Presentan informe “Derechos y violencias: la experiencia de ser mujer. Situación nacional 2008-2017”
Por
desplegar a las fuerzas armadas en el combate al crimen organizado y
por perpetuar condiciones de pobreza y marginación, el Estado mexicano
falló en su obligación de garantizar la vida y la seguridad de las
mujeres, especialmente de las más pobres, indígenas, y migrantes.
Así lo evidenció la Red Todos los Derechos para Todas y Todos (Red
TDT) -integrada por más de 100 organizaciones de la sociedad civil- al
presentar su informe “Derechos y violencias: la experiencia de ser
mujer. Situación nacional 2008-2017”.
Este documento –que se elaboró con solicitudes de información y datos
que aportaron distintas organizaciones de todo el país- es una
radiografía de cómo se ha configurado y diversificado la violencia
contra las mujeres en México durante los recientes 9 años.
Las organizaciones que conforman la Red TDT recopilaron cifras sobre
diferentes formas de violencia extrema contra las mujeres, como la
violencia sexual, la criminalización de quienes abortan, la desaparición
de mujeres, la trata de personas con fines de explotación sexual, y el
feminicidio.
La Red documentó que en el país, de 2008 a 2017 se incrementó el número de desapariciones de mujeres, de 168 a mil 572.
La Red TDT también identificó en casi todos los casos ausencia de
información desagregada por sexo; fallas en la tipificación de los
delitos; y falta de independencia por parte de las procuradurías
estatales para garantizar el acceso a la justicia.
También evidenció que en todos los casos existe la participación de
agentes del Estado como perpetradores de la violencia, y que prevalecen
elementos estructurales como la pobreza, falta de oportunidades,
violencia comunitaria y en el hogar, la discriminación, la corrupción y
la impunidad, que contribuyen a perpetuar las violencias.
Todo ello es propicio para que las mujeres en condición de migración,
las indígenas, las más pobres, o las defensoras estén en mayor riesgo
de ser enganchadas para la trata de personas con fines de explotación
sexual, sean criminalizadas porque no pueden llevar a término un
embarazo, o sean asesinadas o agredidas sexualmente en completa
impunidad, aseguró la Red.
MILITARIZACIÓN, SEMILLERO DE VIOLENCIAS
En estos nueve años, el Estado mexicano implementó la estrategia de
seguridad para el combate al narcotráfico. Esta política – que inició
con Felipe Calderón Hinojosa y continuó con el actual mandatario Enrique
Peña Nieto- generó un contexto de inseguridad, vulnerabilidad y
violaciones graves a los Derechos Humanos.
“Dicha estrategia se ha centrado en un combate frontal a los grupos
del crimen organizado con fuerzas armadas del Estado, dándoles tareas de
seguridad ajenas a sus funciones, cuyos impactos en la sociedad han
sido devastadores, afectando diferenciadamente a las mujeres”, aseguró
la Red TDT.
Si bien la violencia contra las mujeres es histórica en el país, la
implicación de las fuerzas castrenses en tareas de seguridad interior y
la diversificación de actividades del crimen organizado son elementos
nuevos que complejizan el escenario de la violencia con la participación
de más grupos organizados en diferentes delitos.
Este escenario cambió a los actores de la violencia. De acuerdo con
datos de informe, la Comisión Nacional de Derechos Humanos emitió 45
recomendaciones a las Fuerzas Armadas sobre casos de ejecuciones
extrajudiciales entre diciembre de 2006 y abril de 2017.
La Red urgió al Estado a revisar la estrategia de seguridad nacional
contra el narcotráfico, principalmente la militarización de los
territorios, y modificar las acciones que incrementan la violencia
contra las niñas, adolescentes y mujeres en estas situaciones, entre
ellas el retiro progresivo de las fuerzas armadas en tareas de seguridad
pública.
EL ESTADO FALLA
La Red TDT hizo un recuento de cómo a la par del crecimiento de la
violencia, el Estado mexicano se ha visto obligado a adoptar una serie
de tratados, mandatos internacionales, y decretar todo un marco
normativo para transformar la realidad de las mujeres.
Entre ellos destaca la sentencia de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH) por el feminicidio de mujeres en Ciudad Juárez,
Chihuahua; o la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia (LGAMVLV), y la Alerta de Violencia de Género (AVG) que se
desprende de esta legislación.
Sin embargo, observó la Red, el registro de estos 9 años demuestra
que las acciones del Estado en esta materia han sido fallidas y están
centradas en invisibilizar la violencia contra las mujeres, lejos de
atenderla.
Por ello, la Red hizo un nuevo llamado al Estado mexicano para tener
diagnósticos certeros, información asequible y completa a nivel federal y
también en los estados por las distintas autoridades e instituciones
que trabajan por el bienestar de las mujeres.
Asimismo le urgió acatar las recomendaciones de organismos
internacionales en el tema; modificar las leyes necesarias para
garantizar la independencia de las Procuradurías y Fiscalías estatales;
promover la profesionalización e independencia de los servicios
periciales; y armonizar las legislaciones nacional y estatales sobre los
delitos de violencia sexual y tortura, desaparición cometida por
particulares y desaparición forzada, trata de personas y feminicidio.
Imagen retomada de Twitter de la Red TDT
Por: Angélica Jocelyn Soto Espinosa
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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