Autor:
José Reyez
Con independencia de quien gane la elección presidencial el 1 de julio, el crimen organizado trasnacional seguirá desestabilizando a México y a Estados Unidos, advierte la Oficina de Inteligencia Nacional de Estados Unidos
Una característica clave de 2018 en el entorno político en México y
América Latina será, ciertamente, la frustración popular por el bajo
crecimiento económico, los escándalos de corrupción y el espectro de
actividad criminal endémica, señala el director de inteligencia nacional
de Estados Unidos, Daniel R Coalts.
“Los mexicanos se centran en las elecciones presidenciales y
legislativas previstas para el 1 de julio de 2018, en la que la
corrupción y el alto grado de violencia, y una débil economía, serán
temas clave, donde el gobierno mexicano ha hecho lentos progresos
aplicando las reformas del estado de derecho y seguirá recurriendo a los
militares para liderar los esfuerzos antidrogas”, agrega.
En la Declaración para el acta de amenaza mundial 2018
–documento de análisis de posibles amenazas a Estados Unidos y América
Latina–, Coalts indica que en la mayoría de los casos severos en la
región del continente americano, las empresas delictivas contribuyen al
aumento de la violencia social, erosionan gobiernos competentes, socavan
la integridad de sistemas financieros internacionales y dañan la
infraestructura.
Señala que las elecciones presidenciales en México y Colombia se
producen en un momento en que el apoyo a partidos políticos e
instituciones de gobierno está en mínimos históricos y podría reforzar
el atractivo de rechazo a los candidatos. Mientras, las clases medias,
cada vez más sofisticados y con mayor acceso a los medios de
comunicación, son más exigentes en rendición de cuentas a sus gobiernos.
El director de la comunidad de inteligencia de los Estados Unidos
apunta que grupos delictivos mexicanos seguirán suministrando gran parte
de heroína, metanfetamina, cocaína y marihuana que cruzan por la
frontera, mientras que los proveedores basados en China continuarán
proveyendo la nueva droga fentanilo y sus precursores a México y Canadá,
así como a distribuidores o mediante venta directa a los consumidores a
través de internet.
Alerta que “grupos delictivos organizados transnacionales y redes se
plantean graves y crecientes amenazas para la seguridad y la salud de
los ciudadanos estadounidenses, así como a los derechos humanos a nivel
mundial, la integridad ecológica, ingresos del gobierno y esfuerzos para
hacer frente a adversarios y terroristas”.
Asimismo, asegura que también continuará en la región de
Latinoamérica la caza furtiva, la pesca ilegal, la extracción ilícita de
minerales, así como la producción de cultivos de drogas que seguirán
amenazando a las economías de los países, la biodiversidad, la seguridad
alimentaria y la salud humana.
Riesgo de golpe de Estado
Mayumi Yasunaga Kumano, catedrático del Instituto de Investigaciones
Estratégicas de España (IIEE), advierte que la crisis de los últimos
años ha sido muy dura para el conjunto de las economías
latinoamericanas, lo cual pesa sin duda en los escenarios electorales y
en los gobiernos que surjan de las urnas, que tendrán que implementar
políticas públicas que aprovechen todo su potencial compatible con el
desarrollo sostenible.
En su análisis El ciclo electoral 2017-2019 en América Latina
sostiene que “los problemas globales de la región, como la desigualdad,
la corrupción o la inseguridad planten desafíos graves a los dirigentes
políticos y para gestionarlos serán precisas reformas, que tendrán que
llevarse a cabo en medio de un escenario de descrédito de los políticos y
partidos, lo que va a hacer más difícil aún adoptar medidas de por sí
impopulares y complejas.
El documento, publicado en mayo de 2018 por del IIEE, dependiente del
Ministerio de Defensa de España, subraya que “la desigualdad,
corrupción y malas gestiones han provocado un incremento en la
desafección de los ciudadanos hacia la democracia y los partidos
políticos e instituciones, así como hacia los sistemas judiciales. Esa
desafección se plasma en indicadores preocupantes respecto de la salud
de los sistemas democráticos abiertos que también vemos en otros
continentes”.
Por ejemplo, -dice Yasunaga Kumano citando datos del Barómetro de las
Américas (Americas Barometer), organismo dedicado a realizar encuestas
de opinión e investigación de políticas públicas-, que el apoyo a un
sistema democrático estaría por debajo del 80 por ciento en países como
México (49,4 por ciento), Paraguay (48,6 por ciento) o Guatemala (48,4
por ciento).
Asimismo, dicho apoyo democrático estaría en otros países como Brasil
(52,4 por ciento), Perú (52,7 por ciento) o Ecuador (52,8 por ciento).
“En el conjunto de la región, el apoyo ha pasado de un 69,8 por ciento
en 2008 a un 57,8 por ciento en el año 2017, una caída de 12 puntos en 9
años”, acota el analista del IEEE.
Al ahondar en el deterioro de la región latinoamericana, Yasunaga
Kumano alerta que “un golpe de estado, motivado por las altas tasas de
crimen se consideraría justificado por más del 33 por ciento de la
población en Colombia y Bolivia (37,8 por ciento) o Perú (55,3 por
ciento) y debido a la corrupción, por más del 33 por ciento de la
población en Brasil (34,6 por ciento), México (49,9 por ciento) o Costa
Rica (53,2 por ciento).
Así, señala el catedrático, el deterioro de la percepción ciudadana
se traslada a los procesos electorales: en Brasil un 76,6 por ciento no
confían en las elecciones, en Colombia un 76 por ciento y en México y
Paraguay un 73 y 68,4 por ciento, respectivamente.
Precisa que los partidos no salen mejor parados en Colombia, Brasil,
Chile o Perú, donde tienen la confianza de un 10, 9, 8,5 y 7,5 por
ciento, respectivamente, de sus ciudadanos. “Eso permite que en
elecciones como las de Colombia, México o Brasil se presenten candidatos
alejados de los partidos tradicionales como Gustavo Petro, Andrés
Manuel López Obrador o Jair Bolsonaro, que en condiciones normales no
tendrían tantas posibilidades”.
Agrega que a pesar de las ventajas de la economía mexicana de 1,1
billones de dólares de sus sólidos fundamentos, “la incertidumbre sobre
las relaciones comerciales del Tratado de Libre Comercio y un índice
mayor de lo esperado de inflación para este año podría ralentizar aún
más el crecimiento económico”.
Yasunaga Kumano explica que en los últimos años la situación del
mexicano-estadounidense obligado a la migración ha sido negativa, y
augura que podría aumentar si las oportunidades económicas en el hogar
disminuyen.
Por su parte, el director de la oficina de inteligencia de Estados
Unidos, Daniel R. Coalts sostiene que grupos delictivos organizados
transnacionales van a generar más ingresos procedentes de actividades
ilícitas en el próximo año, estimados entre 1 mil 600 y 2.2 billones de
dólares, dominan el suministro de drogas ilícitas consumidas en Estados
Unidos, causando altas tasas de mortalidad entre los ciudadanos.
“Solo en el año 2016 murió un número record por sobredosis de drogas,
21 por ciento más que en 2015. La producción mundial de cocaína,
heroína y metanfetamina está en niveles récord; la mortalidad por
potentes opioides sintéticos se duplicó en 2016 y se han convertido en
una causa clave para el país por muertes causadas por la droga”,
subraya.
De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de
Enfermedades (CDC, en inglés), en 2015 más estadounidenses murieron de
sobredosis de drogas que en cualquier otro año: más de 52 mil muertes,
atribuibles a la regulación inadecuada de los medicamentos recetados.
Según los datos de prescripción médica de los CDC, cientos de
millones de recetas de analgésicos opioides han sido escritas por
médicos en los últimos años, produciendo un número récord de pacientes
adictos a opiáceos, prescritas de forma legal o adquiridas a través del
mercado ilegal.
Asimismo, señala que nuevas adicciones han creado un mercado
importante para las drogas ilegales como fentanilo y la heroína, que se
producen y transportan principalmente a través de México. Y aunque el
gobierno de Estados Unidos ha adoptado medidas para mitigar este
fenómeno, sólo 10 estados han legislado para limitar las prescripciones
de opioides.
Entre las amenazas de la delincuencia organizada transnacional,
Daniel R. Coalts señala que continuará el tráfico de seres humanos; el
tráfico humano virtual en cada país que afecta alrededor de 25 millones
de personas víctimas de este flagelo.
Al respecto, la fundación Walk Free, a través de su índice de
esclavitud global, estima que el mayor número de esclavos en las
américas se encontró en México, aproximadamente 377 mil personas, en
donde mujeres y niños son más vulnerables frente a los tratantes de
personas, especialmente los que viven en comunidades marginales.
“Las mujeres se ven obligadas a participar en la prostitución,
mientras que los niños y los hombres son utilizados para el trabajo
involuntario, que a veces los convierte en sicarios”, indica.
Actualmente la lucha contra el crimen organizado transnacional en
México es más complicada, al aprovechar la economía globalizada para
expandirse en el tráfico de armas y personas, lavado de dinero,
secuestro, extorsión, advierte por su parte el American Enterprise
Institute (AEI, en inglés), un grupo de reflexión política conservador
con sede en Washington.
En el reporte anual 2017 del AEI, sostiene que “desde la toma de
posesión de Enrique Peña Nieto en diciembre de 2012, reportes sobre
crímenes de alto impacto, que prometió combatir desde entonces, han
alcanzado niveles dramáticos, los secuestros aumentaron en un 79 por
ciento, los homicidios 255 por ciento y los casos de extorsión 30 por
ciento”.
Agrega que al menos 12 exgobernadores han sido acusados de
corrupción, lavado de dinero o narcotráfico. “Algunos de estos
funcionarios –apunta el AEI- presumiblemente son responsables de haber
inhibido los esfuerzos antidrogas durante décadas, de haber pactado con
organizaciones delictivas para que operen con impunidad o se han
involucrado directamente en el crimen para obtener ganancias
financieras”.
El American Enterprise Institute -organización no partidista sin
fines de lucro- subraya: “La cultura de impunidad ha cultivado la
corrupción generalizada entre políticos de todos los partidos y
funcionarios de todos los niveles en todas las ramas del gobierno, lo
cual obstaculiza cualquier estrategia de seguridad y atrofia el
crecimiento económico del país—implicando un costo aproximado de 17 mil
300 millones de dólares al año, lo que representa el 9 por ciento del
PIB”.
Considera que una respuesta exitosa a la creciente amenaza
transnacional del crimen organizado en México debe tomar en cuenta estas
debilidades institucionales y enormes desafíos que existen para
implementar una estrategia de seguridad en medio de la corrupción
generalizada, la impunidad y la criminalidad.
Actualmente, sostiene el organismo, devolver a los militares a sus
cuarteles no es una opción, sin embargo, precisa que la estrategia debe
adaptarse a la realidad cambiante y a las versátiles tácticas de los
cárteles, en la que la cooperación entre Estados Unidos y México es
imprescindible para ganar terreno ante esta amenaza.
Sin embargo, insiste el ARI en que ningún grado de cooperación
internacional o asistencia técnica producirá resultados duraderos hasta
que las autoridades mexicanas ataquen la impunidad y corrupción mediante
la adopción de medidas sistemáticas y sostenidas.
Lo anterior, en virtud de que, de acuerdo con el índice de impunidad
global, México tiene el segundo nivel más alto de impunidad en el mundo,
y donde sólo se denuncian 7 de 10 delitos, y de todos los delitos
cometidos en el país, menos del 5 por ciento concluye con un
procesamiento jurídico con veredicto y sentencia, lo que significa que
la impunidad en el país es cercana al 95 por ciento.
“Con la impunidad en desenfreno, no sorprende que sólo el 9 por
ciento de los mexicanos confíe en las autoridades judiciales de su país,
por lo que la lucha contra la impunidad requiere un enfoque de abajo
hacia arriba para inculcar una cultura de legalidad y la expectativa de
justicia en todos los niveles de la sociedad”, apunta el American
Enterprise Institute.
José Réyez
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