Autor:
Nancy Flores / @Nancy_Contra
Por sueldo, compensación, aguinaldo, comidas y prima vacacional, cada consejero del INE cuesta a los mexicanos 4 millones 522 mil pesos al año. Privilegiados en un país de pobres, a estos “servidores públicos” se les otorgan tres seguros, una camioneta, un iPad y un celular, con cargo al erario. Para 2018, el INE busca incrementar su presupuesto en más de 3 mil millones
La austeridad no ha llegado al Instituto Nacional Electoral (INE): 10
consejeros –encabezados por el doctor Lorenzo Córdova Vianello–
perciben, cada uno, 303 mil pesos brutos (220 mil pesos netos)
mensuales, integrados por sueldo y compensación garantizada, revela el
oficio INE/DEA/4635/2017.
Esos ingresos superan en 94 mil pesos las percepciones del presidente
Enrique Peña Nieto, quien según el Portal de Obligaciones de
Transparencia gana 209 mil 135 pesos brutos al mes (142 mil 33 pesos
netos).
El onceavo consejero electoral –del que no se revela la identidad en
el documento obtenido por medio de la Ley General de Transparencia y
Acceso a la Información Pública Gubernamental– gana menos que sus
colegas pero más que el presidente de la República: sus percepciones
brutas ascienden a 270 mil 715 pesos al mes (187 mil 888 pesos netos).
La élite electoral –que se enfrenta a una profunda crisis de
legitimidad– lejos está de las penurias que pasan 53 millones 418 mil
mexicanos que sobreviven en situación de pobreza, de acuerdo con cifras
oficiales del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de
Desarrollo Social.
Además de las percepciones mensuales que reciben los consejeros, el
erario les paga tres costosas prestaciones por igual. Se trata de un
aguinaldo de 350 mil 178 pesos; dos primas vacacionales por 32 mil 688
pesos en total (1 mil 634 pesos por día hábil descansado); y 545 pesos
diarios, con excepción de fines de semana, para alimentación (11 mil 970
pesos mensuales). Tan sólo el gasto diario en comidas representa 6.8
salarios mínimos, tasados este 2017 en 80 pesos por jornada laboral.
De la información del INE se desprende que los 11 consejeros cuestan a
los mexicanos 49 millones de pesos anuales (a razón de 4 millones 522
mil 542 pesos por funcionario, con excepción del que obtiene “sólo” 3
millones 775 mil 86 pesos).
Seguros y otros beneficios
El gasto en esos 11 servidores públicos no para ahí. A cada uno se le
otorga un seguro de vida de cobertura básica por 40 meses de
percepciones brutas (en la mayoría de casos, esto es 12 millones 121 mil
pesos); un seguro colectivo de retiro que va de 10 mil a 25 mil pesos; y
un seguro de gastos médicos mayores por 295 salarios mínimos generales
mensuales en la Ciudad de México.
Además, en caso de que alguno de los consejeros electorales
falleciera, el INE prevé gastos funerarios hasta por 80 mil pesos (1 mil
veces el salario mínimo, indica el oficio).
Para “defender la democracia”, la élite electoral cuenta con más
privilegios, como el hecho de no desgastar su vehículo particular para
trasladarse de su domicilio a cualquier lugar, sin importar que se
dirija o no a una actividad pública.
Ello, porque el Instituto le asigna a cada consejero un vehículo. Una
lujosa camioneta Chevrolet Tahoe –con valor superior a los 560 mil
pesos– al consejero presidente; y a los otros 10 consejeros, camionetas
Toyota RAV4 con valor superior a los 300 mil pesos, consta en el
inventario de noviembre de 2016. Y no podía faltar la gasolina y el
mantenimiento de esos automotores, también pagados por la hacienda
pública.
Por si esto no fuera suficiente, Córdova Vianello, Enrique Andrade
González, Marco Antonio Baños Martínez, Adriana Margarita Favela
Herrera, Ciro Murayama Rendón, Benito Nacif Hernández, Dania Paola Ravel
Cuevas, Jaime Rivera Velázquez, José Roberto Ruiz Saldaña, Alejandra
Pamela San Martín Ríos y Valles y Beatriz Claudia Zavala Pérez obtienen
del INE un teléfono móvil con cobertura ilimitada y hasta un iPad.
El problema con este tipo de gastos es que en México no hay
“austeridad republicana”, observa el doctor en estudios sociales José
Manuel Luque Rojas. Eso es algo de lo que adolece todo el gobierno y no
sólo el Instituto, considera.
“Por supuesto que el INE debería de ajustarse y ser más austero”,
señala el también investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa.
Agrega que, por las facultades que le asignó la reforma constitucional
de 2014, el INE ahora es un monstruo con tentáculos en todos lados y por ello ejerce un presupuesto público millonario.
“A eso se le suman los gastos suntuosos que no se justifican, porque
[los consejeros electorales] tienen altos salarios, iPads, celulares,
[gastan] mucha gasolina, vehículos… pues eso se suma. Pero al final de
cuentas, si nosotros exigimos austeridad en las estructuras del INE –los
consejos, las juntas, las comisiones de vigilancia– entonces les vamos a atar las manos.
Lo que sí podemos exigir es que tengan salarios adecuados a la
situación del país, y eso hay que exigirlo también a los gobernantes y
legisladores.”La dote matrimonial de Lorenzo
Desde tiempo atrás, la austeridad ha sido algo distante del consejero
presidente del INE: el 30 de octubre de 2000, cuando se desempeñaba en
un cargo menor al actual, el doctor Córdova Vianello obtuvo 39 mil 875
pesos por concepto de dote matrimonial con cargo al erario del entonces
Instituto Federal Electoral. Es decir, que se le entregaron casi 40 mil
pesos de dinero público a Lorenzo Córdova por casarse.
Después de que la prensa diera a conocer este abuso de la burocracia
electoral, la dote matrimonial –aclara el INE en la respuesta a la
solicitud de información UE/17/02123, hecha por Contralínea–
fue eliminada el 16 de diciembre de 2009 de las gratificaciones. Sin
embargo, eso no garantizó que el gasto de la institución se volviera
congruente con la realidad del país, donde las mayorías padecen
marginación y miseria.
Y es que, actualmente, el Instituto no sólo paga a su personal
aguinaldo, prima quinquenal, primas vacacionales, seguros y gastos de
defunción, sino que el despilfarro sigue mediante “ayudas” para “renta”
hasta por 20 mil pesos mensuales, durante un periodo no mayor de 6
meses; y para despensa, por 350 pesos al mes, en forma permanente.
Asimismo, otorga gratificaciones por el Día de las Madres a sus
trabajadoras con esta condición, por 250 pesos, y por el Día de Reyes y
Día del Niño, 250 pesos por cada celebración a los funcionarios que
tienen hijos menores de 12 años.
Con dinero público, el INE también cubre los gastos de traslado y
menaje de casas, y otorga becas académicas a favor del personal de plaza
en los cargos de contralor general, directores ejecutivos, directores,
jefes de unidad técnica, subcontralores, coordinadores del registro
federal de electores, vocales ejecutivos locales, directores de área de
estructura, vocales ejecutivos locales, vocales secretarios, vocales
locales, vocales ejecutivos, secretarios distritales, subdirectores de
área, vocales distritales, coordinadores operativos, jefes de
departamento, jefes de monitoreo a módulos y homólogos, consta en su Manual de percepciones para 2017.
El Manual también contempla el otorgamiento de percepciones
extraordinarias para los funcionarios que cumplan con su trabajo. Éstas
pueden ser: “estímulos, reconocimientos, recompensas, incentivos,
compensaciones extraordinarias y pagos equivalentes, que se otorgan a
los servidores públicos de mando, cuya asignación se encuentra sujeta a
requisitos de realización futura e incierta y que no forman parte
integrante de la percepción ordinaria”.
Y piden más presupuesto
Aunque el presidente Enrique Peña decretó una época de austeridad
gubernamental desde hace un par de años, los consejeros electorales
buscan aumentar su presupuesto público para el próximo año.
Por ello, el Consejo General ha solicitado 18 mil 226.4 millones de
pesos como presupuesto ideal del INE. Al respecto, Lorenzo Córdova
justificó la petición al decir que en 2018 se realizará la “elección más
grande de nuestra vida democrática [sic]” (Proceso, 28 de agosto de 2017).
Ese monto planteado en el proyecto presupuestario es 3 mil 155
millones de pesos superior al aprobado por la Cámara de Diputados para
este 2017, que asciende a 15 mil 71 millones de pesos.
Al respecto, el doctor Efraín Érick Poot Capetillo, investigador de
la Universidad Autónoma de Yucatán, considera que “la enorme cantidad de
dinero que están solicitando [los consejeros] es parte de los gastos
que comúnmente tienen. Por supuesto que debe haber estrategias más
claras de en qué se va a gastar el dinero, pero los recursos que
solicitan parecen estar justificados. Lo que hace falta es transparencia
y rendición de cuentas”.
La tendencia es que el INE destina la mayor parte del dinero público a
gasto corriente (sueldos, prestaciones, operación, papelería, equipos
de cómputo, pensiones y jubilaciones) y no a gasto de capital
(inversión).
En el actual ejercicio, por ejemplo, de los 15 mil 71 millones de
pesos que le fueron aprobados, al cierre del año habrá empleado 14 mil
799.39 millones en el gasto corriente, y sólo 271.79 millones en gasto
de capital, indica el análisis El presupuesto público federal de México en materia electoral, 2016-2017.
Elaborado por el investigador Reyes Tépach, integrante de la
Dirección de Servicios de Investigación y Análisis de la Cámara de
Diputados, el estudio detalla que en este ejercicio la organización de
procesos electorales tuvo un costo de 80 millones 620 mil pesos en gasto
corriente, y de apenas 1 millón 480 mil en gasto de capital.
“El problema [del presupuesto] es más de fondo que de forma: no creo
que los consejeros del INE sean responsables. Lo son respecto de los
gastos superfluos que tienen, de las prerrogativas que ellos mismos
acuerdan para sí en el margen de la autonomía, pero lo demás es
responsabilidad de los partidos y de la clase política, porque está en
la ley”, considera el doctor Luque Rojas.
Emilio Álvarez Icaza (izq.)
El descrédito de los consejeros y el Instituto
El gasto multimillonario en esta institución no se refleja en su
aprobación social. Los consejeros del INE han sido cuestionados e
incluso un sector de la sociedad civil organizada (sobre todo el que
encabeza el aspirante presidencial y defensor de los derechos humanos
Emilio Álvarez Icaza) ha pedido su renuncia, por considerar que no han
sido garantes del voto ciudadano.
Para el doctor Poot Capetillo, “al INE le están pasando la factura que en realidad le deberían cobrar
a los partidos políticos, porque costó mucho crear un instituto
electoral, primero con el IFE: profesionalizarlo, dotarlo de
credibilidad. Lógicamente cuando los partidos comenzaron a influir de
manera importante en la conformación del Consejo General, éste empezó a
ser acotado. Cuando, con las llamadas cuotas, los partidos comenzaron a
influir de manera decisiva en la designación de ciertos personajes como
consejeros, fue el momento en el que empezó el camino de la
deslegitimación del papel que le tocaba jugar al Instituto”.
En entrevista, el investigador refiere que la transición de árbitro
federal a nacional también ha repercutido en la imagen, el desempeño y
hasta en el gasto del Instituto. “Hay un aspecto que suele pasar
desapercibido: esto no fue la evolución propia del Instituto, sino un
acuerdo al que llegaron los partidos en el marco del Pacto por México:
con la reforma electoral se le dotó de una serie de atribuciones, pero
al mismo tiempo éstas fueron acotadas. Así, de forma precipitada
absorbió muchas funciones y, al mismo tiempo, también las críticas”.
En 2015, los consejeros electorales empezaron a resentir el déficit
de confianza. Algo que se acrecentó con el tiempo, al grado que en este
2017 fueron acusados de parcialidad a favor del Partido Revolucionario
Institucional y, por ello, organizaciones como Ahora les exigieron su
renuncia.
Al respecto, el doctor Luque Rojas explica que la crítica a la
institución y a los consejeros arreció con los procesos electorales de
2016 y 2017. Aunque sí hay deficiencias en el INE, observa, el problema
no es realmente del Instituto.
“El problema principal es de las normas sobre el funcionamiento del
Instituto: todo está establecido en la ley y eso no lo hizo el INE, lo
hicieron los legisladores y los partidos políticos en un gran acuerdo
dizque para resolver problemas de la democracia. En esa lógica se
inscriben sus decisiones [de los consejeros].”
El investigador de la Universidad Autónoma de Sinaloa recuerda que el
procedimiento para nombrar a los consejeros está en manos de los
partidos. “Cómo explicar que los partidos políticos acuerden que vaya
fulano o zutano al INE, [pues porque] son cuotas. Pero resulta que son
los mismos partidos los que los descalifican cuando en una elección
cerrada, por ejemplo, no encuentran eco a las demandas de nulidad. Éste
es el fondo del asunto, más allá de que sí han errado en algunas
decisiones porque no han utilizado de forma adecuada, en parte porque
son cuotas, las atribuciones que tienen para obligar a los actores
políticos a que respeten la ley”.
Para la realización de este trabajo se solicito conocer la versión de
los consejeros electorales, a través del área de Comunicación Social.
No obstante, al cierre de edición no se obtuvo respuesta.
Ley Kumamoto, vía para acotar presupuesto electoralLa llamada Ley Kumamoto, que reforma el marco legal en materia electoral de Jalisco para reducir en 60 por ciento el presupuesto a los partidos políticos locales –impulsada por el legislador independiente Pedro Kumamoto–, es el camino para adelgazar el presupuesto público a los partidos, considera el doctor Efraín Érick Poot Capetillo.Para el investigador de la Universidad Autónoma de Yucatán especializado en ciencia política, el aval que dio la Suprema Corte de Justicia de la Nación a esa reforma el pasado 28 de agosto, al considerarla constitucional, es sumamente importante para Jalisco y el resto del país.“Ésa es la reforma que se necesita a nivel nacional, aunque ya no da tiempo para estas elecciones. Con ésta se puede limitar el presupuesto a los partidos a algo acorde con la realidad mexicana, porque el presupuesto va a estar amarrado, no al padrón electoral, sino al número de votos obtenidos”, indica.Para 2018, el Instituto Nacional Electoral aprobó –el pasado 18 de agosto– que a los partidos se les otorguen 6 mil 788 millones de pesos, considerado el presupuesto más alto en la historia del financiamiento electoral.Al respecto, el doctor José Manuel Luque Rojas observa que “acusar al INE por ese presupuesto es como querer matar al mensajero: al final de cuentas, para calcular el monto de la asignación del presupuesto a los partidos políticos, al funcionamiento de las estructuras estatales y al consejo general del INE, las juntas locales y todo lo que tiene que ver con la estructura, se usa la fórmula establecida en la Constitución.
“Entonces, ¿quién puso la fórmula? ¿El INE? No. La pusieron los legisladores al establecer cuál iba a ser el financiamiento a los partidos políticos. Cuando se aplica la fórmula da una cantidad estratosférica. Eso está mal, pero no es culpa del INE, ellos sólo están aplicando lo que dice la ley.”
Nancy Flores
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