28 de mayo: Día Internacional de Acción por la Salud de las mujeres
En
América Latina, el aborto sigue considerándose como un delito, por lo
que las legislaciones de los países son restrictivas y las mujeres que
tienen abortos ya sea espontáneos o inducidos, son perseguidas y
criminalizadas.
De acuerdo con datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida
(GIRE), en el periodo de 2010 a 2014, ocurrieron anualmente alrededor
de 6 millones de abortos inducidos en América Latina y el Caribe. En
2015, al menos 10 por ciento (900) del total de muertes maternas en esta
región se debieron a abortos inseguros, Las complicaciones más comunes
fueron: la pérdida excesiva de sangre, infecciones, retraso en el
tratamiento, uso de intervenciones inapropiadas, acceso inadecuado y
“actitudes prejuiciosas” por parte del personal médico, a las cuales se
enfrentan, mayormente, las mujeres que viven en condiciones de pobreza y
áreas rurales.
A propósito del 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud
de las Mujeres, Cimacnoticias entrevistó a integrantes y abogadas de
organizaciones feministas y defensoras de los Derechos Humanos de Chile,
Argentina y El Salvador, en donde a cuentagotas, se ha dado un avance
para modificar las legislaciones que restringen el derecho de las
mujeres a realizarse un aborto.
Cabe recordar que esta fecha se conmemora desde 1987 cuando la Red de
Salud de las Mujeres Latinoamericanas y del Caribe (RSMLAC), apoyada
por la Red Mundial por los Derechos Sexuales Reproductivos propusieron
el 28 de mayo como una fecha para llevar a cabo acciones a favor de la
salud integral de las mujeres en todo el mundo.
En 1988 se conmemoró el primer 28 de Mayo con el lanzamiento de la
Campaña para la Prevención de la morbilidad y mortalidad materna,
coordinada por la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos,
(RMMDR), y la Red de Salud.
En 1996, la Red Mundial de Mujeres por los Derechos Reproductivos
inició un proceso de evaluación de esta Campaña para ampliar su enfoque
temático a la luz de nuevas problemáticas que afectan negativamente la
salud de las mujeres. Las organizaciones latinoamericanas y caribeñas se
reunieron en Cuenca, Ecuador, y decidieron desde entonces impulsar en
la región la Campaña por el Ejercicio de los Derechos Sexuales y
Reproductivos, bajo la coordinación de la RSMLAC.
Desde esa fecha hasta ahora, la RSMLAC ha coordinado cada 28 de mayo
llamados a la acción, priorizando temas como la calidad de la atención,
los servicios de salud sexual y reproductiva para adolescentes, la
ciudadanía en salud, el grave impacto del aborto inseguro, la agenda de
la Conferencia de El Cairo y los derechos sexuales y reproductivos, e
incluso retomó la temática de la mortalidad materna como una demanda de
justicia social, considerando que no se ha avanzado sustancialmente en
erradicarla.
En el tema del aborto, si bien las organizaciones civiles y el
movimiento feminista han trabajado para eliminar las restricciones del
aborto, seis países siguen manteniendo una prohibición absoluta, incluso
en casos donde la vida de las mujeres está en riesgo. De acuerdo con la
Organización Mundial de la Salud (OMS), actualmente, los países de
América Latina y el Caribe que prohíben el aborto en cualquier caso son:
El Salvador, Nicaragua, Honduras, Surinam, Haití y República
Dominicana.
“UN PRIMER PISO”: CHILE
Después de 30 años de lucha, el movimiento feminista obtuvo un avance
en el acceso de las mujeres a la interrupción voluntaria del embarazo,
con la entrada en vigor, en septiembre de 2017, de la Ley 21.030,
propuesta en 2015 por la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, la
cual permite a las chilenas abortar por 3 causales: cuando la vida de la
mujer esté en riesgo; cuando hay inviabilidad del feto; o cuando el
embarazo es producto de una violación.
Durante los 3 años que fue debatida esta Ley, el movimiento feminista
junto con el apoyo de la ahora expresidenta buscaron impulsar las
recomendaciones internacionales de organizaciones defensoras de DH para
que las chilenas pudieran contar con el acceso al aborto al menos en 3
causales, y con ello, eliminar la estigmatización de éste como “un
delito”.
Con ello Chile dio un primer paso para que las mujeres accedan a este
derecho prohibido por cualquier circunstancia desde 1989, cuando se
modificó el Código Penal para prohibir el aborto en cualquier
circunstancia.
Para la abogada de “Corporaciones Humanas” (organización con más de 12 años de trabajo en la lucha por los DH de las mujeres),
Camila Maturana Kesten, esto es una “solución parcial”, pues las
mujeres aún se enfrentan a numerosas barreras para acceder a la adecuada
implementación de la Ley 21.030, explicó en entrevista con
Cimacnoticias.
Una de estas barreras, detalló, son los plazos “insuficientes”
establecidos para la causal de violación, que no contemplan factores
externos como el miedo, razón por la que muchas víctimas de violencia
sexual no acuden a instancias médicas; también se refirió a los
prejuicios y estereotipos que prevalecen en el personal de salud y que
se continúe responsabilizando a las mujeres de esta violencia, “se les
cuestiona su relato y se piensa que de algún modo ellas han generado
esta situación”, comentó Camila Maturana Kesten.
Después de aprobada esta ley, se publicó un Protocolo sobre Objeción
de conciencia, mismo que fue modificado por el nuevo ministro de Salud,
Emilio Santelices Cuevas, quien a 10 días de haber entrado en funciones
(en marzo de este año) modificó el Protocolo para ampliar las
posibilidades de las instancias médicas públicas y privadas, con o sin
convenio con el Estado chileno, para poder acogerse bajo la objeción de
conciencia de manera personal o institucional y disminuyó los requisitos
y la falta de formalidad en el procedimiento de solicitar este
mecanismo.
En consecuencia, comentó Maturana Kesten, un tercio de los
ginecólogos en Chile recurrieron a la objeción de conciencia y numerosos
establecimientos médicos quedaron sin profesionales no objetores en
zonas donde sólo existe una institución médica. Tal es el caso de las
ciudades chilenas Osorno y Huasco (según datos del Minsal), donde la
totalidad de médicos obstetras declaró que no realizará el procedimiento
de aborto por la causal de violación.
Lo anterior, aclaró la abogada, es resultado de la criminalización
con la que aún se relaciona la práctica del aborto impulsada por los
grupos conservadores que han mantenido una gran influencia en la toma de
decisiones del gobierno chileno con respecto a los derechos sexuales y
reproductivos de las mujeres.
Con lo anterior, las chilenas volvieron a quedar en una situación de
vulnerabilidad ante las instituciones médicas al no tener ninguna
alternativa para acceder a la interrupción de su embarazo, a pesar de
encontrarse dentro de las 3 causales no punibles, comentó la defensora
quien agregó que el gobierno chileno anunció hace dos semanas que
publicará un Reglamento, no un Protocolo sobre la objeción de conciencia
con el fin de garantizar que éste no viole los derechos de salud de las
mujeres, pero no han obtenido ninguna respuesta y están a la espera de
la decisión de la Cámara de Diputados del país, para dar inicio a una
“acusación constitucional”: juicio político, contra el ministro de
salud, Emilio Santelice por incumplir con la Ley, al dictaminar un
Protocolo ilegal.
Hoy, las mujeres chilenas, expresó Maturana Kesten, permanecen en una
situación de incertidumbre al no tener seguro qué pasará con el
personal médico ya adjudicado a la objeción de conciencia y el cómo se
aplicará la ley, no obstante, resaltó que mientras esté en vigor la Ley
21. 030 los establecimientos médicos, en particular los públicos no
pueden ampararse en este mecanismo hasta que se publique el nuevo
Reglamento.
El movimiento feminista, añadió, no sólo deja “un primer piso” a las
chilenas sobre el aborto, sino ha impulsado el empoderamiento de
generaciones más jóvenes que hoy, luchan por evidenciar los casos de
violencia sexual y discriminación en las universidades y colegios.
La también integrante de la “Mesa Acción por la Despenalización del
Aborto”, organización compuesta por casi 200 organizaciones enfocadas en
generar argumentos para el debate de la despenalización del aborto,
enfatizó que el objetivo del movimiento feminista es avanzar hacia la
plena despenalización del aborto, bajo el lema: “Anticonceptivos para no
abortar. Aborto legal para no morir”.
“UN MOMENTO HISTÓRICO”: ARGENTINA
Argentina, cuenta actualmente con el Protocolo de Atención Integral
para las personas con derecho a una interrupción Legal del Embarazo
(ILE) y una ley que sólo permite interrumpir un embarazo en caso de
violación o peligro de la vida de la madre, sin embargo, la aplicación
de éstos es de manera limitada en diversas provincias del país o no son
acatados en los todos los hospitales, lo cual sigue dificultando el
acceso de las mujeres a un aborto seguro.
Por séptima ocasión, la Campaña Nacional por el Derecho del Aborto
Legal, Seguro y Gratuito, conformada por más de 600 organizaciones
nacionales e internacionales, presentó, en marzo de este año, el
Proyecto de Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE), ante la
Cámara de Diputados.
La iniciativa cuenta con 13 artículos que buscan despenalizar el
aborto sin importar las condiciones bajo las cuales se produzca el
embarazo hasta las 14 semanas de gestación y se realice en
circunstancias “adecuadas”.
El Proyecto de Ley es resultado del movimiento feminista, que ha
luchado por concientizar a la mujeres argentinas de la necesidad de
combatir las “trabas médicas y judiciales que niegan o demoran en
numerosas ocasiones la posibilidad de llevar a cabo un aborto seguro”,
comentó en entrevista con Cimacnoticias, la integrante y activista de la
“Campaña”, Victoria Tesoriero.
En consecuencia, explicó, el Proyecto de Ley logró reabrir el debate
sobre el aborto a principios de abril de este año en la Cámara de
Diputados, donde, hasta el momento, se han realizado alrededor de 700
exposiciones a favor y en contra, las cuales finalizarán el 31 de mayo, y
se prevé que pase a votaciones en las 4 comisiones: Legislación
General; Legislación Penal; Familia, Mujer, Niñez y Adolescencia; y
Acción Social y Salud Pública.
Durante estas sesiones de los diputados, expresó la defensora, las
argentinas han convocado en redes sociales con los hashtag #tuitazo y
#pañuelazo a tomas simbólicas fuera del recinto para informar a más
mujeres sobre la necesidad del Proyecto. “En la ciudad de Buenos Aires,
un 70 por ciento de la población está a favor de la despenalización
absoluta del aborto, mientras que en el resto del país contamos con 60
por ciento”, enfatizó.
De obtener un dictamen favorable, agregó la Ley será debatida en el
recinto de los diputados el 13 de junio y se retomará el debate en
agosto en la Cámara de Senadores como último paso para legalizar el
Proyecto, “ya no permitiremos un paso atrás”, dijo Victoria Tesoriero.
Esta lucha, aclaró se ha instalado bajo el lema “Educación Sexual
para decidir, anticonceptivos para no abortar y aborto legal para no
morir”, junto con el símbolo de un pañuelo verde que representa la vida y
a las Madres de Plaza de Mayo, quienes usaban un pañuelo blanco en sus
jornadas de búsqueda de las personas desaparecidas, secuestradas,
torturadas y asesinadas durante el gobierno de Jorge Rafael Videla en
Argentina.
Por su parte, la diputada y firmante de la “Campaña”, Brenda Austin
comentó en entrevista que el país a atraviesa por un “momento
histórico”, en el cual buscan exigir al Congreso argentino legalice y
modifique la ley para que ésta sea “sumamente clara” y se aplique de
manera uniforme en todo el país.
De no aprobarse el Proyecto, aclaró, harán mayor presión en la
despenalización y la legalización del aborto para que éste deje de
considerarse como “un delito” en el Código Penal, no se “amenace” a las
mujeres con la cárcel, y se garantice su práctica en el sistema de
salud pública. Actualmente, el Código argentino penaliza con 1 a 6 años
de prisión a las mujeres que realicen un aborto, e inhabilitación de
actividades y doble de condena al personal que lo realice.
PROHIBICIÓN TOTAL: EL SALVADOR
Después de que el Estado salvadoreño reformó su Código Penal, en
1997, estableció la penalización absoluta del aborto, incluso en los
casos en que la vida de las mujeres o del feto esté en riesgo, o si el
embarazo es producto de una violación. Esta práctica es considerada como
“un delito” que condena a las salvadoreñas con penas de 6 a 12 años de
prisión.
En marzo de este año la “Agrupación Ciudadana por la despenalización
del aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico”, junto con más de 30
organizaciones salvadoreñas e internacionales, exigieron a la Asamblea
Legislativa de El Salvador reabrir el debate sobre la despenalización
del aborto para garantizar servicios de salud pública y condiciones
seguras a las mujeres.
No obstante, pese a las dos iniciativas presentadas en 2016 y 2017
para despenalizar el aborto propuestas por la diputada del partido de
izquierda Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional (FMLN) y por el
diputado del partido Arena, Johnny Wright, las cuales buscan reformar el
Artículo 133 del Código Penal para permitir la interrupción del
embarazo por 4 causales: cuando esté en riesgo la vida o salud de la
mujer; por inviabilidad de la vida del feto; producto de una violación; y
en caso de menores de edad por violación y estupro, y a los llamados
internacionales, la discusión no pasó en esta legislatura.
En entrevista con Cimacnoticias, la presidenta de la “Agrupación
Ciudadana”, Morena Herrera, lamentó que las y los legisladores se
dedicaran a inhibir la discusión del tema y que no sean concientes de la
situación de vulnerabilidad, en la cual dejan a las mujeres
salvadoreñas al no tener alternativas seguras para la interrupción de un
embarazo, lo que hará prevalecer al suicidio como la principal causa de
muerte materna en adolescentes.
La “equivocada aplicación de la ley”, dijo, obligará al personal
médico a seguir considerando a las mujeres como criminales. “Si a las
mujeres no se les permite defender su vida, difícilmente se les van a
reconocer otros derechos”, añadió la feminista, Morena Herrera.
En este contexto la defensora resaltó que decenas de mujeres han
pasado más de una década en prisión por interrupciones del embarazo que
en muchos casos han sido involuntarios. Tal es el caso de las “17 y más”
de El Salvador, nombre con el que se conoce a las 24 mujeres
salvadoreñas condenadas por sufrir abortos “extrahospitalarios”, las
cuales en su mayoría provienen de zonas pobres.
Morena Herrera recalcó que a pesar de que la nueva legislatura de la
Asamblea está compuesta por perfiles conservadores, el movimiento
feminista seguirá realizando campañas que contrarresten los argumentos
de los grupos fundamentalistas quienes han protestado de manera
constante y para que se garantice la libertad de las mujeres
encarceladas injustamente por aborto, se dé seguridad jurídica a los
médicos y se elimine la violación a los DH de las mujeres.
Actualmente, el diputado de Alianza Republicana Nacionalista (Arena),
Norman Quijano, asumió la presidencia de la Asamblea Legislativa, el
pasado 1 de mayo hasta el 32 de octubre 2019, junto con el diputado del
Partido de Concertación Nacional (PCN), Serafin Orantes como
vicepresidente.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Aline Espinosa Gutierrez
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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