Alienación Parental, figura jurídica que perjudica a víctimas
Nadie atendió la denuncia de Mireya Agraz Cortés,
ni los agentes de investigación de la Procuraduría General de Justicia
de la Ciudad de México ni mucho menos las juezas del Tribunal Superior
de Justicia capitalino y aunque por siete años confió en las
autoridades, todos la ignoraron, nadie le creyó y quienes encontraron
evidencia de su dicho prefirieron ocultarlo.
Así una historia que comenzó con una denuncia por violación sexual
infantil terminó cuando todas las instituciones encargadas de proteger a
las víctimas se excusaron y decidieron hacer caso omiso, lo que al
parecer llevó a Mireya a suicidarse junto a sus tres hijos, su madre y
su padre antes de ver que su ex pareja siguiera abusando sexualmente de
los tres menores de edad.
El 7 de junio pasado la policía encontró los cuerpos de seis personas
–una aún con vida– en una casa ubicada en la colonia San Jerónimo Lídice
de la delegación Magdalena Contreras de la capital del país. El primer
diagnóstico fue muerte por envenenamiento pero lo que no termina de
esclarecerse para la autoridad ni para la opinión pública es por qué la
familia decidió quitarse la vida.
Es por esta razón que un grupo de defensoras de Derechos Humanos de las
Mujeres y de la infancia, que conocieron el caso desde hace cuatro años,
expusieron este 4 de julio el recorrido que Mireya y sus hijos hicieron
desde diciembre de 2010 antes de decidir que era mejor estar muertos
que seguir enfrentando amenazas, abuso de poder y corrupción de quien L.
Olvera, quien fuera padre y esposo.
LA DENUNCIA
En 2010 el niño E, de tres años de edad, dejó de controlar sus
esfínteres, lloraba por cualquier cosa, tenía pesadillas y no quería
alejarse de su madre. Cuando Mireya notó los cambios en su
comportamiento pensó que era un problema de salud y lo llevó al
proctólogo. El médico le dijo que se trataba de síntomas de una posible
violación sexual.
Mireya, embarazada de unas gemelas, tenía que confirmar el diagnóstico
así que llevó a su hijo con una psicóloga, quien, después de 10 sesiones
de trabajado para el revisar el caso y escuchar el testimonio del niño,
determinó que el menor de edad fue víctima de violencia sexual por
parte de su padre.
Con las evidencias de su lado la madre quiso proteger a su hijo y el 16
de junio de 2011 denunció ante el Ministerio Público la violación sexual
(Averiguación previa FDS-6/T2/5/6/11-06) pero lo que pareció el inició
de una investigación para castigar al presunto culpable hizo que la
familia se encontrara con un ineficiente sistema de Agencias en Delitos Sexuales que se supone deberían ser especializadas.
Ese mismo año (29 de junio de 2011) Mireya solicitó un peritaje al
Hospital Psiquiátrico Infantil. Este fue el primer documento oficial que
se presentó como prueba y donde se confirmó el diagnóstico de abuso y
violencia sexual pero, mientras continuaba la denuncia penal, en casa L.
Olvera se defendió afirmando que era mentira y solicitando el divorcio y
la patria potestad de su hijo.
En agosto de 2011 el esposo de Mireya solicitó el divorcio ante el
Juzgado Décimo de lo Familiar del Tribunal Superior de Justicia de la
Ciudad de México, a cargo de la jueza Cristina Espinoza Rosello, quien
como primera acción determinó un régimen de visitas y convivencia
provisional entre el padre y las dos niñas que ya habían nacido.
Con todo y que había una denuncia por abuso sexual infantil, en abril de
2012 L. Olvera pidió a la jueza que le autorizara las visitas con su
hijo.
Para junio de 2012, por orden de la jueza Espinoza Rosello, el DIF de la
Ciudad de México hizo un segundo peritaje al niño y uno al padre. Las
pruebas indicaron que el padre pudo ser víctima del mismo delito cuando
era menor de edad y se detectó además que era probable responsable del
abuso contra E; mientras que el niño relató cómo su padre usaba una
máscara mientras lo violaba.
Cuando las pruebas apuntaban a la culpabilidad de L. Olvera, en octubre
de 2012 él solicitó a la titular del Juzgado Décimo de lo Familiar que
se realizaran pruebas periciales sobre Alienación Parental, figura que
–a pesar de no ser reconocida por ninguna institución de salud ni
psiquiátrica de prestigió– en 2014 fue incorporada a la legislación
capitalina, en el Artículo 323 séptimus del Código Civil.
La jueza autorizó el peritaje sin importar que el 9 de junio de 2014 la
Comisión de Derechos Humanos capitalina impugnó esta figura jurídica a
través de una Acción de Inconstitucionalidad (19/2014) ante la Suprema
Corte de Justicia de la Nación. El argumento del organismo fue que se
trataba de un término que califica a las niñas y niños como mentirosos y
a las madres como manipuladoras. El caso aún está por resolverse.
Mientras la denuncia ante la Fiscalía de la Procuraduría capitalina, en
ese entonces encabezada por Miguel Ángel Mancera, parecía no avanzar, en
el Juzgado del Tribunal Superior de Justicia L. Olvera ganaba pruebas
para que sus hijos se quedaran con él. Por ejemplo, la jueza autorizó
que la institución encargada de hacer el estudio de Alienación Parental
fuera el Instituto de Ciencias Forenses (Incifo) que depende del
Tribunal.
MANIPULACIÓN
El Incifo realizó un peritaje a L. Olvera, a Mireya y otro más al niño.
Según los resultados del tercer estudio que se hizo al menor de edad, no
había evidencia de “victimización sexual”, entre otras cosas porque el
niño usaba las mimas palabras que la madre para hacer referencia al
presunto abuso.
Los resultados de las valoraciones que hizo esta instancia del Tribunal
sirvieron para que la jueza Espinoza Rosello ordenara una terapia entre
el padre y el niño para “restablecer la relación paterno filial” y es
que uno de los supuestos de la Alienación Parental es que este
“síndrome” se “cura” haciendo que la presunta víctima y el victimario
convivan.
En diciembre de 2012 la jueza pidió que el Incifo realizara estas
terapias de acercamiento pero la institución informó que no hacía ese
tipo de intervenciones por lo que ese pidió a la Asociación para el
Desarrollo Integral de Personas Violadas (Adivac) atender el caso. Una
vez que la organización recibió información y tomando en consideración
el principio de “interés superior de la infancia”, en febrero de 2013
comenzó a realizar terapias con E para abordar el tema de violencia
sexual.
Presionada por su ex pareja y la jueza, y viendo que la denuncia no
llegaría a ningún lado, el 3 de noviembre del 2013 Mireya aceptó firmar
un convenio de custodia compartida. Ya en febrero del siguiente año toda
la familia, aunque todavía estaban separados los padres, viajaron a
Disneylandia, pero pronto Mireya se dio cuenta del error cuando una de
sus hijas gemelas le dice que padre abusó de ella.
Al enterarse, en febrero de 2014, la madre de inmediato presentó otra
denuncia ante la Fiscalía Central de Delitos Sexuales (Averiguación
Previa FDS/FDS/-6/T3/153/14-02) pero a la vez L. Olvera presenta un
recursos ante el Juzgado Décimo para que se le otorgara la guarda y
custodia.
De acuerdo con una entrevista que Mireya dio a un medio de comunicación
televisado antes de quitarse la vida, los juzgados violentaron los
derechos de sus hijos al obligarlos a convivir con su padre aun cuando
ellos no querían y sin considerar que su ex pareja era acusado de
violencia sexual. En esa misma entrevista la fiscal de Atención a
Delitos Sexuales de la Procuraduría capitalina, Alicia Rosas Rubí, se
excusó diciendo que “hasta cierto punto” era un tema en materia
familiar.
Para evidenciar el acuerdo de custodia compartida, avalado por el
Juzgado Décimo, Mireya pidió apoyó a Adivac para interponer una queja
ante el Consejo de la Judicatura y al mismo tiempo interpuso una queja
ante la Comisión de Derechos Humanos capitalina. Ninguna de las dos
quejas tuvo resultados pero la jueza Espinoza Rosello se excusó de
seguir conociendo el caso.
Para septiembre de 2014, el Juzgado Undécimo de lo Familiar, a cargo de
la jueza Silvia Araceli García Lara, retoma el caso. Un mes después del
cambio de Juzgado se citó una audiencia en el despacho de la jueza para
que las niñas y los niños declararan lo sucedido.
El niño contó todo el abuso sexual, no obstante la jueza García Lara
solicitó a la secretaria que hiciera pasar al padre de las niñas y el
niño, quien llegó con juguetes. Al verlo, el niño tiró los juguetes a la
basura y dijo que no quería nada de él. La jueza intentó obligar a los
menores de edad a convivir con su padre pero ante la negativa del abuelo
materno, ordenó que llegue la policía.
En 2015 Mireya continuaba con el proceso familiar para proteger a sus
hijos pero era obligada por la jueza a llevarlos a un Centro de
Convivencia del Tribunal y cada vez que no lo hacía era multada; incluso
tenía una orden de arresto; por su parte L. Olvera no depositaba la
pensión. Fue en 2016 cuando una de las gemelas dijo que su padre la
tocaba en el baño del Centro, donde no hay cámaras ni vigilancia.
Al conocer esto, en septiembre de 2016, Mireya interpuso la tercera
denuncia ante la Procuraduría capitalina, quien abrió una carpeta de
investigación (CI-FDS/FDS2/VIFDS/2/01/1263/092016) por abuso sexual del
padre contra una de sus hijas en el Centro de Convivencia del Tribunal
Superior; pero un mes después, a la niña se le hizo la prueba de Bosty
(creada para explicar enfermedades y operaciones a niñas y niños), la
cual resultó negativa.
AMENAZAS
El 24 de octubre de 2016 L. Olvera denunció a Mireya ante la
Procuraduría por violencia familiar contra sus hijas e hijo y como
consecuencia el ex esposo se presentó con agentes judiciales de la
Fiscalía para la Protección de Niñas, Niños y Adolescentes para allanar
la casa de Mireya y entrar a la casa de los abuelos maternos,
intimidando y amenazando a la familia para que entregarán a las niñas y
al niño. No los entregaron.
Los testimonios recogidos por Adivac, cuando conoció el caso, indican
que hubo amenazas e intimidación hacia Mireya y hacia sus padres, lo que
podría estar relacionado con el suicidio del 7 de junio.
El presunto detonante, dicen las activistas, ocurrió en octubre del año
pasado cuando la Jueza Undécima de lo familiar le informó a Mireya que
perdió la guarda y custodia e impidió que los abuelos maternos se
relacionaran con las gemelas. A pesare de todo la mujer seguía
interponiendo recursos jurídicos para evitar que sus hijas e hijo se
quedaran con su padre, quería que su caso llegara a la Suprema Corte en
caso de ser necesario.
Casi siete años después de la primera denuncia Mireya, sus padres, y sus
tres hijos optaron por quitarse la vida y hoy feministas, defensoras de
los derechos de la infancia y activistas por los derechos de las
mujeres exigen que se investigue el suicidio porque pudo ser provocado y
además quieren que se evidencie que las instituciones fallaron y que
detrás de la historia hay una serie de omisiones a indagar.
Agrupaciones como Adivac, Save the Children, el Grupo de Acción por los
Derechos Humanos y la Justicia Social y el Centro hermanas Mirabal de
Derechos Humanos, entre otras más, alertan que hay más casos como el de
Mireya y más mujeres, niñas y niños víctimas de una figura jurídica que
criminaliza a las madres por lo que llaman a la Suprema Corte a resolver
el recursos sobre Alienación Parental y derogar este concepto de la
legislación capitalina.
CIMACFoto: Nelson Rodríguez
Por: Anayeli García Martínez Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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