Jan Jarab, representante
de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos
Humanos, exhortó ayer al gobierno mexicano a hacer más para combatir la
violencia de género, sobre todo para erradicar el feminicidio, delito
que, según cifras dadas a conocer ayer mismo por la Comisión Nacional de
los Derechos Humanos (CNDH), se incrementó de manera grave en dos años:
los homicidios dolosos contra mujeres pasaron de mil 755 casos en 2015 a
2 mil 585 en 2017; de esta última cifra, sólo 671 fueron reconocidos
como feminicidios.
Belén Sanz, representante en México de ONU-Mujeres, dijo que hasta
2015 había en el país un promedio de siete mujeres asesinadas a diario,
cifra que en 2016 subió a 7.5.
No puede haber justificación para la violencia de género y no hay excusa para respuestas negligentes, afirmó Jarab, y llamó a las instancias gubernamentales a proveer los recursos necesarios
para erradicar este prevenible y atroz fenómeno.
Postura similar adoptó el ombudsman nacional, Luis Raúl González Pérez, quien señaló que los niveles de violencia que sufren las mujeres
son intolerables y su aumento constituye una señal de alerta que debe ser atendida con la mayor urgencia y seriedad, situación que se agrava si tomamos en consideración que es muy probable que continúen en la impunidad la mayoría de esos homicidios o lesiones.
En entrevista con este diario, la cuarta visitadora general de la
CNDH, Eréndira Cruz Villegas, y la directora general del programa de
Asuntos de la Mujer y de Igualdad de esa institución, Elsa Conde,
señalaron que la falta de voluntad política y los reducidos presupuestos
para atender la violencia hacia las mujeres son las principales razones
para que los feminicidios persistan en el país. Ambas funcionarias
destacaron que aunque hasta ahora se ha iniciado o adoptado la
declaratoria de emergencia de género en 27 entidades, la Federación
otorga fondos insuficientes para aplicar las medidas correspondientes,
en tanto que los gobiernos estatales consideran ese mecanismo
golpeteo políticoy los presidentes municipales ni siquiera realizan acciones para evitar e investigar los feminicidios.
La discriminación –institucional, económica, social y
cultural– hacia las mujeres, los roles de género imbuidos desde el hogar
a la mayoría de la población y el machismo imperante constituyen el
caldo de cultivo que debe ser atacado para –como dijo Arie Hoekman, del
Fondo de Población de la ONU– romper el círculo de violencia y formar
generaciones nuevas, igualitarias, solidarias y más productivas, y poner
fin a la normalización de la violencia en contra de las mujeres.
Pero antes que nada, los responsables de los tres niveles de gobierno
deben decidirse a combatir la impunidad que prevalece en la mayoría de
las agresiones contra las mujeres, desde los hostigamientos callejeros
hasta el feminicidio, y hacerlo ya, pues cada día de indolencia
institucional se traduce en siete vidas cegadas y en muchos más casos de
violación, lesiones y hostigamiento. En tanto ello no ocurra, México
seguirá ostentando un sitio oprobioso en las estadísticas mundiales de
la violencia de género.
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