Ana de Ita*
En tanto el presidente
de Estados Unidos Donald Trump mantiene en jaque la renegociación del
Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), el presidente
Peña Nieto, los candidatos presidenciales Meade y Anaya, funcionarios e
integrantes de organizaciones de agricultores empresariales y de
productores rurales sostienen que su única propuesta para la agricultura
es el libre comercio y censuran la autosuficiencia alimentaria como una
política del pasado.
El Sistema Alimentario Mexicano (SAM), entre 1980 y 1982, se propuso
lograr la autosuficiencia alimentaria, a partir de resucitar la
producción de alimentos básicos y reducir la dependencia de
importaciones. En esta política, los campesinos temporaleros fueron una
pieza clave para impulsar la recuperación de la producción. El SAM es
considerado como la única experiencia de planeación estratégica exitosa
en la producción agrícola y la alimentación.
Los modernizadores actuales, al igual que los que promovieron en su
momento el TLCAN en la agricultura como el único camino al progreso, de
salida de la pobreza y de entrada al primer mundo, no han hecho un
balance de los saldos de este modelo.
En la década de los ochenta del siglo pasado, México importaba sólo
10 por ciento de los alimentos que consumía, y cerca de 75 por ciento de
ellos provenían de Estados Unidos, pero las políticas estructurales y
la apertura comercial que el TLCAN garantiza han colocado al país en
franca dependencia alimentaria. Actualmente, México importa 45 por
ciento de los alimentos que consume y más de 70 por ciento proviene de
Estados Unidos. La Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Agricultura (FAO) indica que un país debe producir más
de 75 por ciento de los alimentos que consume, para no ser vulnerable a
los vaivenes de precios, las crisis económicas, las presiones políticas
y la escasez.
La política agrícola que acompañó al TLCAN ha estado guiada por la
reduccionista teoría de las ventajas comparativas según la cual resulta
más barato comprar afuera la comida que se puede cultivar en el país.
Así, el gobierno mexicano aceleró los plazos de la apertura comercial
que protegía la producción interna, por ejemplo de maíz, sesgó los
subsidios hacia los grandes productores empresariales, las
agroindustrias y las comercializadoras transnacionales, desmanteló la
planta productiva agrícola y eliminó sus propias funciones de regulación
y fomento.
Los precios reales a los productores de granos básicos se redujeron a
cerca de la mitad durante el periodo de transición del TLCAN y para el
año 2007 se habían perdido 2 millones de empleos agrícolas directos. La
agricultura campesina, sin regulación ni apoyos, con el mercado interno
inundado de importaciones a precios dumping, no pudo sostener a
los miembros de la familia que trabajaban en la unidad de producción,
quienes engrosaron las filas de los jornaleros, migraron a las ciudades o
a Estados Unidos.
Los campesinos pequeños, aunque debilitados al no poder
reproducir la fuerza de trabajo familiar, se refugiaron sabiamente en el
autoconsumo y mucha de su inversión provino de las remesas familiares
de los migrantes que trabajan en Estados Unidos.
Los campesinos medios, que impulsaban procesos de organización para
controlar las distintas fases del proceso productivo, no pudieron
resistir la competencia trasnacional y la política anticampesina del
gobierno y quebraron a manos de las comercializadoras y agroindustrias, o
de los bancos. Sus organizaciones desaparecieron, perdieron su
infraestructura, y en varios casos las regiones que ellos dinamizaban y
protegían se convirtieron en bastiones del crimen organizado.
Mientras la población creció, la política de desaliento a la
producción de los cultivos básicos provocó su estancamiento o
disminución, aumentaron las importaciones y creció la dependencia
alimentaria del país.
La producción de maíz es la única que ha aumentado, en el periodo del
TLCAN. El año pasado se produjeron 27.4 millones de toneladas. Sin
embargo, la demanda de maíz amarillo para la alimentación de vacas,
cerdos y aves ha crecido a mayor velocidad y junto a la demanda de la
industria almidonera se satisface con importaciones. En 2017 se
importaron 15.3 millones de toneladas de maíz, cifra récord que equivale
a 36 por ciento del consumo nacional de ese año.
Los promotores de las ventajas comparativas en la agricultura
demuestran ignorar que la producción de hortofrutícolas, de la que
depende el superávit comercial con Estados Unidos, y en la que México
tiene ventajas comparativas, no compite, salvo algunas excepciones, con
la superficie en la que se cultivan granos básicos. Los cultivos
hortofrutícolas, considerados suntuarios porque son prescindibles,
tienen barreras climáticas y de mercado que les impiden extenderse sobre
los más de 13 millones de hectáreas cultivadas con granos básicos, por
casi 4 millones de productores. La producción de aguacate, jitomate,
pimiento, brócoli, otros vegetales, melones y todo tipo de moras,
absorbe si acaso un millón de hectáreas, está controlada por unas 500
empresas, muchas de ellas extranjeras, y genera menos de un millón de
empleos de pésima calidad.
Por si esto fuera poco, exportar hortofrutícolas no se contrapone a
fomentar la producción interna de básicos e impulsar una política que
tenga como base a los campesinos.
* Directora del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam)
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