La Jornada
De manera inopinada y brusca, como es
su estilo, el presidente estadunidense, Donald Trump, determinó seguir
adelante con su determinación de imponer aranceles de 25 por ciento a
las importaciones de acero y de 10 a las de aluminio, y exentar por
ahora de esa medida proteccionista a México y a Canadá. Horas antes del
anuncio, el ministro canadiense de Comercio, François-Phillipe
Champagne, había reiterado la postura de su gobierno de no aceptar
aranceles por parte de Washington. La excepción decidida por Trump fue
interpretada como una manera de presionar a sus socios y vecinos
comerciales a hacer concesiones en otras áreas de la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y urgirlos a una
rápida firma del documento.
Así, lo que en principio podría verse como una buena noticia para
México no necesariamente lo es: las exportaciones mexicanas de los
productos referidos al mercado vecino no representan una parte
significativa del intercambio bilateral, pero es claro que los
representantes estadunidenses usarán la exención de los aranceles en
cuestión como una supuesta concesión y una muestra de flexibilidad y,
por lo que demandarán a cambio ventajas adicionales en el texto del
TLCAN. Ello resulta particularmente inquietante si se considera la
postura de debilidad desde la que sus contrapartes mexicanas acuden a
las pláticas, postura que se enfatizó tras el viaje a esta capital del
administrativamente degradado Jared Kushner, quien sin embargo fue
recibido con visos de jefe de Estado por las máximas autoridades
nacionales.
Pero el recrudecimiento de las presiones del vecino del norte en el
contexto de la renegociación del acuerdo comercial trilateral no es
necesariamente lo más preocupante del episodio. Ocurre que, con el
anuncio de las políticas proteccionistas en los rubros del acero y el
aluminio, Estados Unidos ha provocado respuestas adversas por parte de
Europa occidental, China y los países de la región Asia-Pacífico: los
gobiernos correspondientes adelantan ya sanciones y contramedidas para
hacer frente a lo que parece configurarse como una guerra comercial en
forma. Y México corre el riesgo de quedar atrapado en ese conflicto, en
la medida en que muchos de sus productos de exportación tienen
componentes estadunidenses que podrían, por ello, ser objeto de
sanciones comerciales.
En general, el conjunto de las exportaciones estadunidenses
fabricadas parcialmente con insumos mexicanos puede caer en el ámbito de
las contramedidas que una amplia porción del mundo adoptará ante el
proteccionismo de Washington. Y todo ello, sumado, puede traducirse en
una caída de las ventas a Estados Unidos y a otros países, lo que no
sólo conllevaría una reducción en la balanza comercial con el vecino del
norte sino con el exterior en general, además de que inhibiría la
crucial diversificación de nuestras exportaciones.
Con este telón de fondo, el secretario de Economía, Ildefonso
Guajardo, participó ayer en la capital chilena en la firma del Acuerdo
Global y Progresivo para la Asociación Transpacífico (CPTPP, por sus
siglas en inglés), un sucedáneo ligero del Acuerdo Transpacífico que
Trump se negó a firmar. El nuevo convenio hereda las partes más lesivas
para la soberanía institucional de su frustrado antecesor, y queda para
una reflexión posterior la viabilidad de participar en ambas instancias
–el TLCAN y el CPTPP– en un escenario de ofensivas proteccionistas como
el que las decisiones de Trump amenaza con desatar.
En estas nuevas circunstancias cabe insistir en la pertinencia de que
el actual gobierno nacional se retire del proceso de renegociación del
instrumento de libre comercio con Estados Unidos y Canadá a fin de
permitir que el país cuente con condiciones internas y externas más
propicias para lograr un convenio mínimamente justo, equitativo y
benéfico para México.
No hay comentarios.:
Publicar un comentario