(Parte I)
Juan Omar Fierro
Empresarios y artistas
buscan establecer sus viviendas de descanso en Salazar, un poblado del
Estado de México donde abundan las historias de despojo, pero también de
lucha comunal.
La geografía privilegiada que
tiene la comunidad de Salazar en Lerma, Estado de México, fue un lujo
natural para sus habitantes hasta hace tres años, cuando la codicia inmobiliaria
se fijó en las tierras de un pueblo rodeado por una amplia zona
boscosa, delimitada por un parque nacional, una laguna, la vía del
extinto ferrocarril y la carretera México-Toluca.
Hoy, las tierras ancestrales que conforman el poblado de Salazar albergan dos realidades opuestas y una disputa legal por la ocupación de 217 hectáreas de bosques y parcelas agrícolas, litigio que sostienen con la comunidad de San Mateo Atarasquillo desde 1947.
Una realidad son los ocho comuneros que fueron detenidos y encarcelados
desde el 31 de agosto de 2017, acusados de los delitos de robo con
violencia, privación ilegal de la libertad y lesiones por defender un
terreno que se localiza junto al panteón de Salazar, que se habría
vendido de forma presuntamente ilegal a un grupo de particulares en el
año 2015.
La otra cara de la moneda son los ranchos hípicos y fincas de descanso de grandes empresarios, como el dueño de Grupo Carso, Carlos Slim; el Consejero de Grupo Grisi, Carlos Alberto Grisi Mariscal; el Director de Grupo Comercial Chedraui, Federico Carlos Fernández Senderos, y uno de los dos accionistas de Grupo Corrado, Ricardo Nizri Guasp.
Grupo Corrado es una compañía contratista de los ex gobernadores de
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, y del Estado de México, Eruviel Ávila
Villegas. Nizri funge como su representante legal en la mayor parte de
las licitaciones.
También figuran como propietarios de
grandes extensiones de bosque acaudalados integrantes de la clase
política mexicana, como el senador con licencia del Partido Verde
Ecologista de México (PVEM), Pablo Escudero Morales, cuyo rancho fue evidenciado por el diario Reforma en una investigación especial publicada este jueves.
Con una extensión de una hectárea y
un costo de ocho millones de pesos, el rancho de Escudero goza de un
camino empedrado para conectar con la carretera Salazar-Huixquilucan y
vigilancia las 24 horas del día, según pudo constatar Reforma.
Otro de los nuevos residentes de la comunidad es León Manuel Bartlett Álvarez,
hijo del coordinador del bloque PT- Morena en el Senado, Manuel
Bartlett Díaz. Bartlett Junior adquirió un terreno de más de una
hectárea y al momento de recibir su certificado parcelario, el hijo del
senador proporcionó como su domicilio un inmueble ubicado en la colonia
Lomas de Chapultepec, delegación Miguel Hidalgo en la Ciudad de México.
Germán Rojas Nava, integrante de la
Comisión Agraria de Salazar, asegura que existen más personas
involucradas en la compra y venta de predios que históricamente
pertenecen a su comunidad, entre los que menciona a la actriz Yolanda Andrade y al empresario José Luis Vaca Bonilla,
mismo que en septiembre de 2017 obtuvo un permiso del ayuntamiento de
Lerma para bardear un terreno de tres mil metros cuadrados en la zona
que Salazar disputa con San Mateo Atarasquillo.
“Sabemos de un señor que se llama
José Luis Bonilla Vaca que ha revendido muchas hectáreas, también
sabemos de Yolanda Andrade con su fundación ‘EsTuDía’ porque la
Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) ya le
había concedido todos los permisos para el cambio de uso de suelo”,
explicó.
Suplente en la Comisión Agraria,
Francisco Ceballos, señala que los certificados parcelarios que amparan
las supuestas propiedades de Carlos Alberto Grisi, Federico Carlos
Fernández, León Manuel Bartlett y Ricardo Nizri Guasp, se otorgaron de
forma irregular, puesto que ese tipo de documentos sólo se pueden
otorgar a los propios comuneros.
Agrega que esos títulos parcelarios
fueron expedidos a nombre de la comunidad La Cima San Mateo
Atarasquillo, pero sostiene que se trata de terrenos ubicados dentro de
Salazar y que se trata de ventas ilegales, aprovechándose de la buena fe de los compradores.
Otros presuntos compradores, señala Ceballos, son la conductora de televisión Montserrat Oliver, un hijo del cantante de Vicente Fernández y el dueño de Televisa, Emilio Azcárraga Jean, aunque en estos casos no cuentan con ningún tipo de documento para comprobarlo.
Por otro lado, el abogado Mario
Alberto de León Venegas, quien se ostenta como representante legal de un
grupo de 18 a 20 compradores cuyos nombres se reserva, sostiene que sus
clientes adquirieron de forma legal, puesto que la comunidad de La Cima
de San Mateo ganó en definitiva el conflicto agrario y se le
reconocieron todos los derechos sobre los terrenos en disputa.
Además, sostiene que entre sus
clientes no se encuentran artistas o grandes empresarios, pero se niega
revelar cualquier nombre, con el argumento de la secrecía profesional.
Incluso, considera que no hay ningún documento que dé la razón a los
comuneros de Salazar, quienes han encontrado referencias de la
existencia del poblado y de sus posibles derechos desde 1550, durante el
virreinato.
PRESENCIA EN EL LITIGIO AGRARIO
La recomendación 269/1992 emitida por
la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) indica que el abogado
Mario Alberto de León Venegas participó en el fraude, despojo de tierra con violencia y venta ilegal de parcelas de San Juan de Ocotán, localidad indígena ubicada en el municipio de Zapopan, Jalisco.
En la queja se señala que los documentos utilizados para quitar las tierras a los indígenas fueron falsificados y avalados con certificaciones y declaraciones falsas. En estos hechos participaron funcionarios agrarios y el propio abogado Mario Alberto de León.
En sus conclusiones, se afirma que el
litigante jalisciense y accionista de la empresa inmobiliaria
Arquitectura y Espacios Beda, creada en Jalisco, se coludió con ex líderes comunales de San Juan de Ocotán para despojar al resto de los ejidatarios de sus propiedades.
Textual, la recomendación dirigida al
entonces titular de la Secretaría de la Reforma Agraria, Víctor Cervera
Pacheco, señala que del análisis que obra en el expediente se pudieron
detectar “irregularidades cometidas en contra de la Comunidad de San Juan de Ocotán, Jalisco, por parte de los ex-integrantes de la Mesa Directiva”.
Se nombra a Elías Noguera, David
Olivares, Daniel Anguiano, Rito Ramos, Tereso Díaz Timoteo Jiménez,
Reynaldo Olivares y Cipriano Flores como autoridades responsables de
dichas irregularidades, los cuales fueron auxiliados “por el licenciado
Mario Alberto de León Venegas, quienes realizaron la venta ilegal de parcelas, adjudicación de las mismas a personas ajenas a la comunidad, explotación indebida de recursos naturales y mala administración”.
Además, la CNDH afirma que De León Venegas “se quedó con el sello y material membretado de la comunidad y los usó en forma indebida y perjudicial para esta última”,
puesto que se aprovechó de la comunidad que representaba para ceder un
predio rústico que no era objeto de transacción alguna y para transferir
una “finca” en Guadalajara a una persona totalmente desconocida para
los comuneros de San Juan Ocotán.
Veintidós años después, otra
comunidad de escasos recursos acusa a Mario Alberto de León Venegas de
ser partícipe en el despojo de sus tierras, pero él argumenta que es el representante legal de la comunidad de La Cima San Mateo Atarasquillo y no de una compañía inmobiliaria o grupo empresarial.
Siguiente Parte: El alto costo de la defensa de Salazar
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