Lo anterior se desprende de una investigación realizada por Animal Político (AP) y Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad (MCCI), donde se señala que de esas 400 compañías, 57 recibieron 3 mil 617 millones de pesos durante todo el sexenio de Duarte, dinero que en realidad debió destinarse a niños, ancianos y damnificados.
De ese gran total, 643 millones de pesos fueron a parar a 19 de esas empresas antes de los comicios presidenciales de 2012.
ASISMEX, la empresa que inyectó de manera ilegal 15 millones de pesos a la campaña presidencial del PRI en 2012, fue creada en Veracruz cuatro días antes del inicio del gobierno de Duarte, en diciembre de 2010. Y, según el Instituto Nacional Electoral (INE), esa compañía registró movimientos por al menos mil 393 millones de pesos durante el proceso electoral.
Sin embargo, el INE no ha podido explicar de dónde proviene el total de esos recursos. Sólo ha dicho que la trama incluye a 11 compañías y tres personas físicas que, a su vez, realizaron operaciones con ASISMEX.
Alegando secreto bancario, y dado que solicitó tanto a la Procuraduría General de la República (PGR) como al Sistema de Administración Tributaria (SAT) que se investigue el caso, el organismo electoral no dio a conocer a la opinión pública los documentos que prueban cómo se hicieron estas transacciones.
El INE identificó que ASISMEX también gastó otros 3 millones de pesos en esos comicios, que sirvieron para pagar a representantes del PAN, PRD, PT, MC y Nueva Alianza, aunque en este caso, sospechan los auditores del INE, fue para que el día de las elecciones no acudieran a las casillas que les correspondían. Aun así, impusieron multas por 6 millones a los partidos.
La investigación de AP y MCCI establece que ASISMEX y las compañías y personas señaladas por el INE están en el corazón de la red de López Gachuz, que recibió 643 millones de pesos del gobierno de Duarte en el año electoral de 2012.
Para que el millonario desvío tuviera éxito, Javier Duarte contó con la complicidad del actual diputado federal del PRI, Antonio Tarek Abdalá, quien ocupó dos diferentes cargos en su administración.
Como director de administración del DIF de Veracruz (2010-2012), Tarek autorizó los primeros pagos a la red López Gachuz de empresas fantasma en 2011.
Por estos pagos iniciales un juez del estado de Veracruz giró, el pasado 25 de mayo, una orden de aprehensión en contra de Karime Macías, expresidenta del DIF Estatal y esposa de Javier Duarte. Aunque el cargo de Macías era honorario, la Fiscalía de Veracruz sostiene que ella coordinó con Tarek los pagos a las empresas de la red.
En febrero de 2012, cuatro meses antes de la elección federal, Tarek Abdalá dejó el DIF para convertirse en tesorero de la Secretaría de Finanzas estatal y con ello los pagos a las empresas fantasma se multiplicaron.
Una serie de estos pagos se hicieron en semanas previas a la elección y sin contratos de por medio.
La documentación en poder de MCCI y AP revela que Tarek, como cabeza financiera del DIF, firmó 23 de 36 contratos otorgados a la red, pero ya como encargado de las finanzas a nivel estatal les entregó pagos anticipados antes y después de las elecciones de 2012.
Hace un año, la fiscalía de Veracruz solicitó el desafuero del diputado Abdalá, pero este proceso fue detenido gracias al voto de la fracción parlamentaria del PRI.
Abdalá no actuó solo. En todas las licitaciones del DIF era el mismo grupo de funcionarios quienes autorizaban los contratos: Joaquín Roque Flores Castro, encargado de la Subdirección de Recursos Materiales; Dante Omar Sánchez Alatorre, representante de la Dirección de Asuntos Jurídicos; Víctor Manuel Carrizo Yoval, jefe del Departamento de Adquisiciones, y Alejandro Pérez Jacome.
Una vez que Tarek pasó a la tesorería estatal, el DIF siguió otorgando más contratos a las empresas de la red López Gachuz, pero ahora con Astrid Elías Mansur como directora de administración.
En un gran número de contratos otorgados por el DIF a las empresas de la red simulaban competencia entre sí, como ocurrió con varias licitaciones donde fueron adquiridos juguetes y regalos que supuestamente serían otorgados a niños y madres veracruzanas de escasos recursos.
También simularon la adquisición de 2 mil 634 sillas de ruedas por 5.8 millones de pesos, que serían destinadas a personas de la tercera edad. En esta licitación participaron tres empresas que integraban la red.
La investigación que por su cuenta hizo la Fiscalía de Veracruz y que derivó en la orden de aprehensión en contra de Karime Macías, hace referencia a pagos a seis empresas de la misma red: Prefraco, Abastecedora Romcru, Centro de Recursos de Negocios CERENE, Ravsan Servicios Múltiples, Grupo Balcano y ANZARA.
Los fiscales señalan que los contratos entregados a dichas empresas por parte del DIF de Veracruz ascienden a 112 millones de pesos, aunque en el reportaje de MCCI y AP se revela que el monto que recibieran estas empresas y otras de la misma red a lo largo del gobierno de Duarte es cuatro veces superior.
De acuerdo con su acta constitutiva, ASISMEX tiene dos dueños. Uno es Juan Carlos Reyes León, quien se presenta también como propietario o representante legal de otras siete empresas de la misma red de empresas fantasma.
El otro dueño es José Alfredo García Barradas, que tiene otras cuatro empresas también de esta red de 400 compañías fantasma.
ASISMEX formalmente se dedicaba, según el acta constitutiva, a más de 15 labores distintas, que van desde el comercio de todo tipo de producto legal hasta dar cursos de superación personal.