En su mensaje con motivo del Quinto Informe de Gobierno, el presidente Enrique Peña Nieto habló de la mejora en el poder adquisitivo y añadió:
“Aquí destaco las buenas relaciones laborales entre empresarios y trabajadores. En 46 meses, prácticamente no ha habido huelgas de carácter federal, no obstante que se han realizado 39 mil revisiones salariales y contractuales”.
Mintió.
La afirmación que pretende informar que en lo que va del sexenio no hubo huelgas, la han repetido al menos desde finales de 2016, tanto Peña Nieto como el secretario del Trabajo y Previsión Social (STPS), Alfonso Navarrete Prida.
Para confirmarlo de manera oficial, se realizó una solicitud de acceso a la información a la STPS, en cuya respuesta se exponen los siguientes datos:
Del 1 de diciembre de 2012, al último día de febrero pasado, han estallado 22 huelgas de jurisdicción federal, además de que 33 mil 417 emplazamientos a huelga fueron conjurados.
En diciembre de 2012, se registró una huelga, pero el año de mayor conflictividad fue 2013, cuando estallaron 18 huelgas, a las que se suman dos en 2016 y una enero de 2017, año este último en el que no se contabilizaron los meses de mayor conflictividad en la respuesta a la solicitud, o sea de marzo a mayo, cuando concluyen numerosas revisiones contractuales.
Una curiosidad del registro de huelgas es que, al revisar en qué entidades ocurrieron, resulta que ocho de las 22 fueron en el Estado de México, entidad de donde es oriundo el mandatario y gran parte de su gabinete, incluyendo a Navarrete Prida.
La cifra tendría que ser superior pues existe evidencia de huelgas que estallaron pero que la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje declaró ilegales, como es el caso de lo ocurrido en la Universidad Autónoma Agraria “Antonio Narro”, en Coahuila, apenas en febrero pasado.
Aunque se había cumplido con todas las formalidades la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) la declaró ilegal por considerar que se había incumplido con un requisito de forma en el emplazamiento pues el sindicato puso “ejido Buenavista. Domicilio conocido”, algo que es correcto pues la localidad es ocupada por la Universidad y no tiene nomenclatura. Sin embargo, eso le valió la declaratoria de ilegalidad, según denuncio Roxana Cuevas, la dirigente sindical.
Por detalles como ése, el derecho a la huelga se ha visto menoscabado, de acuerdo al laboralista Manuel Fuentes Muñiz, que ha registrado prácticas inhibitorias y extralegales de la JFCA, por forzar negociaciones entre trabajadores y empresarios.