Llaman al gobierno a reconocer facultades del comité de la ONU sobre desaparecidos

Se requiere compromiso real para erradicar ese crimen, destacan activistas

Si aceptara las facultades del comité de la ONU sobre desapariciones, el gobierno de México recibiría cientos o miles de solicitudes para explicar qué pasó con las víctimas y qué ha hecho para enfrentar este delito

La falta de reconocimiento por parte del Estado mexicano de la competencia del Comité de Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada deja ver el nulo compromiso real de las autoridades para erradicar este fenómeno en el país, ya que, al no admitir las facultades de dicho organismo, impide a los familiares de desaparecidos enviar quejas individuales.

Así lo afirmaron activistas especializados en el tema, quienes señalaron que esta omisión del gobierno limita el concepto legal de las desapariciones, para dejar fuera las cometidas por particulares, con posible aquiescencia de servidores públicos.

Valentina Peralta, coordinadora de la Red Eslabones por los Derechos Humanos, explicó que al no aceptar la competencia del Comité –sobre todo los artículos 31 y 32 de la Convención Internacional para la Protección de Personas contra las Desapariciones Forzadas–, el Estado mexicano muestra su desinterés por el tema.

El gobierno dice que sí reconoce la convención en términos generales, excepto estas dos cláusulas, que son casualmente las relacionadas con la autonomía individual de la víctima para enviar sus casos a instancias internacionales, que tienen facultades para pedirle cuentas a las autoridades, señaló.

Si México reconociera la competencia del Comité de Naciones Unidas, tendría que aceptar un esquema legal donde se incluyen las desapariciones cometidas por pa

rticulares con aquiescencia –o consentimiento–del Estado, lo cual podría involucrar a muchos de sus servidores públicos.

De aceptar las facultades del comité, el gobierno recibiría cientos o miles de solicitudes de Naciones Unidas para que le explique qué ha hecho para evitar las desapariciones forzadas, ante las cuales no tendría capacidad de responder, a menos que destinara recursos suficientes. De ahí viene su negativa.

Blanca Hernández, directora de la Fundación Diego Lucero, coincidió en que el Estado mexicano se ha negado a reconocer las atribuciones del comité porque lo que no quiere es tener más compromisos que lo hagan responder ante organismos internacionales, pues eso afectaría su estrategia de desgastar a las víctimas y no darles ninguna solución a su demanda de justicia.

Es muy importante que (en la ONU) se acepten casos individuales de desapariciones y también colectivos. Como sociedad, pedimos que se firmen todos los tratados internacionales y que el Estado se comprometa a cumplirlos, enfatizó.

Foto Marco Peláez

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada

Domingo 3 de septiembre de 2017, p. 15