OSC exigen protocolos especializados de investigación
En
el marco de la presentación del Informe “Implementación del tipo
penal de feminicidio en México: Desafíos para acreditar las
razones de género 2014-2017” financiado por la Unión Europea y la
Embajada de los Países Bajos, defensoras de los Derechos Humanos de las
mujeres lamentaron que a un año y medio de la Declaratoria de Alerta por
Violencia de Género en Chiapas,las autoridades estatales “siguen sin
contar con datos sobre el feminicidio, lo que impide la generación de
políticas públicas para su erradicación”.
Expusieron que en el periodo de enero de 2014 a octubre de 2017, el
Observatorio Ciudadano Nacional de Feminicidio (OCNF), conformado por
40 organizaciones de 22 estados del país, documentó en el
Informe 282 asesinatos de mujeres en Chiapas, de los cuales 125
fueron feminicidio, es decir, 44.32 por ciento.
El informe sobre feminicidio presentado en el Museo de
Tuxtla Gutiérrez, documentó a nivel nacional el asesinato de 8 mil
904 mujeres, de los cuales 2.18 fueron investigados como feminicidio,
es decir, sólo 24.57 por ciento y que durante el periodo referido la
Fiscalía General de Justicia del Estado informó de manera
parcial sobre los datos registrados durante dicho periodo.
Aunado a ello, sólo proporcionó información sobre 4 de las 22
variables solicitadas por el OCNF, es decir, de los casos de
feminicidio ocurridos únicamente en 2014 y 2015, limitado a 64 casos.
Señalaron que las variables proporcionadas tienen que ver con
la edad de la víctima, el método utilizado para asesinar a
las mujeres, el lugar del hallazgo y la relación entre la
víctima y el victimario, sin embargo, esta información no
permite realizar un diagnóstico a profundidad que pueda generar
políticas públicas de prevención, atención y sanción del delito,
mucho menos para que estas atiendan de manera particular a las
indígenas, trans o a las migrantes.
Ante la ausencia de información oficial, las organizaciones de la
sociedad civil han tenido que recurrir al registro hemerográfico y a los
datos de los casos que acompañan.
Según datos obtenidos por el Grupo de Mujeres de San Cristóbal
(Colem), organización feminista integrante del OCNF; en lo que va del
2018 se han registrado 29 casos, 13 han sido feminicidio, 2
posibles casos de feminicidio, 4 tentativa de feminicidio y 9 más han
sido muertes violentas por accidentes, suicidios, entre otros.
La directora del Colem, Martha Figueroa Mier, dijo que pesar de
que la AVG -declarada el 18 de noviembre de 2016- mandata al
gobierno del Estado, contar con una base de datos que permita
conocer la problemática, la autoridad no da características de
los casos de feminicidio, lo que es grave e impacta de manera
negativa en la vida y seguridad de las mujeres, además de impedir la
creación de una política de prevención de los delitos.
Agregó que si bien las consignaciones realizadas por feminicidio
son del 87.30 por ciento -contrario a los casos de homicidios
dolosos de mujeres los cuales son judicializados sólo en un 26 por
ciento- estos son en su mayoría casos de feminicidio íntimo, lo que
impide reconocer la participación de otros actores.
Respecto al protocolo de investigación del estado de Chiapas,
el cual se emitió en 2016, señaló que este no incorpora la
perspectiva de género en la investigación del delito, ni especifica las
diligencias particulares que deben realizarse para la acreditación de
las razones de género y no está actualizado al nuevo sistema de justicia
penal.
“Cabe mencionar que en los casos documentados se ha identificado un
patrón relacionado con la desaparición y el feminicidio, frente a
lo que las autoridades no han realizado las acciones
necesarias para prevenir, atender, sancionar y erradicar dicha
violencia”, dijo Figueroa Mier.
Ante ello, agregó, es grave que a un año y medio de la
declaratoria de AVG, las autoridades no implementen de manera
eficaz las recomendaciones realizadas y no actualicen la información
sobre los nuevos contextos de la violencia contra las mujeres, por lo
que como organizaciones y defensoras de los Derechos Humanos exigieron
al gobierno federal y de Chiapas, que se cree e implemente una
Unidad de Análisis y Contexto en Chiapas, que fortalezca las
investigaciones, que identifique los diversos contextos de criminalidad
en los que está inmerso el feminicidio.
Demandaron además que la entidad cuente con un protocolo
especializado para la investigación del delito de feminicidio,
que promueva la incorporación de la perspectiva de género en todas las
actuaciones del personal y las autoridades encargadas de la
investigación, para que en este mismo sentido, se promueva la
capacitación para las y los operadores de justicia, hecho que
garantizará la debida diligencia, lo cual, permitirá el
esclarecimiento del hecho y el acceso a la verdad y a la justicia.
Las defensoras exigieron que se reformen los marcos penales y
administrativos para reconocer como delitos y faltas graves los actos de
estigmatización a las víctimas, de omisión, negligencia y
obstrucción de justicia en las investigaciones de muertes
violentas de mujeres, y que se investiguen de manera oficiosa.
Y que se establezcan los mecanismos efectivos para garantizar la
reparación integral del daño que incorpore las medidas de atención y
rehabilitación a niñas, niños y adolescentes huérfanos/as (como lo
hicieron los estados de México y Jalisco en el marco de la AVG), sin que
éstos se supediten a los procesos judiciales.
Entre otros reclamos, pidieron que la Fiscalía investigue desde
un inicio toda muerte violenta de mujeres como feminicidio,
incluyendo los suicidios, accidentes y los que se cometan en contextos
relacionados con el crimen organizado y los conflictos armados en la
entidad.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias/ChiapasParalelo | Tuxtla Gutiérrez, Chis .- 
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