Por lo anterior, la diputada federal de Morena, Rocío Nahle, e integrantes de la Comisión Permanente, presentarán este miércoles otro punto de acuerdo para que los titulares de ambas dependencias, Raúl Cervantes y Arely Gómez, respectivamente, comparezcan ante diputados y senadores para dar una explicación.
Nahle recordó que desde el pasado 5 de abril –luego de que el 16 de febrero el procurador acudió a Brasil para enterarse de primera mano del caso, y la titular de la SFP anunció días después, el 20 de febrero, que estaban realizando auditorias “transversales” para los diversos contratos que firmó Odebrecht con el gobierno federal y autoridades estatales– la Cámara de Diputados exhortó todos los organismos de gobierno “suspender” cualquier contrato vigente.
“Anulen… rescindan y absténganse de promover, realizar o suscribir cualquiera de los actos jurídicos antes mencionados con dicha empresa, en virtud de las diversas denuncias de actos de corrupción presentadas en su contra ante autoridades internacionales y nacionales y en las que se ha hecho pública la probable participación de servidores públicos mexicanos”, se indicó en aquel exhorto de la Comisión de Transparencia.
Dicho acuerdo se logró después de que los partidos Revolucionario Institucional (PRI) y Verde Ecologista de México (PVEM) lo bloquearon una semana antes.
También se acordó pedir a la SFP y la PGR que presentaran un avance de sus indagaciones, y a esta última “la lista de todos los contratos que fueron suscritos entre Odebrecht, S.A., sus filiales o subsidiarias y la administración pública federal”.
Incluso se aprobó que Petróleos Mexicanos (Pemex) diera a conocer el contrato con Etileno XXI (firmado por Braskem (filial de Odebrecht), mediante el cual la petrolera mexicana le vende gas etano a la brasileña.
Ese mismo día por la noche, Pemex subió a su plataforma de internet cuatro contratos suscritos con Odebrecht, la mayoría de los cuales estaban ilegibles o testados. El semanario Proceso obtuvo el contrato y dio a conocer el documento totalmente legible, donde podían verse perfectamente los nombres de los funcionarios de Pemex y de Braskem que la empresa “tachó”.
De eso han transcurrido poco más de dos meses, y hasta ahora ni la PGR ni la SFP han entregado nada de lo exigido por la Cámara baja. “No obstante, el escándalo Odebrecht sigue su curso”, destaca la diputada Rocío Nahle en el punto de acuerdo que este miércoles será presentado a la Comisión Permanente.
Y también recuerda que el 18 de mayo pasado se dio a conocer que Odebrecht México ofreció a la PGR un acuerdo de reparación económica y su colaboración para aportar información en la indagatoria que realice sobre los presuntos sobornos a funcionarios de Pemex.
Además, dice, “trascendió que Odebrecht pidió no utilizar contra sus empleados y exempleados la información que revelen y respetar la inmunidad que tienen ante la justicia de Brasil y de Estados Unidos”.
En el mismo punto de acuerdo destaca que Carlos Requena, representante legal de la constructora brasileña, fue entrevistado por dos diarios nacionales, en los cuales soltó: “Lo que se está pidiendo es el acuerdo reparatorio en favor de la persona jurídica Odebrecht México, porque las personas físicas tienen ya un procedimiento penal y administrativo y civil en Brasil y Estados Unidos, donde ya han llegado a un acuerdo conciliatorio… Son los que han estado declarando, cuya declaración o relato debe estar bajo reserva en las investigaciones penales y administrativas, pero respetándoles a ellos su derecho a la no autoincriminación y, sobre todo, respetándoles la inmunidad, en virtud de tener ya procedimientos legales en Brasil”.
Cuando se le preguntó cuántas personas de Odebrecht México tienen un procedimiento en Brasil, respondió: “Eso lo sabe la PGR. Lo que sí puedo decir es que esas personas están bajo el amparo del derecho a la no autoincriminación, el derecho a no ser juzgadas dos veces por los mismos hechos, al derecho de mantener la reserva en sus declaraciones y al derecho de inmunidad mientras mantengan un espíritu de colaboración en favor, en este caso, de las investigaciones en Brasil; seguramente también en un futuro próximo en México”.
De concretarse el acuerdo con Odebrecht México, sólo serían acusados penalmente los funcionarios y exservidores públicos. Ante dicho escenario, el abogado rechazó que se genere impunidad al no imputar a los integrantes de la empresa. “La respuesta es que no puede ser entendido ni interpretado como favorecimiento de impunidad, sino todo lo contrario”, subrayó.
En su punto de acuerdo, Nahle sostiene que los hechos de corrupción derivados del escándalo internacional que involucran a Pemex y Odebrecht obligan a la Comisión Permanente del Congreso de la Unión a pronunciarse, con el objeto de que las autoridades mexicanas encargadas de investigar el caso “rindan un informe a esta soberanía, y por ello se demanda la comparecencia del procurador Raúl Cervantes y la titular de la SFP, Arely Gómez”.