Orlando Delgado Selley
La Jornada
Terminó la segunda
ronda de negociaciones del TLCAN estableciendo los temas que generarán
dificultades para concluir satisfactoriamente la revisión que han
acordado los tres países. Destacan tres: el capítulo 19 relativo a la
solución de controversias, las reglas de origen y los derechos laborales
incluyendo salarios. Los dos primeros tratan de cuestiones que
significan alterar sensiblemente el funcionamiento actual del TLCAN
favoreciendo a Estados Unidos. Los derechos laborales, por el contrario,
debieran ser de fácil resolución para la delegación mexicana. Los
diferenciales salariales entre los trabajadores canadienses y
estadunidenses respecto de los mexicanos son muy marcados, lo que
establece una ventaja competitiva que es lamentablemente aceptada por el
gobierno mexicano y por los empresarios que fabrican en México.
Indudablemente los salarios en nuestro país son insuficientes para
que los trabajadores sean capaces de mantener en condiciones adecuadas
de bienestar a sus familias. Según la Encuesta Nacional de Ingreso-Gasto
de los Hogares, levantada en 2016 y presentada la semana pasada, el
ingreso promedio del decil más pobre del país fue de 2 mil 722 pesos
mensuales; es decir, 91 pesos diarios. En 2016 el salario mínimo fue de
70.10 pesos, de modo que el promedio de ingreso de 10 por ciento de los
hogares mexicanos fue apenas 30 por ciento superior que el mínimo legal
nacional. Los trabajadores que laboran en empresas exportadoras reciben
un salario superior al mínimo, que puede ser entre dos y tres veces el
mínimo; es decir, entre 140 y 210 pesos diarios, lo que los coloca en
los deciles II y III, cuyos ingresos promedio diario fue de 160 y 210
pesos.
Si comparamos estos datos con el ingreso promedio de un trabajador
automotriz, por ejemplo en Canadá y Estados Unidos, resulta que se
ubicarían en los deciles superiores de la distribución del ingreso en
México. Por esto, en una reunión de organizaciones sociales de los tres
países del TLCAN, celebrada a finales de mayo de este año, se concluyó
que aprovechando la renegociación del TLCAN era el momento de
aumentar los salarios y no los muros. Esta declaración firmada por representantes de agrupaciones sindicales de los tres países advertía que el planteo original de este tratado comercial fue que llevaría a una convergencia salarial que contribuiría al incremento del bienestar en la zona comercial que se estaba creando. El resultado ha diferido sensiblemente: en lugar de acercar los salarios, se mantuvieron alejados como estrategia comercial y anti-inflacionaria de los gobiernos mexicanos, en detrimento de la calidad de vida de los trabajadores mexicanos.
Esta diferencia es tan grave que en México se ha insistido en
la necesidad de que los salarios de los trabajadores se incrementen por
encima de la inflación. Para ello se trabajó en desvincular del salario
mínimo una serie de pagos, de modo que los posibles aumentos al salario
mínimo no impactarán en otros precios. De esta manera se lograría evitar
que el índice nacional de precios al consumidor, con el que se mide la
inflación, se afectara. En 2017 el salario mínimo tuvo un aumento
diferenciado: primero se aplicó un incremento de cuatro pesos, referido
como
monto independiente de recuperación, y luego hubo un aumento de 3.9 por ciento, que lo llevó a 80 pesos diarios. La resolución de la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos explica por qué hubo estos aumentos: era necesario ante la reducción de la capacidad adquisitiva d
el salario.
Es claro que hacen falta nuevos incrementos que permitan que el
salario mínimo pueda cumplir con lo que establecen nuestros
ordenamientos legales. Estos aumentos tendrán que impactar los salarios
contractuales, entre los que estarán los de aquellos que trabajan en
empresas exportadoras. Aprovechar la revisión del TLCAN para estos
propósitos debiera ser uno de los planteos centrales de la delegación
mexicana. Escudarse en razonamientos que pretendidamente defienden la
competitividad de la industria exportadora es vergonzoso.
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