Ese mismo día, ante la Asociación Nacional de Usuarios de Riesgo (ANUR), Peña Nieto insistió en que existen avances y presumió cifras de generación de empleo, mientras el sindicato patronal de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) le exigían a su gobierno frenar la violencia y el crimen “nunca antes vistos”.
“La inseguridad está causando un severo daño económico, un impacto sobre la capacidad de nuestro país para atraer inversiones, generar empleos y desarrollar un círculo virtuoso de pacificación a partir de la generación de riqueza”, advirtió Gustavo de Hoyos Walther, presidente de la Coparmex.
El reproche es clarísimo: no se trata de “flagelación” sino de una realidad tremenda. El cierre del sexenio de Peña Nieto es el peor en cuanto a niveles de violencia, inseguridad y crímenes en los últimos 18 años: hay 90 ejecuciones diarias, 25% más que en el mismo lapso de 2017; el robo a combustible creció 34% en marzo y el robo a mercancías es 108% mayor que en el primer trimestre de 2016 y 65% más que en 2017.
Esta violencia, por supuesto, permeó ya a las campañas electorales. Matar adversarios políticos se ha convertido en un peligroso “negocio” y modus operandi que tiñen a toda la contienda federal y a los comicios estatales y municipales de un color rojo imparable, especialmente en 11 entidades, del centro-sur del país y de Chihuahua.
El informe de la consultoría www.entellekt.com es un recuento del panorama más anormal que se ha visto en unos comicios federales:
– Comparado con las elecciones federales de 2015, el número de asesinatos de candidatos y precandidatos entre septiembre de 2017 y mayo de 2018 representa un 385% más: 112 asesinatos en este periodo, contra 21 de 2015.
– De los 112 asesinatos cometidos contra políticos y aspirantes a cargos de elección popular, 83% han sido ejecuciones “con el sello característico del crimen organizado”, advirtió la consultoría. A esta cifra hay que sumar 44 atentados contra familiares de políticos.
– Del total de asesinados, 17 corresponden a precandidatos, 17 a exalcaldes, 13 a regidores, 13 a militantes, 12 a presidentes municipales en funciones, nueve a dirigentes partidistas, seis a candidatos y seis a excandidatos.
-La entidad que encabeza el mayor número de ejecuciones y agresiones a políticos es Guerrero (22), que junto con Oaxaca, Jalisco, Michoacán, Colima y Nayarit suman el 50% de los casos. El 85% de los casos pertenecen al ámbito municipal.
La segunda zona de mayor riesgo es la del centro del país, donde Puebla, Hidalgo, Estado de México y Guanajuato suman 25 asesinatos contra políticos. En el norte, Chihuahua registra cinco asesinatos.
– Además de las ejecuciones, la consultora hizo una suma de agresiones globales registradas en 2018, las cuales ascienden a 357, y de ellas el 72% se han dirigido a políticos opositores. Puebla es la entidad que encabeza esta lista con 47 agresiones, seguida de Guerrero, con 44; Veracruz, 33; Oaxaca, 32; Estado de México, 31, y Michoacán, con 21 agresiones.
– El mismo reporte advierte que “entre el 8 y el 26 de mayo de 2018 se produjeron un total de 52 agresiones contra políticos y candidatos, 20 de las cuales se dirigieron del partido Morena en 12 entidades del país: Zacatecas, Ciudad de México, Chihuahua, Puebla y Nuevo León, principalmente”.
– Por alianzas electorales, los asesinatos se distribuyeron de la siguiente manera: la coalición PAN-PRD-MC registró 37 homicidios, mientras que la coalición oficialista del PRI-PVEM-Panal sumó 36 asesinatos de sus políticos y la coalición Morena-PT-PES registró 16.
Si esta tendencia continúa, no es difícil pronosticar que junio será el verano no sólo más caluroso sino violento en toda la historia de los comicios federales recientes, especialmente a nivel de alcaldías y en la zona Centro-Pacífico del país.
Esto, señor Peña Nieto, no es “autoflagelación”. Es el mapa de la descomposición que deja este periodo de violencia irrefrenable.
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