Arturo Alcalde Justiniani
La Jornada
Tengamos presente
las tres motivaciones centrales que dieron vida a la importante reforma
constitucional en materia laboral publicada el 24 de febrero de 2017:
1. Cambiar el sistema de justicia con el fin de respetar la división
de poderes y el estado de derecho; en lugar de las Juntas de
Conciliación y Arbitraje controladas por el Poder Ejecutivo, dichas
funciones serán ejercidas por el Poder Judicial.
2. Restaurar el respeto a los derechos colectivos fundamentales de
libertad de asociación gremial y negociación colectiva, suprimiendo los
contratos de protección patronal firmados a espaldas de los
trabajadores, generadores de un modelo corrupto y violento que les ha
impedido defender sus condiciones de trabajo y mejorar sus salarios.
3. Suprimir la extorsión a las empresas mediante falsos
emplazamientos de huelga promovidos por siglas sindicales que reclaman
un pago a cambio de retirar sus indebidas exigencias.
Esta reforma generó grandes expectativas sobre la posibilidad de un
cambio de fondo en el mundo laboral del país, en donde tan sólo uno de
cada 100 trabajadores forma parte de un sindicato real, lo que ha
provocado indefensión obrera y pobreza salarial.
Se esperaba que el gobierno federal impulsara un espacio público para
enriquecer las propuestas de reglamentación de estos cambios a la Carta
Magna. Era una oportunidad de oro para explorar la experiencia
internacional en la materia, que incluye a países que han abandonado el
control autoritario en favor de un modelo respetuoso de los derechos
fundamentales, producto de un auténtico diálogo social y productivo. En
estos meses, ha estado presente el ofrecimiento de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT) para compartir soluciones. La academia y
distintos foros de especialistas han manifestado también su disposición
a participar constructivamente en este proceso. Sin embargo, el
gobierno como ha sido típico en estos cinco años, da un paso para
adelante y dos para atrás, como sucedió con el seguro de desempleo y la
pensión universal. Así, decidió encerrarse, confiando la tarea a un
pequeño grupo de abogados y despachos empresariales que vienen
trabajando en el más absoluto secreto.
Es evidente que de la óptica parcial e interesada de los principales
beneficiarios del sistema de control gremial y contractual, difícilmente
podría resultar una reglamentación adecuada. Trascendió que el primer
punto en que el gobierno cedió frente a estos sectores, fue admitir en
el Instituto Autónomo de Asociación y Registro Sindical, creado por la
norma constitucional, que regresaran como solución ni más ni menos los
que han sido identificados como el problema: los abogados empresariales y
los líderes de las corruptas centrales oficiales. Si se confirma esta
intención, la nueva institución autónoma, supuestamente garante de la
libertad de asociación y de la contratación colectiva decente, se
convertirá en un nuevo Frankenstein.
En este contradictorio trance se entrecruza la negociación del
TLCAN y su capítulo laboral. Recordemos que cuando fue firmado, 23 años
atrás, se incluyó un acuerdo paralelo en materia de trabajo, con
principios muy loables pero carentes de mecanismos de cumplimiento. En
aquel entonces, los negociadores mexicanos presumían haberlo dejado sin
dientes. Ahora no parece fácil repetir la receta porque se incrementó la
indefensión obrera y los salarios mexicanos no mejoraron, por el
contrario, creció el diferencial respecto de los países socios.
Existe una justificada reclamación de los gobiernos canadiense y
estadunidense, para que se consideren en las pláticas el tema salarial y
las garantías de que se respeten en los tres países la libertad de
asociación gremial y de contratación colectiva, incluyendo la
ratificación del Convenio 98 de la OIT. En el caso mexicano, las
violaciones a estos derechos han generado competencia desleal ( dumping
laboral) ya que la producción se genera a costa de la pobreza e
indefensión de las y los trabajadores. Por todo ello, debe superarse la
vieja estrategia de caer en declaraciones vagas encubiertas de un
concepto de falsa soberanía. En los mecanismos para lograr su
implementación está el chiste.
El gobierno mexicano parece convencido de que no será fácil
escabullirse con la fórmula de la simulación, por lo que ha trascendido
que, como eventual compensación por el probable compromiso futuro de
mejorar salarios, se debe compensar a los empresarios con otras reformas
laborales que nada tienen que ver con la constitucional. Por ello, se
analizan nuevas reglas para reducir la estabilidad en el empleo, ampliar
la contratación ( outsourcing) modificando el artículo 15
inciso b) de la Ley Federal del Trabajo creado en la reforma laboral de
2012, que por cierto, nunca gustó a los empresarios y que por ello, el
gobierno consintió su incumplimiento. Tam
bién
se analiza liberar los contratos temporales de prueba, capacitación y
temporada del escaso margen de bilateralidad que la ley establece.
Por lo visto, la reforma laboral se ha puesto en barata, una especie
de arbolito de navidad en el que sólo cuelgan sus deseos los integrantes
del sector privilegiado por las políticas gubernamentales.
Se había anunciado que el día de ayer serían presentadas las
iniciativas de ley, veremos si este hecho se confirma. Ojalá se haya
atendido la petición expresada por diversos sectores de dar tiempo para
la discusión pública de los proyectos. También está en duda si la
negociación del TLC favorece este diferimiento.
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