: de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía y Anahy Keller Zabala, así como Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Ellos están acusados por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio por homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y lesiones graves.
MADRES Y PADRES DE FAMILIA
Poco antes de que la Fiscalía informara sobre las detenciones, familiares de las 41 adolescentes fallecidas en el incendio del Hogar Seguro pidieron, en conferencia de prensa en la Fundación Sobrevivientes, que continúe la investigación del caso.
Pedían, reportó la agencia Cerigua, la captura de agentes de la Policía Nacional Civil que impidieron la salida de las niñas cuando el lugar comenzó a incendiarse.
Hicieron también un llamado a los medios de comunicación a dar información veraz sobre lo que pasó con las niñas y con contribuir a criminalizarlas.
Y pidieron también investigar a jueces y personal de la Procuraduría General de la Nación, quienes en conocimiento de que dicho “hogar” era un peligro las enviaban en forma de castigo, además de incumplir con las audiencias para que las niñas fueran entregadas a familiares, aduciendo siempre “falta de gasolina”, informó Cerigua.
De igual manera, piden al Ministerio Público a través de la Fiscal General, Thelma Aldana, que provea suficientes fiscales para que hagan investigaciones profundas sobre este, que es un caso grave y de gran magnitud. Exhortaron también a las familias de las niñas que no se han sumado a las demandas que se unan.
En un comunicado, la Fiscalía detalló que tras dos allanamientos, las personas capturadas fueron: Brenda Julissa Chamam Pacay, Jefa del Departamento de Protección Especial contra el Maltrato en todas sus formas del Hogar Seguro Virgen de la Asunción. Acusada por homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
También Gloria Patricia Castro Gutiérrez, defensora de la Niñez y Adolescencia de la Procuraduría de los Derechos Humanos, detenida por maltrato contra menores de edad e incumplimiento de deberes.
Harold Augusto Flores Valenzuela, jefe de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia, por los delitos de homicidio culposo, maltrato contra personas menores de edad e incumplimiento de deberes.
Luis Armando Pérez Borja, Sub Comisario de Policía Nacional Civil, acusado de abuso de autoridad y maltrato contra personas menores de edad. Y Lucinda Eva Marina Marroquín Carrillo, sub-Inspectora de Policía Nacional Civil, capturada por homicidio y maltrato contra personas menores de edad.
EL INCENDIO
El incendio en Hogar Seguro tuvo su origen cuando el 7 de marzo cerca de 60 adolescentes, escaparon del Hogar Seguro, ubicado en San José Pinula, para huir de los malos tratos y del abuso sexual que muchas de ellas denunciaron. Los funcionarios del lugar, dependiente de la Secretaría de Bienestar Social, llamaron a las fuerzas de seguridad, recapturaron a algunos, lo que originó una protesta de las y los adolescentes.
Un grupo de niñas fueron encerradas esa noche en un salón, hacinadas. En la mañana, en protesta, prendieron fuego a una colchoneta y el incendio se expandió a las casi cien colchonetas.
Durante 25 minutos, de las 20:45 a 21:10 horas, las niñas estuvieron encerradas, sin que les abrieran la puerta, bajo temperaturas que alcanzaron, en 9 minutos, los 300 grados centígrados. Murieron 19 niñas y 22 más fueron llevadas al hospital. En los siguientes días, el número de fallecidas llegó a 41.
La Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (Conred) determinó que no se siguieron las normas de seguridad y no se presentó quien tenía la llave del lugar. Esa noche, habrían estado presentes en el albergue las defensoras de la Niñez y de las Personas Víctimas de Trata, Gloria Castro y Lucía Peláez, respectivamente, quienes habrían avalado que se reingresara a las y los adolescentes que habían escapado el día 7.
ANTEJUICIO CONTRA JUEZA MURILLO
De igual manera, la Fiscalía informó por sus redes sociales que “a las 10.30 horas, la Fiscalía contra el Delito de Femicidio presentó una solicitud de antejuicio en contra de la Jueza de Paz de San José Pinula, Rocío Albany Murillo Martínez”.
La solicitud se hizo, explicó la Fiscalía, “por la posible comisión de los delitos de falsedad ideológica, incumplimiento de deberes y retardo de justicia”.
La jueza Murillo Martínez, detalla el comunicado, “no practicó una exhibición personal que debía haber hecho horas antes de que ocurriera el incendio en el Hogar Seguro”.
EN PRISIÓN
Los detenidos se suman a los ex funcionarios en prisión preventiva y con un proceso en curso: de la Secretaría de Bienestar Social, Carlos Antonio Rodas Mejía y Anahy Keller Zabala, así como Santos Torres Ramírez, exdirector del Hogar Seguro Virgen de la Asunción.
Ellos están acusados por la Fiscalía contra el Delito de Femicidio por homicidio culposo, abuso de autoridad, incumplimiento de deberes, maltrato contra personas menores de edad y lesiones graves.
MADRES Y PADRES DE FAMILIA
Poco antes de que la Fiscalía informara sobre las detenciones, familiares de las 41 adolescentes fallecidas en el incendio del Hogar Seguro pidieron, en conferencia de prensa en la Fundación Sobrevivientes, que continúe la investigación del caso.
Pedían, reportó la agencia Cerigua, la captura de agentes de la Policía Nacional Civil que impidieron la salida de las niñas cuando el lugar comenzó a incendiarse.
Hicieron también un llamado a los medios de comunicación a dar información veraz sobre lo que pasó con las niñas y con contribuir a criminalizarlas.
Y pidieron también investigar a jueces y personal de la Procuraduría General de la Nación, quienes en conocimiento de que dicho “hogar” era un peligro las enviaban en forma de castigo, además de incumplir con las audiencias para que las niñas fueran entregadas a familiares, aduciendo siempre “falta de gasolina”, informó Cerigua.
De igual manera, piden al Ministerio Público a través de la Fiscal General, Thelma Aldana, que provea suficientes fiscales para que hagan investigaciones profundas sobre este, que es un caso grave y de gran magnitud. Exhortaron también a las familias de las niñas que no se han sumado a las demandas que se unan.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Guadalupe Gómez Q. Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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