).- Durante décadas, la familia de los Claudios fue indisoluble con
el poder político. El padre, Claudio X. González Laporte ha sido pilar
en la consolidación del modelo de liberalización económica acelerado por
Carlos Salinas, de quien fue asesor para asuntos empresariales.
Su influencia como presidente de lo que fue el Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios, la élite de la élite empresarial ahora llamado
Consejo Mexicano de Negocios, lo ha convertido a pulso en un ideólogo de
los empresarios.
Ha sido un entusiasta promotor de la alternancia entre el PRI y el
PAN en la Presidencia de la República, y del grupo de altos funcionarios
que lo mismo han servido a los gobiernos de un partido que del otro.
Hasta ahí nada nuevo en la relación entre el gran empresariado y el
poder político. Desde el régimen autoritario del PRI del siglo pasado,
los empresarios se amoldaron al viejo sistema y su economía cerrada aun
cuando tuvieran enfrentamientos con Los Pinos, como en la época de Luis
Echeverría y José López Portillo, en los años setenta y principios de
los ochenta.
Pero nada como la confrontación de fondo que ahora tiene la familia
del presidente de Kimberly Clark en México, exconsejero de Televisa y
asesor de múltiples empresas e iniciativas con la presidencia de Enrique
Peña Nieto.
Esta vez, la batalla es más que coyuntural. Claudio X. González
Guajardo, quien durante dos décadas se ha dedicado a promover agendas
específicas a través de fundaciones, que han gozado de beneficios
fiscales, ha logrado dar el salto de la élite económica heredada de su
padre al terreno de la sociedad civil.
Su graduación como activista social se la otorgó hace unos días el diario The New York Times, cuando publicó una alegada persecución a la que estaría sujeto por parte del presidente Enrique Peña Nieto.
Después de impulsar desde los gobiernos del PAN la reforma educativa,
desde el año pasado González Guajardo encabeza un sólido proyecto de
agenda pública que va más allá del gobierno de Peña, cuya marca de por
sí ha sido la de la corrupción.
A través de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la
Impunidad, el empresario ha logrado establecer la agenda pública ante
las demandas de transparencia y rendición de cuentas, sin las cuales es
imposible la existencia de un Estado democrático moderno.
Auténticas, tales exigencias parecen ser ahora un ariete de un
proyecto empresarial que le ha causado graves daños a la imagen del
gobierno y sus colaboradores, incluida la excandidata presidencial del
PAN y al gobierno del Estado de México, Josefina Vázquez Mota.
De ahí los escándalos que ha documentado sobre la corrupción,
principalmente del gobierno federal. El más reciente, el Ferrari hasta
ahora desconocido del aspirante a fiscal general de la República, Raúl
Cervantes.
Todo lo que abone a la transparencia y a un esperado castigo de la
cleptocracia en México es bienvenido periodística y socialmente. Pero
una pregunta válida es hasta dónde quiere llegar la familia de Claudio
X. González con la gran cantidad de información que posee sobre las
élites políticas y económicas del país.
Comentarios: @jorgecarrascoa
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