PORTADAS:Recula el PRI: va por fiscal general sin pase automático/Obtiene Frente primera victoria/México inicia la batalla por “dreamers”/
La Sedesol es señalada de desviar 2,000 mdp, dice investigación
/Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?/Gobierno de Peña, marcado por la represión y 106 defensores de derechos humanos asesinados: Red TDT/Sanciona INE con casi 100 millones de pesos a coalición que postuló a Peña Nieto/Ley de Seguridad Interior, la disputa por el botín/Guerra contra México/El pueblo de izquierda ya tiene un candidato y ese es AMLO, no hay otro ni va a haber otro: Pablo Gómez/El Inegi dibuja un México de clase media, pero un estudio de la Ibero dice que, en realidad, es de pobres/
REFORMA
Obtiene Frente primera victoria
El Frente Ciudadano por México, integrado por PAN, PRD y Movimiento Ciudadano, se apuntó ayer su primera victoria.Luego de que quedó registrado ante el Instituto Nacional Electoral
(INE), legisladores del Frente se unieron en la Cámara de Diputados para
impedir la instalación de la Mesa Directiva.El PRI y aliados sumaron 257 votos a favor, mientras que PAN, PRD y
MC, además de Morena, sumaron 209 en contra. Hubo además dos
abstenciones. Se requerían 312 votos. Ganó el Frente.Los diputados del Frente habían condicionado su voto a favor de la
instalación de la Mesa Directiva a la eliminación del "pase automático"
del Procurador Raúl Cervantes a la Fiscalía General.El panista Federico Döring consideró que es necesaria la intervención
del Presidente Enrique Peña para destrabar esta crisis legislativa."Si no logramos que el Presidente escuche a la sociedad, si no
logramos que el Presidente entienda que un fiscal carnal, para tapar la
cola de corrupción de este Gobierno federal, es inadmisible, tenemos
esta herramienta legislativa. Si el Presidente renuncia al fiscal carnal
todo se arregla", manifestó Döring.El perredista Jesús Zambrano destacó que la única demanda para votar
la integración de la Mesa Directiva es que el PRI garantice la
eliminación del "pase automático".Jorge Álvarez, de Movimiento Ciudadano, celebró que en San Lázaro
quedó demostrada la fuerza de los partidos que conforman el Frente, a
diferencia del Senado."Aquí (en la Cámara de Diputados) se van a topar con pared. Aquí no
van a hacer lo que fueron a hacer al Senado. Aquí sí hay Frente",
arengó.Por la noche, en el PRI y ante el dirigente nacional Enrique Ochoa,
el coordinador de los diputados tricolores, César Camacho, pidió a sus
correligionarios en el Senado descongelar la iniciativa de Peña en la
que de manera categórica pide evitar el pase automático.
EL UNIVERSAL
EXPANSIÓN CNN
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción revela que Desarrollo Social desvió, a través de la Universidad Autónoma del Edomex y de Morelos, 2,000 mdp destinados a combatir la pobreza.La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desvió a través de la Universidad Autónoma del Estado de México y de Morelos 2,000 millones de pesos destinados para combatir la pobreza, de acuerdo con la segunda parte de la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción revelada la noche de este martes.El Gobierno mexicano habría desviado cerca de 8,000 millones de pesos entre el 2013 y el 2014 a través de 128 empresas que no debían recibir recursos públicos por no tener infraestructura ni estar legalmente establecidas, de acuerdo con un informe dado a conocer el lunes."La Sedesol, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500,000 paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado", se lee en el reportaje dado a conocer eeste martes.El presunto desvío se llevó a cabo, gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron 10 convenios con esas dos universidades por un monto de 2,224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza y dichas instituciones se quedaron con una comisión de 215 millones 446,000 pesos, según la investigación.
López Obrador dice que revisará los contratos petroleros si gana la Presidencia
La Sedesol es señalada de desviar 2,000 mdp, dice investigación
Una investigación de Mexicanos contra la Corrupción revela que Desarrollo Social desvió, a través de la Universidad Autónoma del Edomex y de Morelos, 2,000 mdp destinados a combatir la pobreza.La Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) desvió a través de la Universidad Autónoma del Estado de México y de Morelos 2,000 millones de pesos destinados para combatir la pobreza, de acuerdo con la segunda parte de la investigación de Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción revelada la noche de este martes.El Gobierno mexicano habría desviado cerca de 8,000 millones de pesos entre el 2013 y el 2014 a través de 128 empresas que no debían recibir recursos públicos por no tener infraestructura ni estar legalmente establecidas, de acuerdo con un informe dado a conocer el lunes."La Sedesol, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500,000 paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre. Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado", se lee en el reportaje dado a conocer eeste martes.El presunto desvío se llevó a cabo, gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron 10 convenios con esas dos universidades por un monto de 2,224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza y dichas instituciones se quedaron con una comisión de 215 millones 446,000 pesos, según la investigación.
López Obrador dice que revisará los contratos petroleros si gana la Presidencia
El líder de
Morena advirtió que obtener el triunfo en 2018 revisará los contratos
que se han otorgado a inversionistas; aclara que será respetuoso de la
ley.El izquierdista Andrés Manuel López Obrador dijo este martes que de
ganar la presidencia de México en 2018 revisará los contratos petroleros
que el país ha firmado tras la apertura del sector, e intervendrá en la
industria para evitar que la producción de hidrocarburos local siga en
declive.El político de 63 años encabeza varios sondeos de preferencias
electorales, mientras que sus opositores quieren hacer una suerte de
frente común para evitar que llegue al poder, argumentando que es un
populista que busca emular el modelo de Venezuela, autodeclarado
"socialista".México abrió su sector energético con una profunda reforma entre 2013
y 2014 para dar paso a inversores internos y externos a participar en
actividades de exploración y extracción de hidrocarburos. Ha adjudicado
en varias licitaciones yacimientos en tierra, aguas someras y profundas
con la promesa de apuntalar la producción de crudo y gas."Nosotros vamos a intervenir porque no queremos quedarnos sin
producir petróleo, hay que detener la caída en la producción, si no,
vamos a terminar comprando crudo, eso no. Vamos a intervenir pronto y
vamos a revisar los contratos", dijo en un acto en el Wilson Center en
Washington.El líder y fundador del partido Morena no precisó cómo sería esa
intervención, pero afirmó que no confía en quienes suscribieron los
contratos por México y quiere asegurarse de que no tengan condiciones
desfavorables para el país."No vamos a actuar de manera arbitraria, vamos a ser respetuosos de la legalidad, pero sí vamos a revisar contratos", refirió."Todo lo relacionado con Pemex tiene que ser un negocio público, son
utilidades para los mexicanos y tenemos que cuidar eso, no es un asunto
ideológico, no es un asunto político", agregó.La producción de crudo de México ronda los 2 millones de barriles por
día, luego de que tocó un techo de 3.4 millones de barriles por día en
el 2004. Las autoridades han dicho que tras la reforma la producción irá
subiendo paulatinamente en un lapso de varios años.
ANIMAL POLÍTICO
Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?
La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.Únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.Las universidades, que no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, “solo” se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.Pero el resto del dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.Durante varios meses, Animal Político y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.La investigación arrojó que los recursos se entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; a otras tres que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro ante la Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar.
Yo te aseguro que yo no fui: las respuestas de las depedencias señaladas en #LaEstafaMaestra
Algunas de las universidades y dependencias del gobierno federal que celebraron contratos para desviar miles de millones de pesos respondieron a través de cartas a lo revelado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).Luego de revelar que dependencias del gobierno federal y universidades celebraron contratos con empresas irregulares para desviar miles de millones de pesos, algunas dependencias señaladas responden.Aseguran que los contratos fueron firmados legalmente, otros niegan ser sujetos de investigación y las que tienen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación aseguran estar trabajando para aclarar lo sucedido.Lo cierto es que #LaEstafaMaestra reveló que el gobierno federal, a través de 11 dependencias, celebraron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.Universidad Autónoma del Estado de México.La Universidad Autónoma del Estado de México atendió y atiende de manera puntual, a cabalidad y plenitud, con toda corrección legal, cada una de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no cuenta con ninguna queja, sanción o procedimiento legal o administrativo en contra de alguna instancia.Con respecto a las auditorías de 2013 y 2014, la institución realiza un esfuerzo profesional y honesto para entregar toda la documentación referente a la liberación de los usuarios que signaron los convenios que de este periodo fueron auditados.Es de destacar que se cuenta con la documentación necesaria y suficiente, amplia y fiable, para aclarar cualquier acusación, como ya se ha hecho, al solventar con apego a la legalidad, las observaciones realizadas por la ASF, cuyas conclusiones se esperan.La Universidad Autónoma del Estado de México no ha sido partícipe de ninguna estafa o fraude. Insta a su comunidad y a la sociedad en general a no realizar conclusiones anticipadas y confiar en la honestidad del quehacer institucional, fundamentado en principios éticos y de transparencia, de solvencia intelectual y profesionalismo.
PROCESO
Sedesol: ¿Dónde quedó el dinero para los más pobres?
La Secretaría de Desarrollo Social, entonces encabezada por Rosario Robles, tenía en 2013 un presupuesto de 555 millones de pesos para repartir 500 mil paquetes de alimentos, camisetas, gorras y para difundir la Cruzada Nacional contra el Hambre, estrategia recién creada por el gobierno para combatir la pobreza extrema.Los apoyos debían llegar a las familias con pobreza alimentaria que, desde abril de 2013, se unirían a la Cruzada y cuyos hogares están en las zonas marginadas de 11 estados, entre ellos Campeche, Guerrero, Yucatán y Chiapas.Sin embargo, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) confirmó que solo se entregó el 7% de las despensas que supuestamente se habían comprado. Tampoco hay constancia de que los programas y beneficios restantes hayan llegado a los más pobres.Únicamente hay pruebas de que la Sedesol pagó por los servicios.Este desvío se concretó gracias a la firma de convenios entre esta secretaría y las universidades autónomas de Morelos y Estado de México, que sirvieron de intermediarias.En la Cuenta Pública de 2013 y 2014 se reportaron diez convenios con esas dos universidades por un monto de 2 mil 224 millones, que debían destinarse a ampliar la cobertura de programas sociales, mejores servicios en las zonas más rezagadas del país o combatir la pobreza.Las universidades, que no dieron ningún servicio y únicamente se prestaron para la operación, “solo” se quedaron con una comisión de 215 millones 446 mil pesos.Pero el resto del dinero, poco más de dos mil millones de pesos, se lo entregaron a 20 empresas, 19 de ellas con un ramillete de irregularidades por las que deberían estar inhabilitadas para recibir contratos públicos, según lo que marca la ley.Durante varios meses, Animal Político y MCCI se dieron a la tarea de visitar las oficinas de esas empresas en seis estados, buscaron a los socios en las direcciones registradas y recabaron información oficial del SAT y la Secretaría de Economía.La investigación arrojó que los recursos se entregaron a tres empresas fantasma, catalogadas así por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) en 2015; a otras tres que están bajo investigación del mismo SAT por presuntas operaciones irregulares; a seis que no cumplen con un requisito indispensable para operar —el registro ante la Secretaría de Economía—; a una cuya oficina fue desmantelada apenas se recibió el dinero; a otra que no fue localizada por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) —que reportó como domicilio para sus operaciones uno que no corresponde a su sede—; a una que tiene una oficina virtual de la que no existe registro de que pueda realizar servicios; a otra que es un despacho contable sin personal o infraestructura, y a tres más que tienen un objeto social que es completamente distinto al servicio que debían dar.
Yo te aseguro que yo no fui: las respuestas de las depedencias señaladas en #LaEstafaMaestra
Algunas de las universidades y dependencias del gobierno federal que celebraron contratos para desviar miles de millones de pesos respondieron a través de cartas a lo revelado por Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad (MCCI).Luego de revelar que dependencias del gobierno federal y universidades celebraron contratos con empresas irregulares para desviar miles de millones de pesos, algunas dependencias señaladas responden.Aseguran que los contratos fueron firmados legalmente, otros niegan ser sujetos de investigación y las que tienen observaciones de la Auditoría Superior de la Federación aseguran estar trabajando para aclarar lo sucedido.Lo cierto es que #LaEstafaMaestra reveló que el gobierno federal, a través de 11 dependencias, celebraron contratos ilegales por 7 mil 670 millones de pesos y de este dinero no se sabe dónde quedaron 3 mil 433 millones.Universidad Autónoma del Estado de México.La Universidad Autónoma del Estado de México atendió y atiende de manera puntual, a cabalidad y plenitud, con toda corrección legal, cada una de las observaciones realizadas por la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y no cuenta con ninguna queja, sanción o procedimiento legal o administrativo en contra de alguna instancia.Con respecto a las auditorías de 2013 y 2014, la institución realiza un esfuerzo profesional y honesto para entregar toda la documentación referente a la liberación de los usuarios que signaron los convenios que de este periodo fueron auditados.Es de destacar que se cuenta con la documentación necesaria y suficiente, amplia y fiable, para aclarar cualquier acusación, como ya se ha hecho, al solventar con apego a la legalidad, las observaciones realizadas por la ASF, cuyas conclusiones se esperan.La Universidad Autónoma del Estado de México no ha sido partícipe de ninguna estafa o fraude. Insta a su comunidad y a la sociedad en general a no realizar conclusiones anticipadas y confiar en la honestidad del quehacer institucional, fundamentado en principios éticos y de transparencia, de solvencia intelectual y profesionalismo.
PROCESO
Gobierno de Peña, marcado por la represión y 106 defensores de derechos humanos asesinados: Red TDT
En lo que va del sexenio del presidente Enrique Peña Nieto, 106 defensores de derechos humanos han sido asesinados -30 de ellos tan sólo en los primeros siete meses de 2017-, mientras que 81 fueron víctimas de desaparición forzada y mil 37 sufrieron alguna agresión, reveló un informe publicado hoy por la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (TDT).De acuerdo con este documento, las fuerzas de seguridad estatales y federales fueron responsables de siete de cada 10 violaciones a los derechos humanos de los defensores registradas. Pero los agresores también vistieron de civil: el informe identificó grupos de choque, empresas privadas, medios de comunicación, bandas de la delincuencia organizada y caciques locales.Dos de cada 10 agresiones contra defensores de derechos humanos están ligadas con megaproyectos; la mitad de las víctimas fueron defensores comunitarios o integrantes de una organización social y la tercera parte de ellas pertenecían a un pueblo indígena, según el informe.En todos estos casos, “lo que impera es la impunidad y la raíz de estos problemas es la misma impunidad, garantizada por la élite política”, deploró Fernando Martínez Ríos, secretario general de la Red TDT, durante la presentación del informe. Estimó que éste es un “sexenio marcado por la represión constante a los defensores de los derechos humanos”.Entre el 1º de diciembre de 2012 -cuando policías reprimieron las manifestaciones contra la toma de protesta de Peña Nieto- y noviembre de 2016, la Red TDT documentó tres mil 380 agresiones perpetradas contra mil 37 defensores de derechos humanos y 422 colectivos.La red, que agrupa a 84 organizaciones en 23 estados del país, señaló en su informe que esta cifra es “sólo es una muestra” de lo que muchas otras comunidades amenazadas y organizaciones viven cada día.Los integrantes de la mesa de debate insistieron en la gravedad de la situación y llamaron el Estado mexicano a tomar sus responsabilidades y proteger a todos sus ciudadanos, incluso a quienes disienten de las decisiones de sus gobernantes, entre ellas las reformas estructurales.
El INE aprobó sancionar al PRI y al Partido Verde con una multa de 98 millones 479 mil pesos por el uso de tarjetas Monex
y omitir gastos de campaña de la pasada elección federal del 2012, en
la cual resultó vencedor Enrique Peña Nieto, en acatamiento a sentencias
del TEPJF.Originalmente, las sanciones a ambos partidos, que formaron la coalición “Compromiso por México”, sumaban 9 millones 861 mil 723 pesos.De la nueva cifra, 78.9 millones corresponden al tricolor y 19.5 millones al PVEM.Sin embargo, si bien hubo un alza en las multas en varios rubros por delitos cometidos por la coalición, en el tema de los recursos prorrateados indebidamente hubo una reducción.En el dictamen aprobado por el Consejo General, la UTF detectó que se
prorratearon recursos económicos de las campañas de candidatos
propuestos por la alianza PRI-PVEM a campañas de candidatos que no
formaron parte del convenio de coalición por un importe de 63 millones 997 mil 753 pesos.Debido a ese agravio, el INE sancionó con 51.9 millones al PRI y 12.7 millones al PVEM.El consejero Benito Nacif cuestionó la cifra, pues,
alegó, cuando se revisó originalmente el caso, en 2013, el INE había
detectado que la coalición prorrateó indebidamente 293.2 millones de
pesos.Nacif pidió regresar el dictamen a la Unidad Técnica de
Fiscalización, apoyado por los consejeros Pamela San Martín, Claudia
Zavala y Roberto Ruiz, a fin de que se aclare por qué se disminuyó el monto de los recursos prorrateados por el PRI-PVEM, pero la petición no prosperó.El Consejo General del Instituto Nacional Electoral impuso multas
por un total de 191 millones 686 mil 394.77 pesos al PRI, PVEM, PRD,
Movimiento Ciudadano y PT, resultado de irregularidades detectadas en gastos de campañas de 2012.En sesión extraordinaria, el INE resolvió las multa a los partidos
Revolucionario Institucional (PRI), Verde Ecologista de México (PVEM),
de la Revolución Democrática (PRD), Movimiento Ciudadano y del Trabajo
(PT) en acatamiento a sentencias de la autoridad electoral judicial.El Consejo General del INE determinó que las multas serán cobradas después del 1 de julio de 2018,
es decir tras las elecciones del próximo año, a propuesta del consejero
Enrique Andrade y en atención a la reflexión de la Sala Superior.
Cifras hospitalarias revelan que la violencia en México es peor de lo que se informa
Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que 2017 será el año más violento en materia de homicidios y lesiones, si se mantiene la tendencia mostrada en estos primeros siete meses.Sin embargo, la información que genera el sistema de Salud del país indica que la crisis de seguridad es mayor.Cada persona que acude a un hospital público es registrada en un sistema nacional donde constan los datos de los pacientes y la atención que recibió.El personal del sistema de salud clasifica los padecimientos con una escala internacional, que incluye desde un examen de la presión sanguínea hasta lesiones provocadas por un ataque terrorista.Con esta información es posible conocer cuántas personas son atendidas por disparo de arma de fuego. El resultado es concluyente: el problema de seguridad es mayor al que reporta cada mes el gobierno federal con información de las procuradurías estatales.Las cifras de atención hospitalaria indican que en 2015 se atendieron 9 mil 801 lesiones por arma de fuego, pero únicamente se denunciaron 5 mil 930.En 2014, 9 mil personas fueron atendidas en un hospital por lesiones de arma de fuego, pero únicamente se denunciaron 6 mil 172 casos.La brecha entre casos denunciados ante Ministerio Público y los atendidos en hospitales es un indicio para conocer la cifra de ilícitos que no se denuncian o que no son captados por las autoridades.Los datos del sector salud disponibles abarcan de 2010 a 2015 y permiten establecer una diferencia de hasta 47 por ciento en el año 2015.PERFIL DE LAS VÍCTIMAS.Con los datos del sector salud es posible conocer el número de casos, pero también quiénes son: edad, sexo, lugar de residencia, hospital donde fueron atendidos, etc.Los datos demuestran que la violencia por armas de fuego afecta a jóvenes, pues el pico de agresiones se registra en personas de 17 a 30 años de edad.Según los datos anotados por los médicos, 85.8 por ciento de las víctimas son hombres, pero 2015 fue el récord de este periodo para víctimas mujeres.
Cifras hospitalarias revelan que la violencia en México es peor de lo que se informa
Las estadísticas del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP) indican que 2017 será el año más violento en materia de homicidios y lesiones, si se mantiene la tendencia mostrada en estos primeros siete meses.Sin embargo, la información que genera el sistema de Salud del país indica que la crisis de seguridad es mayor.Cada persona que acude a un hospital público es registrada en un sistema nacional donde constan los datos de los pacientes y la atención que recibió.El personal del sistema de salud clasifica los padecimientos con una escala internacional, que incluye desde un examen de la presión sanguínea hasta lesiones provocadas por un ataque terrorista.Con esta información es posible conocer cuántas personas son atendidas por disparo de arma de fuego. El resultado es concluyente: el problema de seguridad es mayor al que reporta cada mes el gobierno federal con información de las procuradurías estatales.Las cifras de atención hospitalaria indican que en 2015 se atendieron 9 mil 801 lesiones por arma de fuego, pero únicamente se denunciaron 5 mil 930.En 2014, 9 mil personas fueron atendidas en un hospital por lesiones de arma de fuego, pero únicamente se denunciaron 6 mil 172 casos.La brecha entre casos denunciados ante Ministerio Público y los atendidos en hospitales es un indicio para conocer la cifra de ilícitos que no se denuncian o que no son captados por las autoridades.Los datos del sector salud disponibles abarcan de 2010 a 2015 y permiten establecer una diferencia de hasta 47 por ciento en el año 2015.PERFIL DE LAS VÍCTIMAS.Con los datos del sector salud es posible conocer el número de casos, pero también quiénes son: edad, sexo, lugar de residencia, hospital donde fueron atendidos, etc.Los datos demuestran que la violencia por armas de fuego afecta a jóvenes, pues el pico de agresiones se registra en personas de 17 a 30 años de edad.Según los datos anotados por los médicos, 85.8 por ciento de las víctimas son hombres, pero 2015 fue el récord de este periodo para víctimas mujeres.
CONTRALÍNEA
Ley de Seguridad Interior, la disputa por el botín
La politización de la Ley de Seguridad Interior y los intereses de los gobernadores por el botín de los recursos frenan su aprobación en el Congreso. Mientras, continúa la militarización de la seguridad pública y aumentan las violaciones a los derechos humanos. La discusión en el Congreso de la Unión de la Ley de Seguridad Interior no es más que la lucha por el botín de los recursos que reclaman los gobernadores, cuyos legisladores no trabajan para el interés nacional sino para los intereses partidistas. En tanto, se profundiza la inseguridad pública del país.Es la conclusión de especialistas, académicos y expertos en seguridad pública, seguridad nacional e inteligencia. Coinciden en que la aprobación de una ley que regule la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado está cada vez más lejos de los intereses de los partidos políticos y de los gobernadores.La iniciativa de Ley de Seguridad Interior se partidizó en función de los intereses de los gobernadores, quienes controlan a sus legisladores. El epicentro de la discordia es el mando único por la subsidiaridad de las Fuerzas Armadas, ante la incapacidad de las policías estatales y municipales frente a los azotes del crimen organizado, señala el doctor Emilio Vizarrretea Rosales.Para los gobernadores, agrega, si no se resuelve el mando único donde ellos intervengan, vinculado a la seguridad interior, no va a haber mando único ni Ley de Seguridad Interior. “Por eso surge el tema del mando mixto como salida, pero ni siquiera este es el fondo, sino el botín, los recursos de seguridad pública que quieren seguir administrando y ahí es donde se entrampa la discusión de la ley”.Y es que el rubro de la seguridad es el que más ha crecido en el presupuesto federal año con año. Hoy se ejercen, en total, 264 mil millones de pesos, como revela el estudio Panorama del gasto federal en seguridad, 2006-2016. Temas estratégicos 47, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.En entrevista, Vizarretea Rosales considera que las cinco iniciativas congeladas en el Congreso no chocan entre sí. Sólo hay dos posiciones, dice: la que les daría todo tipo de legitimidad para la intervención a las fuerzas armadas o que regresen a sus cuarteles, en la condición de crecimiento de la violencia, inseguridad e impunidad que vive el país.Martín Barrón Cruz, maestro por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), alerta sobre la militarización de la seguridad pública que aumentaría la violación a los derechos humanos en agravio de la población civil.
Ley de Seguridad Interior, la disputa por el botín
La politización de la Ley de Seguridad Interior y los intereses de los gobernadores por el botín de los recursos frenan su aprobación en el Congreso. Mientras, continúa la militarización de la seguridad pública y aumentan las violaciones a los derechos humanos. La discusión en el Congreso de la Unión de la Ley de Seguridad Interior no es más que la lucha por el botín de los recursos que reclaman los gobernadores, cuyos legisladores no trabajan para el interés nacional sino para los intereses partidistas. En tanto, se profundiza la inseguridad pública del país.Es la conclusión de especialistas, académicos y expertos en seguridad pública, seguridad nacional e inteligencia. Coinciden en que la aprobación de una ley que regule la participación de las Fuerzas Armadas en el combate al crimen organizado está cada vez más lejos de los intereses de los partidos políticos y de los gobernadores.La iniciativa de Ley de Seguridad Interior se partidizó en función de los intereses de los gobernadores, quienes controlan a sus legisladores. El epicentro de la discordia es el mando único por la subsidiaridad de las Fuerzas Armadas, ante la incapacidad de las policías estatales y municipales frente a los azotes del crimen organizado, señala el doctor Emilio Vizarrretea Rosales.Para los gobernadores, agrega, si no se resuelve el mando único donde ellos intervengan, vinculado a la seguridad interior, no va a haber mando único ni Ley de Seguridad Interior. “Por eso surge el tema del mando mixto como salida, pero ni siquiera este es el fondo, sino el botín, los recursos de seguridad pública que quieren seguir administrando y ahí es donde se entrampa la discusión de la ley”.Y es que el rubro de la seguridad es el que más ha crecido en el presupuesto federal año con año. Hoy se ejercen, en total, 264 mil millones de pesos, como revela el estudio Panorama del gasto federal en seguridad, 2006-2016. Temas estratégicos 47, elaborado por el Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República.En entrevista, Vizarretea Rosales considera que las cinco iniciativas congeladas en el Congreso no chocan entre sí. Sólo hay dos posiciones, dice: la que les daría todo tipo de legitimidad para la intervención a las fuerzas armadas o que regresen a sus cuarteles, en la condición de crecimiento de la violencia, inseguridad e impunidad que vive el país.Martín Barrón Cruz, maestro por el Instituto Nacional de Ciencias Penales (Inacipe), alerta sobre la militarización de la seguridad pública que aumentaría la violación a los derechos humanos en agravio de la población civil.
REPORTE ÍNDIGO
Donald
Trump propició su primer ataque a México con la cancelación del
programa DACA, el cual afectaría a 800 mil jóvenes que podrían ser
deportados
REVOLUCIÓN TRES PUNTO CERO
El pueblo de izquierda ya tiene un candidato y ese es AMLO, no hay otro ni va a haber otro: Pablo Gómez
El político mexicano, Pablo Gómez, asegura que no se irá del PRD, y son los dirigentes actuales quienes deben hacerlo. Durante una entrevista con Revolución TRESPUNTOCERO, asegura que este partido se encuentra en la peor situación de su historia.“Desde hace mucho tiempo he planteado dentro del PRD, que más que nadie este partido está obligado a buscar la unidad de la izquierda y hacerla posible. Porque el pueblo de izquierda o que es progresista en general y puede abrazar la causa de la izquierda, ya tiene un candidato y ese es Andrés Manuel. No hay otro ni va a haber otro. Entonces lo que tiene que hacer el PRD es reconocer la realidad porque no solamente está para pelear sino para hacerlo en un contexto de reconocimiento de realidades. Por eso debe de reconocer que la izquierda en su mayoría está apoyando la candidatura de López Obrador, todos lo sabemos”, afirma Pablo Gómez.Quien a su vez, indica que él como muchos otros militantes del PRD va apoyar la candidatura de Andrés Manuel, “llegando a un acuerdo con él para poder integrarnos en un posible futuro al gobierno con un programa en común, con los puntos que unen a toda la izquierda en este momento”.Reitera que el PRD está obligando más que nadie a sumarse a López Obrador, puesto que surgió uniendo a la izquierda mexicana en un solo partido. “Es lo que yo estoy exigiendo y voy a seguir exigiéndolo porque cada día más y más gente dentro del PRD está de acuerdo con el enfoque que acabo de exponer. Y va a seguir creciendo y de aquí a noviembre no van a improvisar una candidatura. El problema es que una parte de la dirección actual que es de Nueva Izquierda y los Galileos, están empeñados en hacer una alianza con el PAN postular a un panista para que sea presidente de la República”, señala el ex senador.Así va el sexenio: 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos; 7 entidades tienen 69% de abusos
Al menos mil 37 personas (273 indígenas) y 422 colectivos defensores de derechos humanos sufrieron algún tipo de abuso en lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, y hasta julio de 2017 se contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos, reveló un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.
Por regiones, el 69 por ciento de los casos se concentra en siete entidades: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla.Ciudad de México, 5 de septiembre (SinEmbargo).- Durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, de diciembre de 2012 al 30 de noviembre de 2016, se registran en 30 entidades del país 302 casos que afectaron a mil 37 personas (273 indígenas) y 422 colectivos defensores de derechos humanos, y hasta julio de 2017 se contabilizaban 106 defensores asesinados y 81 desaparecidos, lo cual muestra que la protesta social se criminaliza y reprime, reveló un informe de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos “Todos los derechos para todas y todos”.Por regiones, el 69 por ciento de los casos se concentra en siete entidades: Chiapas, Oaxaca, Ciudad de México, Guerrero, Veracruz, Estado de México y Puebla.El mayor número de casos se ubica en Oaxaca: 13 situaciones por megaproyectos y 17 por las reformas estructurales.La violación a defensores de derechos humanos más recurrente es la detención arbitraria o ilegal (477 actos) y el delito más recurrente son las agresiones físicas/intento de homicidio (120 actos). Ante las reformas estructurales, el agudizamiento de la violencia, la desigualdad y la expansión de proyectos de despojo, han surgido actores sociales en las ciudades, comunidades indígenas, zonas rurales y fronterizas, donde libran una batalla continua para exigir el respeto de sus derechos humanos y de terceros, expone el estudio de Red TDT en el marco del V Informe de Gobierno.Desde el primero de diciembre de 2012, durante las manifestaciones por la toma de protesta de Peña Nieto como Presidente de la República, hubo 99 detenciones (12 menores de edad) y por lo menos seis casos de tortura. Un ciudadano murió un año después por las heridas causadas por una bala de goma.“Quedaría definida la línea que habría de seguir su gestión en lo referente al derecho humano a la protesta y a la libertad de expresión”, dice. El estudio revela que dentro de los 3 mil 380 actos registrados (de los 302 casos y 820 eventos), el 73 por ciento de las agresiones (2 mil 461 actos) son violaciones a los derechos humanos de los defensores por parte de agentes estatales.Los principales perpetuadores estatales son: fuerzas estatales de seguridad pública (110 eventos), instituciones federales (95 eventos), instituciones estatales de procuración de justicia (87 eventos).Los pertenecientes a los gobiernos estatales son los que tienen más alta frecuencia en el 39 por ciento (273 eventos), seguidos de los del gobierno federal con el 32 por ciento (220 eventos) y de los agentes del gobierno municipal con el 20 por ciento (141 eventos). De los 3 mil 380 actos registrados por la Red TDT, el 27 por ciento de las agresiones fue ejecutado por agentes no estatales con 919 actos: grupo de choque (70 eventos), empresa privada (46 eventos), medios de comunicación (36 eventos) y grupos de delincuencia organizada (34 eventos).De los 302 casos registrados de agresiones contra defensores de derechos humanos, 67 casos (el 22 por ciento) están relacionados con la Reforma Energética, la Ley Minera, Educativa y Telecomunicaciones.
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