Graves violaciones a DH en frontera sur de México
Ellas
vinieron a México para buscar una vida mejor, pero en vez de eso fueron
víctimas inocentes de una policía y una fiscalía que buscaba presentar
éxitos en su “lucha” contra el crimen organizado. Tal es el caso de seis
mujeres migrantes que pasaron años en la cárcel por crímenes que no
cometieron, aseguraron organizaciones civiles.
El Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, la
Universidad Iberoamericana y el Centro de Derechos Humanos Fray Matías
de Córdova presentaron el informe “Criminalización de Mujeres
Migrantes”, en el cual muestran graves violaciones a los Derechos
Humanos de mujeres migrantes en el sur de México.
El informe pone el caso de las seis mujeres en contexto con la
política migratoria del Estado mexicano en la frontera sur. Expone que
el objetivo central es el control de flujos migratorios, con una
militarización de amplias zonas fronterizas de México y Guatemala.
Esta política es respaldada por los Estados Unidos, nación que tiene
gran interés de contener migrantes centroamericanos lejos de su
frontera, y ha dado miles de millones de dólares para el fortalecimiento
de la seguridad en las fronteras. Las organizaciones civiles han notado
que las detenciones, deportaciones y violaciones graves de Derechos
Humanos han aumentado en los últimos años.
Por ejemplo, 188 mil 595 personas han sido detenidas en 2016,
comparado con 86 mil 298 en 2013, muchas de ellas demandantes de asilo
político, mujeres, embarazadas, niñas y niños. Las políticas
restrictivas del mayor control afectan sobre todo a grupos de mayor
vulnerabilidad, concluye el informe.
En este marco también se puede ver la detención de mujeres migrantes y
su vinculación con delitos penales. El Estado mexicano tiene grandes
deficiencias en el cumplimiento de las recomendaciones internacionales
para atender el delito de trata, constatan las y los autores.
Hay un aumento considerable de sentencias, pero no necesariamente se
está procesando a tratantes, sino a los explotadores o las propias
víctimas, y el acceso a la justicia de las acusadas es difícil, sobre
todo para mujeres indígenas.
Uno de los ejemplos que da el informe es el de Guadalupe Pérez
Rodríguez, una indígena Mam de Guatemala, de 52 años. Se trasladó con su
familia a Motozintla, Chiapas, hace veinte años. Era empleada de un bar
donde lavaba los trastes cuando la detuvo la policía.
Agentes estatales entraron al bar y se llevaron a las mujeres
empleadas y clientas, los hombres que se encontraron ahí no fueron
detenidos. Guadalupe fue llevada al Ministerio Público pensando que los
policías sólo la iban a entrevistar. Le presentaron papeles y pidieron
que los firmara. Ya que Guadalupe no sabía leer ni escribir, dio su
huella digital.
Fue trasladada al reclusorio femenil en Tapachula, acusada de trata
de personas y corrupción de menores, basado en el dicho de los policías,
su propia declaración, y los testimonios de las otras detenidas que más
tarde se retractaron refiriendo que los policías las obligaron a
firmar.
Guadalupe nunca recibió el apoyo de un o una intérprete, como es su
derecho. No fue informada del derecho a asistencia consular. El juez no
consideró la retractación, diciendo que debía prevalecer la primera
declaración, aun cuando las testigas mencionaron que fueron
coaccionadas.
Aunque también menciona las circunstancias en que fueron
criminalizadas las seis mujeres, y destaca la discriminación y violencia
que han vivido antes y después de su detención, el informe de las
organizaciones se concentra en las violaciones al debido proceso. La
intención es hacer incidencia, para que no vuelva a pasar.
El patrón de todos estos casos de falsa detención es similar. Las
víctimas fueron mujeres en condiciones vulnerables, por su estatus
migratorio el trabajo en bares es uno de los pocos accesibles en el
lugar. Sufrieron un trato degradante de parte de oficiales, en algunos
casos fueron golpeadas, una de ellas sufrió tortura sexual.
Todas fueron obligadas o engañadas a firmar papeles en blanco, o
declaraciones inculpatorias. Dos de ellas fueron exhibidas en medios de
comunicación como delincuentes, también una violación de sus derechos,
según las y los autores. Durante su tiempo en prisión, enfrentaron más
obstáculos por su condición de migrante. Todas fueron separadas de sus
hijos e hijas, una de las niñas se quedó en condición de calle mientras
que su madre permanecía en prisión.
De los seis casos, sólo una mujer permanece en reclusión hasta el
día, dos salieron porque fueron declaradas inocentes, y tres a través de
una comisión interinstitucional llamada Mesa de Reconciliación que
tiene facultad de suspender la sentencia, aunque eso significa que
mantienen sus antecedentes penales y tampoco tienen posibilidad de
exigir una reparación integral del daño.
El informe sostuvo que es necesario luchar contra la trata de
personas, pero subrayó que las investigaciones tienen que ser llevadas a
cabo con altos estándares científicos, y que las juezas y los jueces
tienen que respetar plenamente las garantías judiciales.
“De no ser así, la fabricación de culpables seguirá siendo una
realidad, y con ello la impunidad seguirá prevaleciendo”, concluyen las y
los autores quienes hacen algunas recomendaciones a las autoridades
federales, estatales, y órganos públicos. Entre ellas está realizar una
revisión completa de todos los procesos penales iniciados contra mujeres
en el estado de Chiapas, con el propósito de identificar casos de
encarcelamiento injusto.
Además, demandan iniciar investigaciones inmediatas cuando servidores
públicos cometan delitos vinculados con la detención de personas, como
las detenciones arbitrarias, la tortura y otros tratos crueles. En
cuanto al proceso, en caso que se alegue tortura o coacción, excluir las
pruebas relacionadas y ordenar que se realice una investigación al
respecto.
Y, entre muchas demandas más, que a las mujeres que han sido acusadas
injustamente de delitos se les garantice el derecho de obtener su
residencia por razones humanitarias.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
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