El jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera Espinosa, advirtió que quien sea sorprendido cerrando las válvulas de agua potable, con la intención de interrumpir el servicio, será acusado del delito de sabotaje, cuya penalidad va de dos a 20 años de prisión, y multa de mil a 50 mil pesos, por lo que no alcanzaría libertad bajo fianza.
Suena fuerte, pero el Código Penal federal establece que quien dañe o evite la prestación de un servicio público puede ser acusado de sabotaje, remarcó.
Al respecto, el presidente del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mario Velázquez Miranda, advirtió que la libertad y el ejercicio del voto no pueden ser condicionados con la entrega de algún servicio y mucho menos de agua.
Por ello, pidió a los ciudadanos que hayan sido condicionados a recibir el líquido a cambio de su voto en favor de un partido, presentar la denuncia.
Ayer por la tarde, la Procuraduría General de Justicia local informó que ya investiga para determinar quién o quiénes pudieron haber causado daño a tuberías, robaron válvulas o tapas de pozos, con lo que causaron desabasto de agua en varias colonias.
Mediante un comunicado, precisó que las pesquisas las realiza la Fiscalía Desconcentrada de Investigación de Delitos Ambientales y en Materia de Protección Urbana, para sancionar a los responsables de esos ilícitos.
Gabriela Romero Sánchez, Mirna Servín Vega y Raúl Llanos Samaniego
Periódico La Jornada
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