Desenredo
Por: Rosalinda Hernández Alarcón*
En las protestas sociales contra la impunidad que suceden
recientemente en Guatemala, se oyen voces de mujeres y feministas,
quienes al resaltar que la corrupción es una forma de abuso de poder,
exigen sea erradicada en todas sus manifestaciones, ya que en las
estructuras del Estado y en círculos empresariales operan mafias
criminales que han robado al erario público en detrimento de la
prestación de servicios públicos de calidad.
Para ellas, es relevante tener presente que el Estado de Guatemala
tiene una esencia patriarcal, racista y clasista, cuya institucionalidad
ha mantenido mafias que han ocupado cargos públicos como vía para hacer
negocios ilícitos, acumular riquezas, reproducir jerarquías y
desigualdades.
A diferencia de las gentes que piden la salida del titular de la
Comisión Internacional contra la Impunidad (CICIG), Iván Velázquez,
luego que el presidente de la República Jimmy Morales lo declarara non
grato de manera arbitraria sin respaldo jurídico, representantes de
alianzas de feministas resaltan que las mafias patriarcales están
haciendo un frente común para mantener la impunidad; en el que figuran
diputados, alcaldes, gobernadores, funcionarios de alto nivel y líderes
políticos que presienten perder sus privilegios o ser acusados por las
tranzas cometidas.
Cabe entonces mencionar algunos de los casos develados por la CICIG
junto con el Ministerio Público: Por defraudación aduanera, guardan
prisión el ex presidente de la República, la ex vicepresidenta, varios
de ministros del Ejecutivo y empresarios. Ex diputados y ex trabajadores
del Congreso están siendo juzgados por peculado en forma continuada,
asociación ilícita y lavado de dinero. A varios ex alcaldes también se
les siguen procesos por malversación de fondos.
Dos casos que ya tienen sentencia son: uno contra un ex congresista
por utilizar el poder para manipular elecciones del Organismo Judicial y
otro contra una ex jueza por lavado de dinero y enriquecimiento
ilícito. En uno de los procesos judiciales más recientes, están
implicadas 28 personas, ex funcionarios del Ejecutivo y empresarios, a
quienes se acusa de extorsión, abuso de autoridad y peculado. Algunos
inculpados se encuentran prófugos, entre ellos, los ex ministros de
Comunicaciones y Transportes y de Energía y Minas.
Con base en lo antes descrito, es obvio que quienes hicieron
costumbre robar fondos públicos, financiar de manera ilegal las campañas
electorales incluso en alianza con narcos y anidar mafias dentro del
sector seguridad y justicia, ahora se sienten perseguidos por ello,
independientemente del partido o grupo político al que pertenecen han
hecho un pacto entre corruptos.
Organizaciones de mujeres y otras agrupaciones sociales y políticas
exigen el desafuero inmediato del presidente de la República de
Guatemala, Jimmy Morales, a quien la CICIG y el MP señalan por su
presunta vinculación al financiamiento electoral ilícito, mientras
fungía como secretario general del partido que lo postuló.
En opinión de algunas feministas, la situación de desgobierno actual
no se resuelve mediante disyuntivas entre uno y otro bando. La lucha
contra la impunidad hay que darle continuidad y al mismo tiempo
vincularla con otras, por ejemplo: por una vida sin violencias ni
discriminaciones, la defensa del territorio y el respeto a las consultas
comunitarias, por una reforma profunda de la Ley Electoral de Partidos
Políticos. Las transformaciones que requiere Guatemala exigen mayor
solidaridad y compromiso entre movimientos sociales y ciudadanía, ellas
aseguran que las alianzas serán posibles si nos escuchamos y construimos
propuestas colectivamente.
* Periodista mexicana, residente en Guatemala y coeditora de la publicación feminista LaCuerda.
Imagen retomada de Youtube
Cimacnoticias | Guatemala, Gua.-
No hay comentarios.:
Publicar un comentario