Dulce Olvera
Los responsables del manejo del ingreso, gasto y deuda pública durante el sexenio de Enrique Peña Nieto han sido Luis Videgaray Caso (2012-2016), José Antonio Meade Kuribreña (2016-2017) y José Antonio González Anaya (2017-actual). Especialistas afirmaron que pese a darle prioridad a las variables macroeconómicas, como la inflación o el tipo de cambio, fallaron en aterrizar la relativa estabilidad económica al desarrollo social [empleos remunerados y combate a la pobreza].
Luego de un gasto “ineficiente”, sobre todo en comunicación social y recortes en salud y educación, y un egreso mayor al aprobado por el Congreso, así como la falta de compensación de ingresos tributarios con la caída de los petroleros, el país llegó a una deuda pública histórica de hasta 48 por ciento del PIB en 2016, lo cual a su vez limitó más el gasto en inversión productiva para reactivar el ritmo de crecimiento.
“El gobierno sigue siendo un elefante blanco, es decir hay duplicidad de funciones y está gastando mal esos ingresos que le están entrando al país”, consideró el académico Abraham Vergara.
TERCERA PARTE DE UNA SERIE
Ciudad de México, 26 de mayo (SinEmbargo).– En el sexenio de Enrique
Peña Nieto los tres titulares que dirigieron la Secretaría de Hacienda,
la encargada de las finanzas públicas del país, dieron prioridad a la
estabilidad de variables macroeconómicas, pero no lograron trasladarla
al desarrollo social ante el estancamiento en el crecimiento económico,
coincidieron economistas.
Los responsables de la “ineficiencia” en el manejo del ingreso, gasto
y deuda pública durante este periodo han sido Luis Videgaray Caso
(2012-2016), José Antonio Meade Kuribreña (2016-2017) y José Antonio
González Anaya (2017-actual). Días antes de que Videgaray dejara el
cargo se anunció un recorte de 132 mil millones de pesos al gasto
público por la situación de Petróleos Mexicanos.
“González Anaya le tocó recibir lo que ya estaba. Después estuvo
Meade y antes Videgaray, no bueno, unos genios. Desafortunadamente se
centraron en la parte de las variables macroeconómicas, aunque la tasa
de interés e inflación subieron y el tipo de cambio se incrementó [a 20
pesos por uno]”, dijo Abraham Vergara Contreras, académico de la
Universidad Iberoamericana, especializado en finanzas públicas.
El país, aclaró, nunca entró en una crisis económica, sino en un “estancamiento” al crecer en promedio un 2 por ciento al año.
“Como sexenios pasados, se han centrado en las variables macroeconómicas y no en el beneficio microeconómico, como tú yo yo, los ciudadanos; que nos veamos con mejores salarios, mejor infraestructura, mejores servicios de salud. Tuvieron algunos logros, pero medianos, mediocres; se quedaron en esa medianía”, criticó el especialista.
La cifra más reciente del Coneval refiere que en en México hay 53.4 millones de pobres. Foto: Mario Jasso, Cuartoscuro
Consideró que dejan un “gran reto” a la siguiente administración
pública al heredarles un país “relativamente estable con un crecimiento
limitado”, lo que dificulta que esos indicadores macroeconómicos “en
semáforo amarillo” se vean reflejado en el bolsillo de la gente.
El economista de la UNAM, Benjamín García Páez, coincidió. “Si tú lo
mides con la congruencia que ha habido a un modelo en el cual se
continúa manteniendo estabilizada una economía en sus variables
monetarias y financieras, que generen condiciones para honrar deuda
externa y la inversión extranjera venga, ha sido un modelo
recomendable”, dijo. “Pero si lo evalúas en términos de combatir la
pobreza, reducir la desigualdad entre los perceptores de distintos
niveles de ingreso y empleo bien remunerado, es un fracaso porque no
generaron bases de la economía y continuaron expuestos a la evolución no
controlada de la economía internacional”.
La cifra más reciente del Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social señalan que hay 53.4 millones de pobres en
el país.
El pasado lunes, el Consejo de Representantes de la Comisión Nacional
de Salarios Mínimos (Conasami) no avaló el aumento de la remuneración
básica (se pretendía que pasara de 88.36 a 98.15 pesos diarios) para
“evitar en lo posible descarrilar las tendencias inerciales positivas
del crecimiento económico, el empleo y la inflación”, indicó la Conasami
en un comunicado”.
Y de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (Inegi), a partir del tercer trimestre de 2008 la inversión en
obra comenzó a tener un aumento gradual, pero a partir de 2013, volvió a
presentar descensos. Además, de 2015 a 2016 el presupuesto asignado
para el rubro de obra pública se desplomó un 20.78 por ciento en 2016 y
para el año siguiente el monto representó 2.6 por ciento del PIB, el
menor nivel registrado en los últimos 10 años.
El Colectivo Peso, conformado por organizaciones civiles como Fundar, IMCO, CIEP y México Evalúa, destacó que aunque la Constitución otorga amplias facultades al Congreso para fungir como contrapeso en materia fiscal, los legisladores no han cumplido con sus atribuciones: cada año el Decreto de Presupuesto y la Ley de Ingresos de la Federación son aprobados “sin discusión profunda” entre los legisladores, promoviendo un presupuesto que “no corresponde con la realidad” de los recursos obtenidos y ejercidos en años anteriores, ni “es pertinente” para las necesidades que se prevén financiar en los próximos años.
Por ello han urgido a la creación de un Consejo Fiscal autónomo para
dar una opinión sobre el marco macroeconómico, un análisis de las
asignaciones de gasto propuestas respecto a su evolución histórica y
estimaciones de las necesidades de gasto en sectores prioritarios, una
evaluación del cumplimiento de la regla fiscal, hacer análisis
prospectivo sobre la sostenibilidad fiscal, costear las propuesta de
política pública, elaborar un reporte postelectoral de las propuestas de
campaña más importantes y sus costos, entre otras.
EL GASTO INEFICIENTE
El gasto público durante este sexenio pasó de 26.1 por ciento del PIB
en 2012 al 22.90 por ciento del PIB que se prevé para 2018, de acuerdo
con los datos de Hacienda. Los especialistas consultados aseguraron que
en 2016 la administración de Enrique Peña Nieto se comprometió a ajustar
el gasto público luego de la tempestad en Petróleos Mexicanos por la
crisis petrolera internacional y su gestión interna, pero continuó
gastando en comunicación social y en servicios personales más de lo
aprobado por el Congreso.
Para el gasto de comunicación social del Poder Ejecutivo federal, en
2017 fueron aprobados mil 447 millones de pesos, pero hubo una variación
de más de 6 mil millones de pesos adicionales, por lo que se ejercieron
más de 8 mil millones de pesos, equivalentes al monto destinado para
las acciones de reconstrucción de la Ciudad de México, tras los sismos
de septiembre de 2017, de acuerdo al Presupuesto de Egresos de la Ciudad
de México 2018, equiparó el Instituto Mexicano para la Competitividad
(IMCO).
“A pesar de que en 2016 anunció varios recortes y programas de austeridad, en la realidad eso no se ha logrado. Seguimos con un presupuesto inercial, y el margen que tiene el Gobierno federal para manipular el Presupuesto es menos del 10 por ciento del total del presupuesto. En ese sentido tenemos un reto para las finanzas de eliminar programas o fondos de duplicidad”, aseguró Manuel Guadarrama, investigador de finanzas públicas de IMCO.
Además, la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en
su artículo 33 establece que el gobierno federal no puede ejercer más
de lo que se le aprueba en el capítulo 1000 “Servicios personales”, como
lo son sueldos, salarios, honorarios, prestaciones sociales y pago de
estímulos a servidores públicos, destaca la organización México Evalúa
en su herramienta La Caja Negra. Pero de 2012 a 2018, el monto gastado
siempre ha sido mayor al permitido. En 2017, el Congreso dio luz verde a
414 millones 344 mil pesos para ese rubro, pero se gastó 477 millones
019 pesos, revelan datos oficiales.
“El gobierno sigue siendo un elefante blanco, es decir, hay
duplicidad de funciones y está gastando mal esos ingresos que le están
entrando al país”, consideró el académico Abraham Vergara.
En 2018, se prevé gastar 18.1 por ciento del Presupuesto en
combustible/energía (importar energéticos), 16.9 por ciento en
protección social, 15.4 por ciento en participaciones y 13.5 por ciento
en educación, entre otros como las pensiones o le pago de la deuda, como
muestra la tabla.
Luis
Videgaray Caso y José Antonio Meade Kuribreña, los encargados de las
finanzas del Presidente Enrique Peña Nieto. Foto: Tercero Díaz,
Cuartoscuro
LOS INGRESOS INSUFICIENTES
Los ingresos públicos en esta administración, luego de la Reforma
Haciendaria y Fiscal, pasaron de 23.70 por ciento del PIB en 2012 al
20.70 por ciento del PIB que se calcula para 2018. Aunque en el 2016 se
ingresaron 25 por ciento del PIB. Los economistas entrevistados
expusieron que el ajuste a la recaudación de impuestos no fue suficiente
para compensar la caída de los ingresos petroleros tras la crisis de
precios de crudo a nivel internacional, lo cual arrastró a Pemex.
“Tuvimos menos ingresos por el tema petrolero, el precio del petróleo
se cayó casi de 100 dólares por barril hasta abajo de 30 y hoy ya va
otra vez a los 50 dólares. Pero la economía ya no está basada en el
petróleo y con las coberturas petroleras México recibió más dinero de lo
que costaba el barril en el mercado”, afirmó el economista Abraham
Vergara. Por el lado de ingresos tributarios, aunque “este gobierno
logró incrementar la recaudación, al mismo tiempo hay informalidad como
nunca (30 millones de trabajadores, más del 50 por ciento de la
población trabajadora)”.
Este 2018 se calcula ingresar 33 por ciento del Presupuesto por
Impuesto Sobre la Renta (ISR), 18.5 por ciento del Impuesto al Valor
Agregado (IVA) y 8.9 por ciento del Fondo Petrolero, entre otras
fuentes, como se aprecia en la tabla. En el caso del Impuesto Especial a
Productos y Servicios (IEPS), incluyendo ya el gasolinazo de inicios de
2017, se planea recaudar 5.6 por ciento del Presupuesto.
“No somos lo suficientemente buenos para producir lo que se requiere de consumo; importamos cerca del 50 por ciento de la gasolina que se consume, luego entonces el IEPS le sirve al gobierno para ir cubriendo sus necesidades del gasto corriente”, expuso Vergara.
Como resultado del manejo de los ingresos y los gastos de este sexenio, quedó la deuda pública en niveles históricos.
Durante la presente administración de Enrique Peña Nieto, la deuda
del sector público federal ha pasado de 33.8 por ciento por ciento del
PIB con la que inició en 2012 a 46.4 por ciento del PIB al cierre de
2017, y llegó a 48.2 por ciento en 2016, un nivel sin antecedentes en
sexenios pasados pese a que se registraron recesiones económicas en esos
años, de acuerdo con datos de la Secretaría de Hacienda.
El aumento de la deuda de hasta 14.4 puntos del PIB en este sexenio ocurrió sobre todo en la gestión de Luis Videgaray Caso del 1 de diciembre de 2012 al 7 de febrero de 2016. Aumentó 10.2 puntos porcentuales de 33 a 44 por ciento del PIB, frente a los 13.9 puntos que subió durante los dos sexenios panistas juntos de Vicente Fox Quesada y Felipe Calderón Hinojosa. En este periodo panista se elevó de 19.9 por ciento del PIB en 2000 a 33.8 por ciento del PIB en 2012 alcanzando un mínimo de 17.9 por ciento del PIB en 2007, antes de la crisis económica global, de acuerdo con Hacienda.
Entre los tres Secretarios de Hacienda de Peña Nieto, Luis Videgaray
–quien fue destituido del cargo tras la visita del Presidente Donald
Trump– la subió a un mayor ritmo que José Antonio Meade Kuribreña (7
febrero 2017-27 noviembre 2017) y José Antonio González Anaya (27
noviembre 2017-actual), revelan los datos de la deuda pública del sector
público federal.
El ahora Canciller aumentó la deuda pública un 37.30 por ciento
durante su gestión de tres años; Meade un 4.09 por ciento en dos años; y
González lleva un 0.93 por ciento en cuatro meses.
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