Elecciones 2018
Luis Hernández Navarro
Que una genuina explosión
de inconformidad popular contra la inseguridad pública. Sin
coordinación entre sí, a finales de 2012 y comienzos de 2013, miles de
ciudadanos y comunidades se levantaron en Guerrero y Michoacán para
enfrentar a la delincuencia organizada y ejercer justicia. Nestora
Salgado encabezó esa revuelta en Olinalá, en la Montaña guerrerense.
Aunque desde septiembre de 1995 los montañeros comenzaron el proceso
organizativo que dio origen a la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC), la ola de descontento de los
pueblos contra el crimen organizado de finales de 2012 fue tan vigorosa
y espontánea que, en un primer momento, desbordó a esta organización.
De manera natural, esa movilización se engarzó con las protestas en
contra de la reforma educativa.
La lucha por la autodefensa popular se extendió a nuevos municipios
de la Montaña, la Costa Chica y las comunidades afrodescendientes,
distintos de los enclaves tradicionales de la CRAC-PC. Tixtla, Ayutla,
Huamuxtitlán, Cochoapa, Azoyú, Tecoanapa, Cualac y Olinalá fueron
algunos de ellos.
En parte, el crecimiento de la delincuencia en la región tuvo que ver con el descabezamiento del cártel
de los Beltrán Leyva. Su caída provocó la pulverización de sus células
criminales y el repliegue de algunas de ellas a nuevos territorios. Los
narcotraficantes se asociaron con los delincuentes tradicionales
(abigeos, ladrones de autos, traficantes de personas) y estrecharon
vínculos con políticos, caciques, policías y militares. La inseguridad
pública se recrudeció y con ella creció el hartazgo social.
Lejos de frenar la delincuencia, la presencia del Ejército en la
región, parte de una estrategia de contrainsurgencia, precipitó la
descomposición social y política comunitaria. La economía se narcotizó y
la venta de armas se convirtió en un gran negocio.
La violencia se cebó en los dirigentes sociales y ecologistas. Tan
sólo en los primeros dos años y medio del gobierno de Ángel Aguirre
fueron asesinados o desparecidos 13 líderes populares.
Uno de los focos organizativos más relevantes de la lucha contra la
inseguridad fue Olinalá. Durante 2011 la situación se volvió allí
insoportable. Los Rojos se adueñaron del municipio. Crecieron
los secuestros, el robo a casa habitación, los asaltos a plena luz del
día y las extorsiones. Una mezcla de temor y rabia se apoderó de sus
habitantes. Finalmente, la gota que derramó el vaso del descontento fue
el secuestro y asesinato de un joven taxista que se negó a pagar el
derecho de piso. El 27 de octubre la población se levantó en armas, tomó
en sus manos la seguridad y nombró una Consejo de Supervisión y
Vigilancia.
Ese día, de entre la crispada multitud, sobresalió una mujer que
desde 2013 había regresado al pueblo, después de vivir y trabajar
durante 11 años en Estados Unidos, primero como indocumentada y luego
con la ciudadanía estadunidense: Nestora Salgado. Su temple y buen
juicio evitó que la turba prendiera fuego a un grupo de muchachas,
novias de los sicarios.
Le siguió la organización. Nestora realizó asambleas barrio por
barrio. En marzo de 2013, la Policía Ciudadana nació formalmente en el
municipio. Dos meses después ingresó a la CRAC-PC. Salgado fue elegida
coordinadora. En 10 meses, la tasa de criminalidad disminuyó en 90 por
ciento y no se produjo homicidio alguno. El gobernador Ángel Aguirre
calificó de
heroicoel levantamiento contra la delincuencia de los olinaltecos.
En su labor como comandanta, Nestora se topó con una red de
pornografía infantil, tratantes de personas, políticos corruptos que
presionaba a comerciantes locales para que se retiraran de la venta de
materiales de construcción y con secuestradores. Temeroso con la
radicalidad de la impartición de justicia en el municipio, el gobierno
estatal amenazó a Nestora para que limitara su acción a la cabecera
municipal y se encargara de resolver exclusivamente asuntos menores.
Madres de las chicas que estuvieron a punto de ser quemadas vivas por el
pueblo y que eran explotadas sexualmente, le solicitaron a Salgado que
resguardara a sus hijas para reducarlas.
Casi de inmediato, la Policía Comunitaria de Olinalá chocó de frente
con el alcalde Eusebio González Rodríguez, actualmente presidente de la
Comisión de Hacienda del Congreso local, y a quien, según Nestora, los narcos
le pagaron la campaña. También con el síndico Armando Patrón Jiménez.
Ambos son parte de un grupo priísta con vínculos con el crimen
organizado y ramificaciones en el gobierno estatal. Uno de los
integrantes del clan, Manuel Sánchez Rosendo, presidente municipal de
ese municipio dos veces, está preso en el penal de Almoloya, sentenciado
por delincuencia organizada y por secuestrar al primo de Nestora.
Cuando Patrón Jiménez fue alcalde entre 1984-1986, fue señalado por el
delito de abigeato (https://bit.ly/2xhgX2U).
En agosto de 2013, el síndico fue detenido por la comandanta Salgado
(bajo el amparo de la Ley 701), acusado de alterar la escena de dos
asesinatos y robar ganado.
El 21 de agosto de 2013, un operativo militar liberó de la prisión
comunitaria a Patrón Jiménez. Horas después, soldados y marinos
detuvieron sin orden de aprehensión a Nestora y la trasladaron a una
prisión de alta seguridad en Tepic. Con pruebas falsas se le siguieron
seis procesos: secuestro de cuatro personas entre ellas jóvenes
explotadas sexualmente y sujetas a reducación, cuyas madres recibieron
20 mil pesos del alcalde para cambiar su versión de los hechos y culpar a
la comandanta; robo y privación ilegal de la libertad, y homicidio, el
13 de agosto de ese año, justo el mismo día y hora en el que ella se
encontraba dando una conferencia de prensa en Tixtla, a más de tres
horas de distancia de donde se dieron los hechos.
La detención de la comandante fue el banderazo de salida de una
ofensiva represiva gubernamental contra las policías comunitarias en
Guerrero. Fueron arrestados también Bernardino García, Gonzalo Molina y
Arturo Campos. Muchos más fueron perseguidos. Se dividió a la CRAC-PC y
algunos de sus dirigentes sobornados. El 26 de septiembre de 2014, esta
escalada alcanzó su punto más alto con la desaparición forzada de los 43
estudiantes normalistas de Ayotzinapa. Con las policías comunitarias
acotadas y golpeadas, el crimen organizado recuperó buena parte del
territorio perdido. La inseguridad pública creció. Los narcos se enseñorearon. De seguro brindaron con Buchanans para celebrar la arremetida contra Nestora.
Twitter: @lhan55
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