En una carta pública, las
trabajadoras de intendencia despedidas en enero de 2016 del Instituto de
Educación Media Superior (IEMS) exigen a la Junta Local de Conciliación
y Arbitraje capitalina, que agilice la resolución del caso.
Junto con organizaciones
civiles, denuncian también que las audiencias programadas sobre su caso
se han postergado porque el personal de la instancia afirma que “no
cuenta con recursos suficientes para trasladarse y notificar a los
testigos”.
Las mujeres
iniciaron la demanda laboral en febrero de 2016 en la Junta Local
(JLCyA), con número de expediente 127/2016, luego de que el IEMS
despidió un mes antes a más de 50 trabajadoras con el argumento de que
“nunca las contrató”, pese a que algunas de ellas tenían hasta 10 años
trabajando para la institución educativa.
El juicio
se ha caracterizado por retrasos, a lo que se suma la nula disposición
de las autoridades del IEMS por reconocer el contrato laboral que tenían
y una serie de actos intimidatorios contra el plantón que mantienen afuera de la preparatoria 2 del Instituto en Iztapalapa.
En una carta, aún por entregar, dirigida a la presidenta de la JLCyA, Margarita
Darlene Rojas Olvera, las trabajadoras y las organizaciones “Acción
Urgente para Defensores de los Derechos Humanos”, “Comité Cerezo México”
y “Comité de Familiares de detenidos desaparecidos: Hasta
Encontrarlos”, piden a más personas que sumen sus firmas para exigir a
la Junta la “resolución justa y expedita del caso” porque, afirman,
desde el despido “las trabajadoras y sus familias sobreviven en
condiciones lamentables”.
En la carta
también solicitan a la JLCyA que “dote de recursos suficientes a sus
empleados” para resolver el caso. En entrevista con Cimacnoticias el
defensor de Derechos Humanos del Comité Cerezo, organización que
acompaña el caso, Alejandro Cerezo, explicó que al menos cinco
audiencias previamente programadas no han podido efectuarse porque los
actuarios judiciales aseguran que la Junta no les brinda recursos
suficientes para transportarse y notificar a los testigos de las
audiencias.
“Dicen que
no van porque no pueden poner el gasto de sus bolsillos”, comentó
Cerezo, y denunció “aunque las audiencias se programaron de manera
seguida la estrategia ha sido retrasar el juicio de esta forma”. Por
ello piden que la Junta Local entregue recursos suficientes a los
actuarios judiciales para que estos “notifiquen en tiempo y forma, así
los testigos vayan a las audiencias ya programadas y el juicio no se
alargue más”.
En la carta
también exponen que tanto las trabajadoras como los abogados han
comentado que “hay que dar dinero a los actuarios para que éstos hagan
su trabajo ya que la Junta nos les da para el transporte y alimentación,
cuando se tienen que trasladar a diferentes partes de la Ciudad de
México en búsqueda de las personas que deben notificar del caso”.
CIMACFoto: Montserrat Antúnez Estrada
Por: Montserrat Antúnez Estrada Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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