(Artículo)
Territorios Indómitos
Por @RaulBenet
A
lo largo de esta semana, en la que se subraya la situación de
desigualdad y violencia que viven las mujeres del mundo, han sido
publicados diversos estudios y reportes que dan cuenta de la situación
de vulnerabilidad de las personas que defienden los derechos humanos,
particularmente de mujeres defensoras del bosque, del medio ambiente y
de los derechos humanos, comunitarios e indígenas.
México ha pasado, en un año, del lugar número catorce al número cuatro, en la lista de países más ‘mortales’ para los defensores del ambiente, según el reporte publicado esta semana conjuntamente por la organización Global Witness y el periódico británico The Guardian. En el reporte de los casos a nivel mundial se menciona entre otros el asesinato de Isidro Baldenegro y Juan Ontiveros, indígenas rarámuri defensores del bosque, asesinados en su natal Sierra Tarahumara. A esos casos se suma recientemente el de Guadalupe Campanur,
indígena purépecha de la comunidad de Cherán. En el periodo que va de
marzo de 2016 a noviembre de 2017 se registró en México el asesinato de
29 defensores del bosque y el medio ambiente, y en el contexto global se
subraya el asesinato de Bertha Cáceres, hondureña que peleó contra el
despojo del territorio de su comunidad indígena.
Por su parte, el Consejo de Derechos Humanos de la ONU publica esta semana un reporte especial de la situación de los defensores de derechos humanos en México,
a partir de una misión su comisionado Michael Forst, quien se reunió en
nuestro país con más de 800 defensores del ambiente, además de decenas
de funcionarios, comisionados, legisladores y periodistas.
En el reporte se señala que la Comisión Nacional de Derechos Humanos registró en México 275 ataques a defensores de los derechos humanos en diez meses del 2017,
de enero a octubre, mientras que las organizaciones civiles presentaron
al comisionado documentos en los que se da cuenta de 750 violaciones de
derechos humanos a defensores, tan sólo entre enero y mayo del mismo
año. En el reporte se señala también que las mujeres defensoras son doblemente criminalizadas,
pues además de sufrir violaciones, golpes e incluso la muerte, son
víctimas de campañas sexistas en las que son denostadas y difamadas. Es
el caso de Claudia Cob Durán, indígena maya, única comisariada comunal
mujer en la historia de su comunidad, quien no sólo ha sido perseguida y
encarcelada por defender la tierra, sino que ha sufrido campañas de
contenido sexista que buscan aislarla y presionarla ante su comunidad y
su familia. El caso de Claudia Cob, junto con el de decenas de
defensoras del ambiente, ha sido documentado en el Informe sobre la Situación de Personas Defensoras de los Derechos Humanos Ambientales, dado a conocer el lunes por el Centro Mexicano de Derecho Ambiental.
*Territorios indómitos recomienda este video, producido por Robin Canul y Unidos por la Selva Maya
El reporte de la ONU también documenta casos en los que las comunidades locales e indígenas son reprimidas y enfrentan cargos criminales por protestar y oponerse a mega proyectos
y a la explotación de recursos naturales, incluso cuando no se ha
llevado a cabo una consulta legítima, previa, libre e informada, como
establece el marco legal. Es el caso de los opositores a la planta
hidroeléctrica en Huesca, o el de la comunidad de Tepoztlán que se opuso
a la ampliación de una autopista en el Parque Nacional El Tepozteco,
ambos casos en el estado de Morelos. Es también el caso de las mujeres
de la región del Istmo de Tehuantepec, que resisten una nueva ronda de
mega proyectos eólicos, y que sufren denostación, persecución y
violación de sus derechos humanos. Según reporta el informe del CEMDA,
la indígena zapoteca Bettina Cruz tuvo que abandonar su comunidad junto
con su familia, después de recibir reiteradas amenazas de muerte por su
liderazgo en la oposición al despojo y daño ambiental y social que
significan los proyectos eólicos en el Istmo.
Otro
de los temas que llama mucho la atención en estos reportes, es el hecho
de que la minería ha pasado a un segundo lugar como causa de violencia
contra las comunidades y los defensores del ambiente. El informe de
Global Witness reporta que durante el último año, la violencia provino
principalmente de los mega proyectos relacionados con la agricultura
intensiva y los mono cultivos. En México son muy conocidos los casos de
la soya en Campeche y Quintana Roo, que ya se expanden al estado de
Yucatán, y la palma de aceite en Chiapas y Tabasco, que además de estar
provocando una feroz deforestación y daño a los medios de vida
tradicionales como la apicultura, están criminalizando a los indígenas
mayas que se oponen al despojo y daño ambiental. En el caso de la palma
de aceite, el propio Secretario de Desarrollo Rural del estado de
Campeche ha acusado públicamente de terroristas a defensores que se
oponen a la destrucción de los humedales para la siembra de palma de
aceite, negocio en el que el propio funcionario tiene interés como
empresario.
El
reporte del Consejo de Derechos Humanos de la ONU menciona también que
varios medios de comunicación masivos, con intereses mezclados con los
mega proyectos, contribuyen a generar un ambiente de aislamiento y persecución de los defensores del medio ambiente.
Mientras que los defensores están preocupados por los derechos humanos,
comunitarios e indígenas, por los derechos de futuras generaciones, por
el bienestar de las comunidades y el de la humanidad en su conjunto,
con frecuencia son señalados por diversos medios de comunicación como
delincuentes, violadores de la ley y criminales. Se les señala como
opositores al progreso, al empleo, a la inversión y a la competitividad
del país. Esa narrativa dominante constituye un marco idóneo para la
represión, la criminalización y la violencia contra las defensoras y
defensores del medio ambiente. Por otro lado, los periodistas críticos
también sufren criminalización, violencia y muerte, según puede leerse
en el reporte de la ONU. La nueva Ley de Seguridad Interior, mencionada
como un grave riesgo en el informe, establece claros riesgos para los
periodistas críticos que se atrevan a documentar casos de violación de
derechos humanos en megaproyectos, pues están expuestos a sanciones por
el delito de difamación y daño moral.
Durante
la presentación del informe sobre la situación de defensores
ambientales, el director del Centro Mexicano de Derecho Ambiental, Lic.
Gustavo Alanis Ortega, exigió que los planes y proyectos, los fondos y
políticas públicas destinadas a la construcción de infra estructura y
proyectos de inversión, respeten los derechos humanos y ambientales.
Señaló que los defensores del ambiente no están en contra del progreso y
del empleo, sino de que la inversión se siga haciendo a costa de la
vida, el agua, la biodiversidad y los derechos de las generaciones
actuales y futuras.
Paradójicamente,
todos estos reportes sobre la grave situación que enfrentan los
defensores de derechos y el medio ambiente ocurren en el contexto de la adopción del ‘Acuerdo por el PRINCIPIO 10’,
adoptado por 24 países el fin de semana pasado en Costa Rica. El
Principio 10 es un importante instrumento de derechos humanos de alcance
latinoamericano promovido por la Cepal, que defiende a los defensores
del medio ambiente, y permite a toda persona participar de forma
individual o colectiva en la toma de decisiones que afectan al medio
ambiente. Obliga a los Estados a investigar y castigar los crímenes
contra los defensores del ambiente, e incluye el acceso a la justicia
para proteger derechos ambientales y el acceso a la información.
El
acuerdo no entrará en vigor hasta que sea ratificado por once de los 33
países que integran la región de América Latina y el Caribe. No
obstante, México propuso que fueran 22 el número de naciones cuya
ratificación es necesaria para que el acuerdo entre en vigor, en lugar
de ocho como estaba originalmente planteado. La delegación mexicana
afirmó que nuestro país no necesita que este acuerdo sea vinculante
(legalmente obligatorio), ya que ‘las leyes mexicanas son muy superiores
al acuerdo’. Después de poner todo tipo de trabas para debilitar el
acuerdo, y ante la exhibición pública mundial (diarios como The Guardian
y El País señalaron a México como principal bloqueador del acuerdo), la
delegación mexicana terminó aceptando su adopción, pero falta la firma y
la ratificación del Senado.
Defender el ambiente no es un delito, tampoco es un tributo a la cultura del NO. Al contrario, la defensa del ambiente es la defensa del bienestar, de la salud, del clima y la disponibilidad de agua y aire limpio para todos.
Es la defensa de la vida y también de la base material sobre la que se
sustenta el mentado desarrollo. Basta de criminalizar a las defensoras
del ambiente. Mejor hay que escuchar sus propuestas y respetar sus
derechos.
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