Pero no sólo estarían operando ahí, sino también con el control de las autoridades electorales, llámense Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Instituto Nacional Electoral, o los Órganos Públicos Locales que se encargarán de organizar los comicios en los 30 estados donde se renovarán gobernadores, diputados locales y presidentes municipales.
Aunado a esto, algunos de los empresarios más importantes del país han desplegado una campaña de miedo entre sus empleados mediante cartas en las que les advierten que puede venir un gobierno populista que les quitará sus centros de trabajo y con ello su principal fuente de ingreso y de mantenimiento de sus familias.
Por ejemplo, Héctor Hernández-Pons Torres director de Herdez les advierte en su misiva que vienen “tiempos turbulentos” y que tomen sus medidas en su economía personal “para amortiguar un posible deterioro a su patrimonio”.
Mientras que en otra carta Eloy S. Vallina Laguera manifiesta su temor ante la regresión de “presidencias imperiales que llevadas por la iluminación mesiánica y la impunidad autoritaria se apropien del patrimonio ya generado por otros para después repartirlo a su antojo”. Y exhorta a sus empleados a “votar con responsabilidad” por un gobernante “con energía y claridad de pensamiento, con salud física, mental y estabilidad emocional”.
Con supuestos y temores, sin ninguna base comprobable y, sobre todo de manera irresponsable, estos y otros empresarios encabezan esta campaña de miedo y de coacción hacia sus empleados que antes de votar pensarán en sus trabajos y en sus familias.
El fraude es un engaño, una simulación y un chantaje, es falsificar un hecho para beneficio propio. Eso es lo que están haciendo gobierno, empresarios y todos aquellos que llevan a cabo una campaña de inducción, coacción y miedo del voto.
El punto importante o el aspecto que hay que tomar en cuenta es si ya midieron el riesgo de la irrupción social violenta ante una simulación electoral burda, si ya tienen un control de daños que vaya más allá de los primeros días posteriores al primero de julio, si ya tomaron en cuenta que esta elección es distinta a las anteriores por el gran enojo ciudadano harto de tanta corrupción oficial y empresarial, de tanto engaño y del ninguneo del que es sujeto por parte de los partidos.
Si la idea es ensuciar todo el proceso electoral para llevarlo al Tribunal Electoral con la intención de anular el resultado, solo estarían postergando un conflicto social de largo aliento que crearía una situación de ingobernabilidad que afectaría no solo al próximo presidente sino también a los empresarios.
Por cierto…Hoy es importante tener en cuenta en la memoria pública las desventuras del fraude en elecciones pasadas. En 1988 Cuauhtémoc Cárdenas domeñó al “tigre social” que le pedía tomar armas para impedir la llegada de Carlos Salinas de Gortari y en 2006 Andrés Manuel López Obrador lo controló a través del plantón de varios meses en la avenida Reforma. Hoy ese ánimo social, ese enojo ciudadano, ese tigre ha crecido alimentado por múltiples acciones de corrupción, impunidad, injusticia y ninguneo gubernamental. Si no se canaliza ese enojo ciudadano a través del voto libre podría manifestarse con toda su fuerza imposible de detener.