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Borge y Duarte, exgobernadores de Q. Roo y Veracruz, respectivamente.
Fotos: V.M. Hernández y Y. Ceballos
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Al analizar la deuda pública de los estados, la Auditoría
Superior de la Federación documentó desvíos por miles de millones de
pesos operados desde las gubernaturas, señaladamente las de Veracruz,
Chihuahua y Quintana Roo, que se añaden a otras irregularidades
detectadas en los gobiernos de los priistas Javier Duarte, César Duarte y
Roberto Borge. Y si bien se comprobó que tales desvíos fueron
fundamentales para el incremento exponencial de la deuda pública de las
entidades y se conocen los esquemas fraudulentos que se utilizaron, se
desconoce aún el destino final de gran parte de esos recursos.
CIUDAD DE MÉXICO (Proceso).- Los gobiernos de los priistas Javier
Duarte de Ochoa, César Duarte Jáquez y Roberto Borge Angulo desviaron
recursos multimillonarios que obtuvieron por medio de créditos, y ahora
veracruzanos, chihuahuenses y quintanarroenses tienen que pagarlos
durante dos décadas.
En Veracruz los desvíos podrían alcanzar 44 mil 772 millones de
pesos; en Chihuahua se desconoce el paradero de 7 mil 713 millones,
mientras en Quintana Roo se esfumaron por lo menos 2 mil 500 millones,
de acuerdo con los informes que elaboró la Auditoría Superior de la
Federación (ASF) sobre las deudas públicas de estas entidades.
Esto ocurrió en medio de la explosión generalizada de las deudas de
los gobiernos estatales y municipales del país: ante la falta de
liquidez, las administraciones locales tuvieron que recurrir a créditos
de corto y largo plazos para financiar su gasto corriente e invertir en
obra pública. En consecuencia, la deuda subnacional se disparó en 365
mil millones de pesos entre 2008 y 2016.
De acuerdo con los informes de la ASF, también hubo quienes se enriquecieron legalmente a partir del botín de la deuda.
Es el caso de los bancos, que en los últimos 10 años se convirtieron
en los principales acreedores de los gobiernos estatales y municipales, a
los que cobran jugosos intereses: tan sólo en 2016, los veracruzanos y
los quintanarroenses pagaron 4 mil 110 millones y mil 653 millones de
pesos, respectivamente, sólo en intereses y gastos asociados a la deuda
pública.
De acuerdo con una revisión exhaustiva del Registro Público Único
(RPU) realizada por Proceso, a la fecha existen 2 mil 100 contratos de
deuda estatal y municipal vigentes, los cuales amparan un monto total de
736 mil 160 millones de pesos. De éstos, 564 mil 33 millones son deudas
de los gobiernos estatales y los 172 mil restantes corresponden a los
gobiernos municipales.
A través de los grupos financieros Banorte e Interacciones, la
familia Hank, descendiente del priista mexiquense Carlos Hank González
–uno de los fundadores del llamado Grupo Atlacomulco, al que pertenece
el presidente Enrique Peña Nieto–, detenta contratos de deuda estatal y
municipal por 193 mil 501 millones de pesos.
El presidente del consejo de administración de Grupo Financiero
Banorte es Carlos Hank González, heredero del imperio financiero de sus
abuelos, el mexiquense Hank González y el regiomontano Roberto González
Barrera –fundador del emporio Gruma–, mientras que su padre, Carlos Hank
Rhon, preside el consejo de administración de Interacciones.
La ASF observó que Interacciones no sólo presta dinero a los estados:
aparte les hace firmar contratos adicionales de “comisiones por gestión
interna y mantenimiento”, una figura inédita en el sector financiero,
pues se supone que se trata de costos internos que asume el banco en la
gestión de créditos.
Así, entre 2011 y 2015 el gobierno de Borge entregó 945 millones de
pesos al banco de Carlos Hank Rhon. Es más: la ASF señaló que
Interacciones, en el contrato, “no se obligaba a rendir cuentas o
reportar las actividades ejecutadas, por tener el carácter de internas”.
Otro beneficiario del endeudamiento local es Evercore, el despacho
especializado en la reestructuración de deudas, creado por el priista
Pedro Aspe Armella –secretario de Hacienda durante el sexenio de Carlos
Salinas de Gortari– y contratado, entre otros, por los gobiernos de
Quintana Roo y Chihuahua para administrar sus créditos.
En el sexenio de Peña Nieto dos exempleados de Evercore tuvieron
puestos estratégicos en la Secretaría de Hacienda: Luis Videgaray Caso
fue titular de la dependencia y Marcela Andrade Martínez dirigió hasta
septiembre pasado la Unidad de Coordinación de Entidades Federativas,
que asesora a los gobiernos estatales y municipales en el diseño de sus
deudas.
Los desvíos de Borge
En Quintana Roo la deuda se multiplicó por 10 en la última década:
pasó de mil 880 millones de pesos en 2006 a 22 mil 247 millones en 2016;
y actualmente, tan sólo tres bancos (Banorte, Interacciones y Multiva)
acaparan seis de cada 10 pesos que adeudan los quintanarroenses.
Multiva forma parte de Grupo Empresarial Ángeles, el conglomerado del
magnate Olegario Vázquez Raña que incluye también a Grupo Imagen y el
periódico Excélsior.
Entre 2011 y 2014 el gobierno de Borge obtuvo 38 mil 811 millones de
pesos de instituciones financieras a través de 144 préstamos de corto
plazo –inferiores a seis meses de duración–, que no pudo reembolsar del
todo, por lo que dejaron una deuda de 13 mil 277 millones de pesos en
2016.
Y en 2016 consiguió otros 503 millones de pesos con créditos de corto
plazo, a través de cuatro contratos: tres con Interacciones y otro con
Lumo Financiera del Centro, S.A. de C.V., una institución financiera
creada en 2011 por el priista Luis Humberto Montaño García, quien fue
funcionario en el gobierno mexiquense durante el sexenio de Peña Nieto.
Al analizar el uso de esos 503 millones de pesos, la ASF se percató
de que el gobierno de Quintana Roo dispersó 106 millones de pesos en
siete cuentas bancarias abiertas en bancos distintos, y el órgano
fiscalizador presumió que lo hizo “para que no fuera claro ni evidente
el origen y el destino de los recursos de los créditos”.
La ASF fue más allá y descubrió que, de este dinero, 101 millones de
pesos fueron canalizados en cheques que cobraron funcionarios estatales a
través de un esquema de falsos apoyos a agricultores en el que se
malversaron por lo menos mil 853 millones de pesos en 2016.
Además, la ASF se percató de que esta estructura, operada por una
decena de funcionarios públicos, funcionaba desde 2011 y que con ella se
esfumaron al menos 5 mil 276 millones de pesos.
Con el objetivo anunciado de frenar el endeudamiento desmedido de los
estados y obligar a los gobiernos locales a reestructurar sus créditos,
el gobierno de Peña Nieto lanzó la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los Municipios, aprobada en abril de 2016.
Para cumplir con la nueva disposición, el 1 de octubre siguiente la
administración quintanarroense adjudicó, sin licitación de por medio, un
contrato por 103 millones de pesos al despacho Evercore Partners México
para que éste contratara la deuda pública a nombre del estado.
A través de este contrato el gobierno de Quintana Roo prácticamente
se desentendió del asunto de la deuda: el despacho asesor envió las
invitaciones a 13 instituciones financieras, se reunió con sus
representantes, analizó sus ofertas y designó las ganadoras. De acuerdo
con la ASF, esta labor le corresponde al gobierno del estado y no a un
despacho privado.
La reestructuración de deuda diseñada por Evercore desembocó en la
contratación de cinco créditos a largo plazo por un total de 19 mil 259
millones de pesos: Banorte, Interacciones y Multiva se repartieron 11
mil 660 millones; Banobras prestó otros 5 mil 900 millones y HSBC otorgó
un crédito de mil 698 millones de pesos.
Maniobras voraces en Veracruz
La llegada de Javier Duarte de Ochoa al gobierno de Veracruz, en
2010, coincidió con una explosión de la deuda pública del estado, la
cual pasó de 9 mil 331 millones de pesos en 2009, a 49 mil 192 millones a
finales 2016, cuando el priista huyó a Guatemala para evadir la
justicia.
A lo largo de su sexenio, Duarte endeudó el estado mediante una serie
de decretos en los que pedía al Congreso local que autorizara créditos
multimillonarios. La mayoría priista nunca se opuso ni frenó la deriva
financiera.
El año pasado, mientras la ASF revisaba la deuda contratada durante
el sexenio de Duarte, sus interlocutores –funcionarios del gobierno del
panista Miguel Ángel Yunes Linares– fueron incapaces de determinar el
destino de 30 mil 765 millones de pesos obtenidos mediante el
endeudamiento.
El gobierno de Yunes explicó a los auditores que “la mecánica de
operación que los funcionarios anteriores implementaron indebidamente
era la de utilizar como medio de pago cuentas bancarias concentradoras,
en donde tantos recursos etiquetados como de libre disposición eran
depositados y erogados”.
De hecho, la ASF también determinó que el gobierno de Duarte derivó
11 mil 607 millones de pesos hacia una cuenta bancaria no reportada en
el catálogo contable de la entidad y cuyo destino se desconoce.
Al frente del gobierno estatal de Chihuahua, César Duarte Jáquez
también realizó una gestión discrecional de los recursos: de acuerdo con
la ASF, el gobierno estatal –ahora a cargo del panista Javier Corral
Jurado– no tiene información sobre el destino de 7 mil 714 millones de
pesos obtenidos mediante créditos de corto plazo contratados con
Banorte, Interacciones, Multiva y BBVA Bancomer.
El órgano fiscalizador también determinó que el gobierno estatal
maquilló una deuda de 6 mil millones de pesos a largo plazo –la etiquetó
en un fideicomiso de carreteras– y omitió reportar 15 mil 419 millones
de pesos en el RPU.
Como en Quintana Roo, Evercore gestiona la deuda estatal de
Chihuahua. A través de su filial Evercore Casa de Bolsa, la empresa de
Aspe Armella administra el fideicomiso F/0152, destinado a reembolsar
los 28 mil 92 millones de pesos de créditos a largo plazo suscritos con
instituciones financieras durante la gestión de Duarte Jáquez hasta
diciembre de 2016.
Actualmente prófugo de la justicia, el exgobernador de Chihuahua
cuenta con ocho órdenes de aprehensión, entre otros delitos por el
presunto desvío de 247 millones de pesos de recursos federales a través
de empresas fantasma para financiar las campañas electorales del PRI en
2016.
Amos de México
En los últimos años el banco público de desarrollo Banobras perdió su
rol de principal financiador de los gobiernos estatales y municipales,
aunque todavía tiene mil 67 contratos de crédito vigentes por un total
de 217 mil millones de pesos.
Banorte e Interacciones, que se fusionarán en los próximos meses,
poseen 217 contratos de deuda subnacional registrados en el RPU: 109 con
gobiernos estatales (73 de ellos firmados durante el sexenio de Peña
Nieto) y otros 108 con gobiernos municipales: los tres más cuantiosos
fueron celebrados con los municipios jaliscienses de Zapopan,
Guadalajara y Tonalá, por 3 mil 271 millones de pesos.
Nuevo León resultó el gobierno estatal más endeudado con los Hank,
con 20 mil 366 millones de pesos en créditos, la mitad de los cuales
fueron comprometidos durante la administración del priista Rodrigo
Medina y el resto en la gestión actual de Jaime Rodríguez Calderón, El
Bronco.
Le siguen Coahuila, que celebró contratos por más de 17 mil millones
de pesos con ambos grupos financieros durante la administración del
priista Rubén Moreira, y luego vienen Sonora y el Estado de México, que
pidieron poco más de 15 mil millones de pesos en préstamo a los Hank. En
el caso mexiquense, seis de los 10 contratos de crédito vigentes fueron
suscritos durante el gobierno estatal de Peña Nieto.
La familia Hank comparte la deuda subnacional con algunas de las
instituciones financieras más poderosas del país: el grupo financiero
BBVA Bancomer, por ejemplo, tiene contratos de crédito vigentes a
estados y municipios por más de 83 mil millones de pesos, la mitad de
los cuales se destinaron a la Ciudad de México y el Estado de México.
En el consejo de administración del grupo, presidido por Luis Robles
Miaja, destacan Alberto Bailleres González –dueño de Grupo Bal–, Carlos
Vicente Salazar Lomelín –expresidente ejecutivo de FEMSA– y Arturo
Manuel Fernández Pérez, rector del Instituto Tecnológico Autónomo de
México, entre otros.
Banamex, por su parte, obtuvo contratos de crédito a gobiernos
estatales y municipales por 45 mil millones de pesos; de nuevo, cerca de
la mitad de este monto fue contratado por los gobiernos de la Ciudad de
México y del Estado de México.
El consejo de administración del grupo financiero está conformado,
entre otros, por Valentín Díez Morodo –dueño, entre otros, del equipo de
futbol Diablos Rojos de Toluca–, Emilio Azcárraga Jean –hasta hace poco
presidente del consejo de administración de Televisa–, Bernardo
Quintana Isaac –de ICA– y Daniel Javier Servitje, del Grupo Bimbo.
La lista de acreedores de gobiernos estatales y municipales incluye
asimismo a Santander y Multiva, que prestaron 35 mil millones cada una;
HSBC, que otorgó créditos por poco más de 22 mil millones, y Banco del
Bajío, que prestó alrededor de 11 mil millones de pesos.
Este reportaje se publicó el 4 de marzo de 2018 en la edición 2157 de la revista Proceso.
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