“Yo no le vendo absolutamente nada al gobierno”, “no tengo ningún negocio con el gobierno”, declaró. Más aún, dijo sentirse “muy agraviado” por las afirmaciones del candidato presidencial de la coalición Juntos Haremos Historia.
Sin embargo, los argumentos del también presidente de la organización Mexicanos Primero, tradicionalmente antagónica al político tabasqueño, no coinciden con los datos registrados en el Portal de Obligaciones de Transparencia y los reportes de los gastos de comunicación social de las dependencias y entidades de la actual administración federal.
Una revisión hecha por el reportero a ese portal arrojó que la empresa del líder empresarial Comercializadora Publicitaria TIK, S.A. de C.V, filial del grupo Cinépolis, celebró al menos 31 contratos con el gobierno de Enrique Peña Nieto por un monto total de al menos 59 millones de pesos.
No obstante, una revisión más exhaustiva con base en los datos del gasto en publicidad oficial del periodo 2013-2017 arroja que la cantidad pagada a la filial de la empresa de Ramírez Magaña se dispara a 92 millones 769 mil pesos.
Uno de los contratos que más sobresalen entre la filial de Cinépolis y el gobierno federal es el celebrado con el Consejo de Promoción Turística (número 44/2016) y cuya copia tiene Proceso. Su objeto: “La Contratación de espacios publicitarios en complejos cinematográficos de Cinépolis, para la implementación de las campañas institucional y cooperativas del CPTM en el mercado nacional”, y es por un monto de 12 millones 500 mil pesos. El procedimiento de contratación fue la asignación directa, al igual que en el caso de los otros 30 contratos registrados en el Portal de Transparencia.
Este tipo de adjudicación es una práctica común en el actual gobierno federal: se repite en siete de cada 10 contratos celebrados entre la administración peñanietista y un grupo de más de mil empresas, de acuerdo con un estudio del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), organización de la cual Ramírez Magaña es miembro consejero.
El estudio, denominado ‘El Índice de Riesgos de Corrupción: el Sistema Mexicano de Contrataciones Públicas’, señala que “a mil empresas se les asignó por adjudicación directa el 71% de los contratos, es decir, por el método menos competitivo”, y añade “que los contratos asignados por adjudicación directa significan el 31% de los 2.3 billones de pesos que se contrataron de enero de 2012 a julio de 2017”.
El estudio hace notar que cuando hay cambio de sexenio hay cambio de ganadores, una ecuación que parece haberse cumplido en el caso de Comercializadora Publicitaria TIK, pues en el gobierno de Felipe Calderón esta compañía no consiguió un solo contrato.
En marzo de 2015, el periódico Reforma reveló que la firma Rabokse, propiedad del hermano del dirigente del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Arturo Escobar, suscribió el 6 de enero de ese año un contrato por 35 millones de pesos con Cinemex para la proyección de cineminutos promocionales de esa organización política.
Ese mismo mes la Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) acordó por unanimidad imponer sanciones económicas por 35 millones de pesos al PVEM y las cadenas Cinemex y Cinépolis (cada una fue multada con 7 millones 10 mil pesos) por desacato a las medidas cautelares ordenadas para suspender la transmisión de los cineminutos en las salas de cine distribuidas en el país.
A unos meses de haber sido creada la filial de Cinépolis y tras el escándalo de los cineminutos del PVEM, Ramírez Magaña encontró un nuevo nicho de negocios en el gobierno de Peña Nieto, y ya en 2014 obtuvo los primeros contratos por un monto de 499 mil pesos.
En 2015 Comercializadora Publicitaria TIK se colocaría como el tercer proveedor más importante de publicidad oficial en salas de cine al obtener contratos por 16 millones de pesos. En 2016 se consolidó como la segunda compañía más importante proveedora de cineminutos del gobierno con contratos por 57 millones de pesos. Los datos preliminares correspondientes a 2017 indican que obtuvo 17 millones de pesos.
“Cada año a nivel federal se gastan miles de millones de pesos en publicidad oficial y, de seguir así la tendencia actual en cuanto al incremento del gasto en publicidad oficial, el gobierno de Enrique Peña Nieto ejercerá un monto cercano a los 60 mil millones de pesos para este rubro al cierre de su administración”, refiere el más reciente estudio del Centro de Análisis e Investigación Fundar, titulado ‘Contar lo bueno cuesta mucho. El gasto en publicidad oficial del gobierno federal 2013 a 2016’.
El mismo análisis destaca que en los primeros 54 meses de la actual administración federal ésta ha erogado en publicidad oficial alrededor de 37 millones de pesos, cantidad que equivale a cuatro veces el presupuesto en 2016 destinado a las becas de posgrado y apoyos a la calidad del Conacyt (9 mil 433 millones de pesos), las cuales beneficiaron a 57 mil 803 personas.