La crisis del
capitalismo dependiente latinoamericano, vinculada a la crisis mundial
del capital, agrava los conflictos de clase precipitando a nuestros
pueblos al mayor deterioro de la soberanía y socavamiento de la
democracia. Los impactos de la crisis en México, conducen a la guerra
del capital contra el trabajo, lo que supone que las clases dominantes
(locales y trasnacionales) no cedan ni un átomo de valor económico y
político en el sistema de dominación. Paradójicamente, la izquierda en
México afirma su proyecto de nación sobre la base de un nuevo pacto
social y una reconciliación (ilusoria) entre todas las clases sociales.
En
este cuadro consideramos necesario estudiar de modo crítico la
experiencia de los gobiernos progresistas de América Latina, tanto sus
exitosos alcances como sus profundas limitaciones. La crisis del sistema
mundial capitalista agotó el periodo de alianza pruriclasista y no
confrontación característico de estos gobiernos. En la actualidad
experimentamos la radical ofensiva de la contrarrevolución en toda la
región y la agresiva y militarizada reformulación geopolítica
imperialista a nivel global.
Estudiamos tres gruesos planos
económicos y políticos que aproximan el proyecto de nación del nuevo
desarrollismo progresista en México con los proyectos ya experimentados
de la izquierda brasileña en el periodo lulista (2003-2010-2016).
Sustentamos estos tres planos en: 1) la afirmación de un proyecto de
conciliación nacional y una política de no confrontación con las clases
dominantes; 2) la búsqueda del crecimiento económico con transferencias
de renta y políticas sociales sin cuestionamientos estructurales al
patrón de reproducción del capital imperante caracterizado por la
integración subordinada a la llamada “globalización neoliberal”; 3) una
aceptación acrítica sobre la forma del orden político de dominación, su
abdicación a cuestionar y transformar la forma del aparato de Estado,
así como su renuncia a la organización política del poder popular de
frente a la conquista de la hegemonía del poder político, más allá de
los triunfos electorales.
Sobre la base de estos tres ejes
vertebrales, sostenemos que existe en la izquierda institucional en
México una incapacidad teórica y política por lograr lo que autoproclama
como principal objetivo en su proyecto de nación: la transformación
histórica de México.
La carrera electoral
Las competencias electorales de nuestro tiempo tienen de común
presentarse bajo el manto ilusorio de una carrera política en la que se
dirimen distintas “alternativas” de orden sistémico. En México, la
elección presidencial del 1º de Julio dista mucho de poner en juego una
modificación estructural de este carácter. En términos económicos y
políticos, evidentemente no se antepone un cuestionamiento estructural a
la lógica del capital que de modo dominante tiñe a los conjuntos de
relaciones sociales. Muy lejos nos encontramos de salir del “Estado de
ideología única” tan a fin al sistema orgánico de reproducción sociometabólica del capital,
el cual subordina “todas las áreas de la actividad humana, desde los
procesos económicos más básicos, hasta los dominios intelectuales y
culturales más mediados y sofisticados”. (I. Mészáros [1])
De un modo no tan evidente, en la elección presidencial tampoco se
objeta de modo estructural la modalidad predominante de reproducción del
capital que ha tomado forma en México desde hace más de tres décadas,
esto es, el patrón de reproducción del capital vigente que se asocia coloquialmente con los términos de neoliberalismo y/o globalización
Debido a esto, no se pone en cuestión la propia forma político-estatal de dominación oligárquica y su imperante centralización de la toma de decisiones políticamente decisivas,
la cual reposa en esta modalidad de reproducción. No hay una objeción
radical de la forma político-estatal de dominación constituida dentro
del sistema de democracia liberal sustentada en un régimen de partidos
autodenominado “abierto”, “pluralista” y “tolerante”. Dentro de esta
perspectiva, basta con las bases de una “democracia representativa”, en
tanto principio de “legitimidad” (hoy en crisis) de este régimen de partidos de Estado, para acceder al aparato gubernamental y tomar decisiones, al tiempo que se asegura una forma sutil de exclusión y despolitización de las clases trabajadoras y populares así como de su incidencia política en los asuntos decisivos de la reproducción social.
Crisis, acentuación de la dependencia y socavamiento democrático
El capitalismo dependiente en México, sustentado en las leyes de superexplotación [2]
del trabajo y gran concentración del capital, así como en las formas de
exclusión y desigualdad social que le subyacen, encierra de modo
endémico los mayores problemas de soberanía y democracia
política a lo largo y ancho de su entramado institucional. En términos
estructurales, las relaciones de superexplotación del trabajo y
dependencia (financiera, tecnológica-productiva, comercial, etc.)
tienden a socavar las esenciales relaciones de soberanía y
autodeterminación, de democracia y autodeliberación social, lo cual
lleva a estos dos ejes de relaciones (dependencia/soberanía-
Crisis y agotamiento del pacto social y la conciliación de las clases
Ahora bien, en épocas de crisis, la polarización de los intereses y
objetivos que se juegan en la reproducción del capital en tanto
modalidad de valorización y acumulación lleva a inviabilizar la
“conciliación” capital/trabajo, al tiempo que tiende a profundizar el
socavamiento de las bases formales de la democracia. Para muestra un
botón.
En la primera década de 2000, el escenario de relativo
crecimiento y bonanza económica por la venta de las materias primas y
alimentos en América Latina -de la que también fue beneficiada la renta
petrolera en México-, dio sustento a un periodo de conciliación
entre las distintas clases y fuerzas sociales en algunos países. Este
escenario desapareció con la “crisis interminable” del sistema mundial
capitalista desplegada a partir de 2008-2009.
Esto fue
constatado en Argentina y Brasil, y en general, para no ir más lejos, en
los países de la región, que posterior a la irrupción de la crisis
mundial han sido sometidos a la profundización de una ofensiva
oligárquica autóctona junto al renovado intervencionismo del
imperialismo estadounidense en la conocida forma de golpes de Estado “de
nuevo tipo”.
La experiencia progresista brasileña es
emblemática. A raíz de la crisis económica mundial (con los mayores
impactos en el país sudamericano a partir de 2012), el pacto social colocado en el centro de la política brasileña en el periodo 2002-2010-2016 es hoy, a partir de una crisis política permanente, un pantanal que ha evidenciado la crisis terminal del régimen político (la Nova República). El Partido de los Trabajadores (PT), el mismo que sustentó en el periodo referido una alianza pluriclasista, se encuentra hoy en una crisis sin precedentes.
En los actuales tiempos de crisis y del imperialismo trumpista, no cabe la posibilidad de conciliación entre las distintas clases y fuerzas sociales en nuestros países. [3]
En el actual marco del declive imperial, la presión hacia México vía
“renegociación” del TLCAN bajo la clave geopolítica estadounidense
frente a China, amenaza con las mayores pérdidas para los socios
subordinados, lo que supone la acentuación de distintos
mecanismos que lleven a las clases dominantes locales (y extranjeras) a
resarcir sus pérdidas. Entre éstas destaca su ofrecimiento al imperio la
superexplotación del trabajo y los recursos naturales energéticos
como principales “activos” geoeconómicos para fortalecer la región de
“América del Norte” frente a rivales geoeconómicos y geopolíticos. [4]
El déficit comercial estructural de Estados Unidos de más de medio
billón de dólares en 2017 (566,600 md), ha sido motivo para el gobierno
de Trump para implementar un proteccionismo unilateral e iniciar una
guerra comercial en distintos frentes y sectores, para lo cual, el
trumpismo viene cuestionando las reglas de la OMC y por lo mismo, se
perfila a quebrantar el orden mundial de comercio, sin reparar en los
propios efectos negativos en las tasas de crecimiento del comercio
global y de la economía mundial en el marco de su crisis estructural. La
economía mexicana, que tiene depositadas más de tres cuartas partes de
sus relaciones comerciales con Estados Unidos, y cuyo desempeño
económico se caracteriza por un cuasi estancamiento crónico (de 1980
hasta hoy, sólo se registra un minúsculo crecimiento en el PIB per cápita en los últimos años) tiende a exacerbar la espiral de la crisis.
La espiral de la crisis y la guerra del capital contra el trabajo en México
La reforma fiscal impulsada por Trump y aprobada en el Congreso de
Estados Unidos en diciembre de 2017, que recorta de 35 al 21 por ciento
la contribución empresarial, puede llevar a una huida de empresas y
capitales de México hacia aquel país, lo que empuja a los grandes grupos
económicos en México a exigir una contra reforma fiscal (altamente
regresiva) [5] , así como lleva a organismos del gran capital
como la OCDE, a presionar a los distintos candidatos presidenciables
para que realicen una “segunda oleada de reformas estructurales”, dentro
de las que se contempla la reforma fiscal. [6]
Derivado de la crisis de desindustrialización en Estados Unidos, el
gobierno de Trump, sustentado en términos electorales entre las clases
trabajadoras blancas y empobrecidas, pretende implementar procesos de
“reindustrialización”, para lo cual, busca forzar a las grandes
trasnacionales a que retornen sus inversiones y plantas industriales a
los Estados Unidos [7] , lo cual se fortalece la amenaza de la
caída de la inversión extranjera en México (ya estancada por la
“incertidumbre” en la renegociación del TLCAN y el actual periodo
electoral) y junto con ello, el desmantelamiento de los procesos
productivos y mercantiles hegemonizados precisamente por las
corporaciones trasnacionales estadounidenses.
El conjunto de
estos procesos se ven agravados bajo la nueva y agresiva política
monetaria adoptada por la Reserva Federal y su nuevo presidente, Jerome
Powell, colocado por Trump, que bajo la tendencia del incremento de las
tasas de interés, presiona a la fuga de capitales del país, capitales de
los que la economía mexicana depende para financiar sus crónicos
problemas de cuenta corriente de la balanza de pagos. Con la huida de
capitales, se incide además en la devaluación del peso y el agravamiento
de los problemas inflacionarios, lo que empuja al Banco de México a
elevar aún más su tasa de interés, experimentándose con ello una
parálisis de la economía, del empleo, una pauperización salarial,
profundización de la precariedad laboral, entre otros problemas. Tal y
como sucede actualmente en la crisis económica argentina, hoy con mucha
mayor fuerza que ayer, las contradicciones y crónicos desequilibrios
económicos en México, están sostenidos “con alfileres”.
Si bien
existen otros argumentos, estas son razones suficientes para que la
oligarquía globalista y neoliberal revigorice sus posiciones y rechace por todos los medios ceder terreno en sus intereses y objetivos centrales ligados directamente al patrón de reproducción del capital vigente en México.
En tiempos de crisis, el capital se lanza a la guerra contra el trabajo
y contra los derechos sociales y populares con vistas al
prevalecimiento, reorganización y profundización de la actual modalidad de valorización del capital,
que es lo que explica las exigencias de las clases dominantes (locales y
trasnacionales) de salvaguardar (como se constata por ejemplo en la
postura de la OCDE) el conjunto de reformas estructurales (laboral, educativa, energética, de telecomunicaciones, financiera, entre otras) impuestas
en el denominado “Pacto por México” por los tres principales partidos
políticos PRI-PAN-PRD desde el inicio de la presidencia de Enrique Peña
Nieto en diciembre de 2012. [8]
En síntesis, con la
crisis del capital a nivel mundial, éste exacerba su rechazo y
hostilidad hacia los derechos sociales y colectivos. Despojo,
privatizaciones, “libre mercado”, desocupación, precarización laboral,
focalización de políticas “universales”, “autoprotección” social, son
las variantes mediante las cuales el capital aplasta los intereses
colectivos. Las necesidades e imperativos de la etapa actual del capital
tienden a arrastrar las propias necesidades y derechos sociales
fundamentales.
La búsqueda de una reconciliación (ilusoria) en México
En este contexto, paradójicamente, en México, el candidato Andrés
Manuel López Obrador (AMLO), de la coalición de izquierda
(MORENA-PT-PES) denominada “Juntos Haremos Historia”, centra su proyecto
político y económico en la conciliación de todas las clases sociales.
Ello además en un momento en el que las clases dominantes (fracciones
políticas, poder ejecutivo, grandes empresarios, confederaciones
patronales, grupos económicos locales y trasnacionales, medios de
comunicación, autoridades electorales, etc., etc.,), han venido
realizando enormes y multivariadas acciones (legales e ilegales) para
aplastar y derrotar (sin olvidar los fraudes electorales de 2006 y de
2012 en los que contendió el mismo candidato presidencial) a las bases
sociales y populares que éste también representa.
La izquierda progresista en México bajo los acordes de América Latina
La hegemonía casi absoluta de Estados Unidos en la economía y la
política mexicana impide ver el contexto latinoamericano,
particularmente, el balance crítico sobre la experiencia de los gobiernos progresistas
y el momento álgido por el que atraviesan éstos en la etapa actual. De
igual modo, el dominio del bloque en el poder en México y sus actuales
proyecciones de poder para impedir el triunfo del candidato de la
izquierda oficial y las tensas relaciones políticas que se vienen
presentando, opacan los escenarios que han irrumpido en la región
latinoamericana, impidiendo con ello entender importantes lecciones que
se desprenden de las experiencias progresistas.
Para evitar la
repetición de la historia, desde México, es de gran relevancia entender
los procesos históricos que se vienen desenvolviendo en América Latina,
por ejemplo: 1) los procesos de lucha social y rearticulación del
movimiento popular que sustentaron los triunfos de los gobiernos progresistas; 2) los alcances
y limitaciones de estos gobiernos respecto sus proyectos de
“desarrollo” e “inclusión social” subordinados a los procesos de reproducción del capital;
3) sus logros y errores respecto al papel que asumieron en el orden
político-estatal, su posición asumida dentro del gobierno respecto al
aparato de Estado y gubernamental; 4) los casos específicos de crisis,
lucha social y restauración, junto a la ofensiva geopolítica del
imperialismo estadounidense en la región, entre otros problemas
importantes.
1. Tres planos aproximados entre los proyectos de la izquierda mexicana (MORENA) y brasileña (PT):
A continuación exponemos una serie de planteamientos que refieren sobre
tres paralelismos aproximados que encontramos (salvando todos los
matices) entre algunas posiciones y lineamientos económicos y políticos
de la izquierda oficial abanderada por AMLO en México, con el proyecto neodesarrollista efectivizado en los gobiernos Lula y Dilma.
A razón de la crisis económica y política gestada en el periodo lulista (crisis neodesarrollista), junto con el viraje actual al Estado de excepción
en Brasil, a nuestro juicio, no pueden servir de modelo a seguir en
México, menos aún, bajo la experiencia brasileña manifiesta, no de una
manera mecánica, esto es, como si la historia, aun la más cercana, no
existiese.
Salvando las debidas distancias y contrastes, los paralelos generales
que esbozamos entre el “proyecto” de la izquierda mexicana abanderada
por el partido político MORENA y la experiencia efectiva de los
gobiernos Lula en el periodo 2002-2010-2016, se refieren a:
1) Un proyecto sustentado en la conciliación de las clases sociales que da origen a un pacto social;
2) Un proyecto que busca el crecimiento económico con transferencias de renta hacia las clases populares excluidas, sin cuestionar de modo estructural las leyes y ejes predominantes del patrón de reproducción del capital (lo que no obsta para dejar de reconocer los matices localizados entre fracciones políticas neodesarrollistas y neoliberales ortodoxos, sea a nivel de la aplicación de distintas políticas económicas, como también a nivel de las corrientes que enfatizan el papel del Estado o el mito del libre mercado en el desenvolvimiento de la economía;
3) Vinculado a estos dos primeros lineamientos, se trata de un proyecto que soslaya la transformación de la forma
del orden político de dominio y del aparato del Estado, lo cual se
deriva de una incapacidad de organización de las clases trabajadoras, o
incluso, de un deliberado papel del gobierno progresista de
desorganización de las clases explotadas y subalternas, procesos que
tienden a dejar de lado la imperiosa necesidad de crear y profundizar
nuevas condiciones de participación política populares y democráticas
que permitan sustentar transformaciones estructurales sustantivas.
1.1 El periodo Lulista: 2003-2010 y 2010-2016
Tres meses antes del balotaje electoral de octubre de 2002, Lula y su
equipo dieron a conocer una “Carta al pueblo brasileño”, la cual fue
conocida en Brasil como un momento clave de la afirmación
(subordinación) de los compromisos “de negociación nacional” y de
“respeto a los contratos y obligaciones del país” de los gobiernos Lula
con el gran capital local y trasnacional. Como señaló Aloizio
Mercadante, cercano a Lula (hasta la fecha) y colaborador en la
redacción de dicho documento, en dicha carta:
"abdicamos públicamente de una estrategia de ruptura y asumimos el compromiso de una transición progresiva y pactada para el nuevo modelo de desarrollo
[subrayado nuestro]. El compromiso con la estabilidad económica era
presentado como innegociable y el régimen de metas inflacionarias, el
cambio fluctuante, el superávit primario y el respeto a los contratos
fueron claramente incorporados al programa de Gobierno". [9]
Importante es recordar que fue debido a una gran acumulación de fuerzas
derivadas de las luchas obreras y populares contra la dictadura
brasileña de los años 70´s y 80´s, de las cuales nacería el Partido de
los Trabajadores (PT), junto con grandes Centrales obreras (CUT), o el
Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), así como también las
luchas sociales contra el ciclo político neoliberal abanderado por el
expresidente F. H. Cardoso en sus dos periodos de gobierno
(1994-1998-2002), lo que permitió a Lula conquistar (después de tres
candidaturas sin éxito 1989,1994,1998) la presidencia, y a lo largo de
la cual encarnó el proyecto neodesarrollista del Brasil de “la conciliación nacional”, con Lula al frente como el “hombre de la conciliación” (R. Antunes, 2012 [10] ).
Con la Carta
referida y el triunfo del PT en 2002, se dio inicio al proceso que se
conocería en Brasil como una “revolución pasiva a la brasileña” (Ruy
Braga, 2010 [11] ), un proceso de “Hegemonía al revés” (F. De Oliveira, 2010 [12] ), o si se quiere, un “Estado semibonapartista” (R. Antunes, Ibid.),
mismos que fueron hechos trizas por el gran capital a raíz de la crisis
económica mundial y brasileña, particularmente mediante el golpe de
Estado a Dilma Rousseff en mayo de 2016. Experiencias anteriores ya lo
habían constatado: ¡Toda crisis agrava los conflictos de clase!
Cuatro elementos en común unían a estas conceptualizaciones señaladas sobre la forma económica y política brasileña urdida en el lulismo:
1.- Un bloque pluriclasista, sustentado en un “pacto conservador” (A. Singer, 2012 [13]
) entre las clases propietarias y las clases populares. O en otros
términos, en la “fantástica alianza de los más ricos con los más pobres”
(Salles, 2013 [14] ). Si bien la conciliación permitió gestionar compromisos entre las distintas clases y fracciones de clase dando forma a una alianza pluriclasista, a mediano y largo plazo, lo que ocurrió fue el agravamiento de los propios antagonismos.
Lula como ningún otro agente estatal en la historia reciente de Brasil,
logró cohesionar los dos polos del drama brasileño: por un lado, pudo
gratificar como nunca antes a las distintas fracciones del capital local
y trasnacional (financieras, agronegocio, industriales, comerciales), y
por el otro, en el otro extremo, implementó políticas públicas de
“distribución de renta” orientadas hacia las clases más empobrecidas. [15]
Se configuró de este modo un bloque en el poder
conformado por las fracciones del capital fincadas en el agronegocio
(soya, maíz, azúcar, carne, madera), en la minería, la agroindustria, la
industria de transformación y de la construcción, todas ellas bajo la hegemonía del capital financiero.
Estos sectores lograron un nivel de apoyo en las categorías más
empobrecidas de la sociedad brasileña, trabajadores del subproletariado y
campesinos, que por problemas de organización, lograron ser incluidos y
canalizados por el Estado bajo una especie de fetichismo estatal. El
papel de estos sectores de clase, en ningún momento materializaron una
política que lograra imponer intereses de clase, esto es, no
participaron en el bloque en el poder sino como piezas de apoyo
(factores de legitimidad) a este bloque de dominio, y para lo cual, más
allá de una retórica estatal, era transferida hacia estos sectores (sin
organizarlos ni politizarlos) partes alícuotas de renta. [16]
2.- Importante por supuesto, es reconocer los avances y logros sociales
del lulismo y la capacidad (aunque limitada) de las políticas sociales
que logró establecer. Contemplando el primer periodo de Dilma, en el
periodo lulista (2002-2014), se redujo más del 50% de la pobreza y dos
terceras partes de la pobreza extrema. Se logró abatir la tasa de
desempleo del 12.3% al 6.7% (2002-2010), pasando al 4.8% en 2014
(actualmente supera el 13%). El salario en estos periodos ascendió más
del 80%. Se logró incrementar la tasa de formalización laboral en un 12%
(2002-2012), equivalente a la creación de 18 millones de empleos
formales, si bien el combate a la precarización laboral que cubre
a cerca de la mitad de la población trabajadora ocupada, no
correspondió a las necesidades del trabajador brasileño. Se llevaron a
cabo importantes políticas sociales en materias sensibles como salud,
educación, vivienda, etc. Los programas de “Minha casa, Minha vida”, Fome Cero (Hambre Cero), Bolsa familia, generaban y extendían el bienestar social de los sectores más desprotegidos de la sociedad brasileña.
Una vez que se dio paso a su primer periodo de gobierno (2002-2006),
conocido en Brasil como el “tercer gobierno de F.H. Cardoso”, la
preocupación por el crecimiento económico, distribución de renta y
generación de políticas sociales (la “cuestión social”), se volvió una
parte importante del lulismo, a tal punto que a partir de 2006 se
discute con gran optimismo (acrítico) la entrada al “punto de inflexión”
y al nuevo periodo “posneoliberal”. Curioso periodo “posneoliberal” que
subordinaba el crecimiento y distribución de renta a un patrón exportador sustentado en la superexplotación del trabajo [17]
, la generación de superávits comerciales, y la transferencia de
enormes porciones de plusvalía al creciente endeudamiento público
(superávit primario).
Los planteamientos del nuevo
desarrollismo brasileño se inscribieron en referencia a “la cuestión
social”. Los objetivos económicos fueron estrechamente vinculados a esta
dimensión. Esta perspectiva asume al Estado como el necesario agente
“inductor del desarrollo y del crecimiento”, que lleve a generar un
cambio “cuantitativo” y “cualitativo” en su papel social.
Para
el neodesarrollismo brasileño, lo social es el fundamento del
crecimiento económico. Adecuadas políticas sociales conducen a la
creación y expansión de un “mercado de consumo de masas”, lo que lleva a
“una nueva dinámica para el crecimiento acelerado”. Estas nuevas
políticas sociales, redistributivas y vinculantes al mundo del trabajo
representan las bases de la aceleración tanto del mercado interno como
de la acumulación.
Dentro de esta perspectiva, se buscó
implementar “nuevos modos de regulación del trabajo”, entre los cuales
se proyecte el crecimiento del empleo, la formalidad del trabajo, una
nueva valorización salarial, seguro de desempleo, elevación de la renta
del trabajo respecto a la renta nacional, así como también, nuevos modos
de seguridad social y legislación laboral favorables al trabajo (M.
Pochman: 2010 [18] ). Dentro de esta concepción del trabajo en
este contexto “social-desarrollista”, se afirmaron los programas de
redistribución de renta, con efectos en la disminución de condiciones de
miseria y pobreza, se amplíen los niveles de vida y de consumo, así
como se logre el ensanchamiento de la “clase media”. De este modo, el
social-desarrollismo buscó extender la “inclusión social, con ampliación
del consumo popular y reducción de la pobreza y de la desigualdad
social” (Ibid.).
Como vemos, esta pretensión del
“social-desarrollismo”, su énfasis en el mercado interno y en el
crecimiento sostenido, pasan por los imperativos de construir políticas
sociales que conduzcan a la “universalización de derechos económicos y
sociales”.
No obstante, en el nuevo desarrollismo abanderado por el PT y su líder principal (Lula), en ningún momento propuso cuestionar los nudos de dependencia
respecto al sector externo, el abandono al impulso a las exportaciones,
la aceleración de la productividad frente a la “competencia global”, y
menos aún se anteponían objeciones a la disciplina financiera impuesta
por el capital financiero, lo que de conjunto trazaba los fuertes
límites al “modelo de desarrollo”.
Uno de los ejes de la acumulación y reproducción de capital de la economía dependiente brasileña lo ha sido el agronegocio, una lógica de valorización que subordina la economía nacional a un patrón exportador de especialización productiva
altamente regresivo, cuyas consecuencias en las poblaciones y
comunidades desplazadas (fortalecimiento del latifundio), ecológicas, y
en la industria de transformación, son altamente destructivas. Dentro de
este patrón participan los procesos de extracción y exportación
de materias primas y alimentos como ejes de la valorización, lo que
condujo a la economía brasileña y sus procesos de primarización, a una mayor subordinación en la división internacional del trabajo.
La propuesta de la política social del modelo neodesarrollista en Brasil no se propuso romper con los límites marcados por los imperativos de la política fiscal y monetaria. Con el constante proceso de endeudamiento de la economía brasileña [19]
, los pagos a la deuda y otros mecanismos de transferencias de riqueza
no era posible establecer (sin fuertes confrontaciones) a la “cuestión
social” como “eje estructural del crecimiento”, es decir, se hacía cada
vez más difícil la aspiración social-desarrollista de “universalizar los
derechos sociales” de una sociedad marcada por el drama de la
explotación, la desigualdad y la exclusión. Pues solo en el primer
gobierno de Dilma Rousseff (2010-2014), alrededor del 45% del
presupuesto federal (como promedio anual) fue destinado a los acreedores
financieros. Año con año el pago de intereses de la deuda pública
ascendía por las nubes, pasando de 27 mil millones de reales en 1994
para 500 mil millones de reales en 2015, lo que no tiene proporción con
uno de sus programas sociales principales como Bolsa Familia, que erogó un gasto de 26 mil millones de reales en 2015.
En este sentido, hay que reconocer que el establecimiento de la política social
en este periodo estuvo subordinada a un proceso de reestructuración
mundial capitalista dominado por el capital financiero, el cual impone
condiciones de valorización liderados por las políticas de securitización
de la deuda externa, de internacionalización del mercado de títulos
públicos y apertura de flujos internacionales de capital, esto es, la
arquitectura de valorización financiera global. [20] La
relevante aquí es que no existió en este modelo neodesarrollista ninguna
oposición a estas fuerzas hegemónicas, por lo que la política social
encontró sus límites, anunciados sorprendentemente con las
significativas protestas populares de junio de 2013.
Ahora
bien, en las nuevas circunstancias de crisis económica, fin de los
superávits comerciales, caída de la inversión extranjera, recesión y
endeudamiento, las limitaciones se fueron pronunciando con mucho mayor
énfasis y a gran velocidad. Con ello fue evidenciado el hecho de que el
sustento material que permitió los beneficios y la reproducción de la
alianza pluriclasista emanó del propio patrón exportador de especialización productiva,
basado en el auge de los commodities, que llevaron a obtener grandes
superávits comerciales y voluminosas reservas, los que permitieron la
distribución de riqueza entre los dos polos de lo sociedad brasileña.
Bajo este cuadro de crisis mundial, que impactó en el crecimiento del
comercio mundial, en la caída de la demanda de la economía china, y que
llevó al agotamiento del patrón exportador brasileño, y la
caída de la demanda de las materias primas y alimentos y del ciclo
coyuntural de sus altos precios, la política de conciliación y alianzas no podía sostenerse más, con lo que se abrió una etapa de aguda repulsión entre las fuerzas sociales en juego (los grandes capitales y la clase reinante situada en el PT de Lula), poniendo fin al bloque político pluriclasista gestionado desde las alturas del aparato de Estado con los gobiernos del PT.
Como sabemos, el final de esta forma política fue constatado con la ofensiva del gran capital y profundización del Estado de excepción
brasileño que en mayo de 2016 depuso a la presidenta Dilma, y en
agravio a la región latinoamericana y al mundo entero, ha puesto a Lula
en la cárcel, socavando con ello los derechos políticos (pues se busca
el inhabilitamiento de Lula de las elecciones presidenciables de octubre
de 2018) y sellando el ataque a las bases formales de la democracia
institucional.
3.- Como se observa, el principal problema de
esta experiencia progresista constituida en los gobiernos del periodo
Lula, es que fue realizada -como ha sido el caso de los gobiernos
progresistas de la región latinoamericana en general-, sin cuestionar o sin remover los fundamentos estructurales de la economía dependiente brasileña. [21] En Brasil, se renunció a la
reforma agraria, se renunció a la reforma de los medios de
comunicación, se renunció a una reforma fiscal progresiva. Más aun, al
no llevarse a cabo transformaciones económicas estructurales, los nudos de dependencia ¡fueron acentuados!: Primarización y boom exportador
de especialización productiva, superexplotación del trabajo, elevada
concentración del capital, desindustrialización y subordinación a la
división internacional del trabajo, desequilibrios en balanza de pagos,
dependencia de divisas, caída de la inversión extranjera, mayor
vulnerabilidad externa, hegemonía del capital financiero y
transferencias de riqueza, entre otros. De este modo, los pilares del patrón de reproducción del capital
no fueron cuestionados. Con la acentuación de las condiciones de
dependencia, y el agravamiento de la crisis mundial, se presentó la crisis económica y política del modelo neodesarrollista,
bajo la cual, el nuevo gobierno golpista de Michel Temer, no ha hecho
sino agravar y prolongar, con los impactos económicos y sociales más
destructivos para la sociedad brasileña (mayor explotación del trabajo,
aumento de la concentración de la riqueza, desocupación, precarización
laboral, aumento de pobreza, políticas de ajuste, eliminación y
reducción de servicios sociales, privatizaciones, etcétera). [22]
4.- De un modo vinculado a la forma política estatal centrada en el
pacto pluriclasista, el lulismo reprodujo de modo impecablemente
conservador la forma política del aparato gubernamental y el régimen de partidos
de Estado. La renuncia a la lucha por la deconstrucción política del
aparato de Estado y de la profundización de la democracia brasileña fue
evidenciada con su negativa a impulsar los procesos de Reforma política.
[23]
Como ahora se confirma, uno de los mayores
errores del lulismo fue el papel que jugó en la cooptación,
desorganización y despolitización del movimiento obrero, campesino y
popular. Como refiere Ricardo Antunes (2012):
“el líder más notable del llamado nuevo sindicalismo
[Lula] se convirtió en un nuevo instrumento de las clases dominantes,
una variante de semibonapartismo en el cual la cooptación y el control
del llamado sindicalismo combativo y, en particular, de la cúpula
sindical es decisivo… [ a partir de su segundo gobierno] trasladó su
base social de sustentación hacia las camadas más pauperizadas, que
viven al margen de la organización de clase […] Su gobierno demostró una
enorme capacidad para dividir a los trabajadores privados de los
trabajadores públicos […] en 2008, el gobierno de Lula tomó un decisión
que incluso acentuó el control estatal sobre los sindicatos..."
La divergencia del Estado brasileño en el periodo Lula con las masas
populares, se confirmó con las fuertes jornadas de protesta de los
movimientos populares de junio de 2013, que acorde a los tiempos
marcados por la crisis, cuestionaban los límites del “modelo de
desarrollo”, apuntaban la necesidad orgánica de expandir los derechos sociales, y mediante ello, señalaron de un modo luminoso la etapa de agotamiento
del pacto social entonces prevaleciente, y la necesidad de entrar a una
nueva época económica y política en Brasil. No obstante, el lulismo
contestó, con Dilma en la presidencia, ¡con los cuerpos represivos! [24]
Cuánta razón tiene la idea de Atilio Borón cuando en un artículo reciente señala:
"¿por qué cayó Dilma, indefensa, ante una caterva de bandidos y
corruptos como los que la juzgaron y depusieron de la presidencia y en
cambio no cayó Maduro, acosado por una ofensiva política, diplomática y
mediática en medio de una gravísima crisis económica? Respuesta: porque
cuando el bolivariano sale al balcón del Palacio de Miraflores tiene un
millón de seguidores dispuestos a pelear por su gobierno y cuando Dilma
abría el balcón del Palacio del Planalto en la plaza sólo estaba el
jardinero haciendo su trabajo. Su gobierno y el de Lula habían
desmovilizado a todas las organizaciones populares, comenzando por el
PT, siguiendo por la CUT y así sucesivamente. Y cuando las hienas del
mercado se abalanzaron sobre Dilma la presidenta estaba indefensa, a
merced de sus verdugos". [25]
Como vemos, al no crearse
los nuevos espacios de participación política de carácter clasista y
popular y profundizar con ello nuevas relaciones de democracia, esto es,
desconociendo (de modo deliberado o no) la necesidad de incidir sobre
una transformación del aparato de Estado, fueron otorgadas todas las ventajas políticas para las clases dominantes (locales y trasnacionales) para implementar los nuevos procesos de restauración
y profundización del patrón de reproducción del capital, esto es, el
periodo de contrarrevolución de nuestros tiempos, al tiempo que facilitó
las estrategias intervencionistas del imperialismo estadounidense
dentro de este aparato estatal.
En estos mismos términos, cabe
aquí señalar una aguda pregunta que se le hace a la exjefa de gabinete
de Dilma Rousseff (2011-2014) y actual presidenta del PT, Gleisi
Hoffman, en la que -si bien el PT continua anclado en sus errores
políticos y su política de negociación- no es sino hasta ahora que
responde positivamente sobre la Reforma política:
-Russia Today
: Pensando en el futuro, muchos gobiernos progresistas y de izquierda
en el continente realizaron reformas constitucionales que les
permitieron lanzar nuevas bases para sus proyectos políticos. [No dice
cuáles gobiernos, jlr.] Hoy gran parte de la ofensiva de la derecha se basa en esa legalidad heredada que no se ha modificado
en Brasil. ¿Usted cree que la reforma a la Constitución es necesaria?
¿cuáles son las medidas consideradas prioritarias por el PT y qué papel
deben tener los movimientos populares?
-Gleisi Hoffman: La
reforma de la Constitución va a ser más que necesaria. Ellos destruyeron
la actual Constitución, rompieron el pacto de 1988, sacaron la parte de
la seguridad social, están destruyendo la democracia.
El
gobierno del presidente Lula, al ser electo, tiene que llamar a una
Asamblea Nacional Constituyente, hacer un gran diálogo con la sociedad
brasilera y tener como base firme la sociedad organizada a través de los movimientos sociales y de los trabajadores. Es con ese sector que tenemos que hacer el pacto mayor
y reconstituir una Constitución que sea nuevamente ciudadana, a favor
del pueblo brasilero y de la democracia (subrayados nuestros, jlr.). [26]
Como vemos, el lulismo muestra los caminos que se presentan mediante la política de no confrontación y de la conciliación nacional. Pone
en evidencia las debilidades de un proyecto subordinado a la forma
dominante de reproducción del capital y a las políticas económicas
neoliberales, lo que no puede sino conducir a la reproducción de los
nudos de la dependencia económica y política que subyacen a dichas
formas de reproducción del capital.
En conclusión, si es verdad que estamos ante una “nueva ola progresista latinoamericana” [27]
, como la que se anuncia de un modo heterogéneo en México, Colombia,
Perú, Chile, las distintas fuerzas sociales que empujan esta nueva ola,
no pueden soslayar las lecciones políticas, económicas, educativas etc.,
resultantes de la enorme experiencia de los gobiernos progresistas, sea
respecto a sus logros, sea respecto a sus errores y limitaciones.
Para finalizar este apartado, señalamos que, con la conformación
político-estatal brasileña, situada en la “línea de menor resistencia”,
se cumplió aquí, como parte de la experiencia del ciclo progresista, lo
que -parafraseando al gran filósofo marxista István Mészáros-, éste
señalaría en una de sus conferencias en Brasil en junio de 2011: todo lo que no es completamente erradicado, puede ser restaurado; en otras palabras, todo lo que parece sólido, puede desvanecerse en el aire.
1.2 El proyecto progresista en México: “Una economía para todos”
En México, el proyecto del partido de izquierda puntero en las
encuestas, a nuestro juicio, presenta tres elementos generales que
registramos en la dinámica conservadora y progresista del periodo
lulista, mismos que abordamos en este apartado:
1) El Proyecto de la izquierda (MORENA) reproduce los fundamentos del patrón de reproducción del capital vigente.
El proyecto de una “república amorosa” de AMLO, basada en un gobierno que “represente a todos”, en la política de no confrontación y conciliación nacional impide el cuestionamiento y la ruptura con los ejes principales de la llamada “globalización neoliberal” en México.
Este proyecto, basado en un nuevo desarrollo equitativo y con justicia social, no es suficiente como para hablar de un cuestionamiento estructural al neoliberalismo o modalidad vigente de la reproducción del capital, que aquí caracterizamos en los siguientes ejes [28]:
· Dependencia financiera y tecnológica: promoción y protección de la inversión extranjera;
· Monopolización del aparato productivo y gran concentración del capital;
· Superexplotación y precarización estructural del trabajo;
· Mercado interno deprimido
· Dominancia de una estructura de especialización productiva volcada a la exportación (concentración del aparato exportador anclado en la manufactura maquiladora);
· Procesos de desindustrialización, exclusión estructural y languidecimiento de pequeños y medianos productores;
· Predominio estructural del mercado externo;
· Alta concentración del tipo de bienes exportados y de los grupos económicos exportadores (con predominio de trasnacionales)
· Monopolización del sector financiero
· Exclusión estructural del Agro y expansión de los nichos agroexportadores trasnacionales;
· Desmantelamiento de Pemex, y entrega de los recursos energéticos a las corporaciones trasnacionales;
· Transferencias de valor al exterior
A nuestro juicio, estos ejes sustentan al patrón de reproducción del
capital vigente, el cual se constituye como la verdadera sanctasanctórum
del capital en México, y ante lo cual, la izquierda de AMLO se
encuentra lejos de desafiarla. Con el acuerdo “pleno” de AMLO en el
mantenimiento del TLCAN como moldura que ciñe todas las columnas de la
economía nacional, el “proyecto de nación” de la izquierda
institucional, contrario a su autoproclamado discurso de “ruptura” con
el régimen económico y político “neoliberal”, en esencia no representa
un cambio estructural de fondo.
El proyecto político de no confrontación [29] y reconciliación nacional de MORENA reposa mucho más en “moralizar la vida pública” que en criticar los fundamentos de la acumulación del capital
en México. Al no cuestionar las bases integrales de la reproducción
capitalista y de la doctrina neoliberal, el discurso de la izquierda
amalgamada en torno a “Juntos Haremos Historia”, nos retrotrae a los
imaginarios utópicos del educador ejemplar que suponen de modo ilusorio
transformar a las sociedades a partir de la moral, la educación y la
cultura, esto es, sin remover los fundamentos estructurales sobre los
que reposan. [30]
El proyecto que abandera AMLO no
expresa ningún distanciamiento con visiones empresariales y financieras.
Como sus principales dirigentes lo señalan: el proyecto de MORENA es el
de “un gobierno de la mano con los empresarios”. Más aun, buena parte
del proyecto de nación fue elaborado por empresarios. [31] De
ahí que los señalamientos sobre el modelo de acumulación y predominio
neoliberal no adquieran centralidad en su discurso, no así su fuerte
cuestionamiento a la corrupción gubernamental y a la crisis de la
seguridad ciudadana.
Para el líder de MORENA, no es la dinámica
vigente del patrón de reproducción del capital la potencia que perpetúa
la superexplotación del trabajo, la desigualdad, la precarización de
las condiciones laborales, la pobreza, la exclusión, la concentración
del capital, así como las condiciones de subordinación y dependencia con
el exterior. Estos problemas son localizados por el líder de la
izquierda institucional cada vez con mayor énfasis en la “corrupción
gubernamental”.
Del mismo modo, el cuasi-estancamiento económico no es según AMLO por los cuellos de botella creados en un aparato de especialización productiva
con enormes niveles de concentración y monopolización, los
desequilibrios en las cuentas externas, y sus efectos en la
desindustrialización, sino porque no hay un papel del Estado como
“regulador” de la economía, cuando al contrario, es el papel del Estado
junto con las fracciones del capital predominantes, quien ha conducido
el diseño de esta modalidad de reproducción del capital en crisis
estructural [32] .
AMLO pone el acento en lo que
considera el problema fundamental: en una carta enviada “a los
inversionistas nacionales y extranjeros”, señala, “Sostengo que el
principal problema de México es la corrupción y que vamos a erradicarla
por completo”. [33] En su nuevo manual pro-empresarial de 18 páginas denominado Pejenomics,
se lee: “En una encuesta realizada por el Banco Mundial a dueños de
empresas y altos ejecutivos de mil 480 empresas mexicanas, el 50% de los
entrevistados identificó la corrupción como un gran obstáculo.” [34]
Hay entonces una sintonía entre la visión empresarial y el líder de la
izquierda institucional en la identificación de lo que consideran el
“principal” problema del país: la corrupción.
Frente a los
problemas históricos, económicos y estructurales, nos señala el líder de
MORENA: “Consideramos que sin corrupción y con un gobierno austero
podremos sacar a México de la crisis económica, del malestar y la
pobreza, de la espiral de inseguridad y violencia que actualmente
padece”. [35] Y en otro momento señala: “Ante la crisis de
México, la honestidad es nuestra tabla de salvación. Vamos a convertir
esta virtud en forma de vida y de gobierno. Nuestra propuesta es acabar
con la corrupción, no solo reducirla, sino erradicarla por completo”. [36]
En la carta a los inversionistas,
y en otros documentos, sin cuestionar la lógica dominante de la
hiperacumulación y reproducción del capital en el país, nos señala que
es a partir del “combate a la corrupción”, la “austeridad republicana”
del gobierno, y el fin de los privilegios como su gobierno procederá a
“financiar el desarrollo”. Nos señala: “
Estoy convencido de que así como abolir la corrupción significará toda
una revolución social pacífica, la austeridad republicana se convertirá
en ejemplo de rectitud, moralidad y en la principal fuente para
financiar el desarrollo. Según nuestros cálculos, podremos ahorrar, por
el combate a la corrupción y el plan de austeridad, alrededor de 500 mil
millones de pesos”. [37] A partir de esta “liberación de
cuantiosos recursos” su gobierno podrá “aumentar la inversión pública y
utilizarla como capital semilla para financiar proyectos productivos con
la participación de la iniciativa privada y del sector social” [38]
. Para AMLO, financiar de este modo el “desarrollo” y el “bienestar”,
no exige siquiera una reforma fiscal progresiva, de ahí que
recurrentemente señale que “no hará falta aumentar impuestos”, en todo
caso, mejorar la recaudación combatiendo la evasión y corrupción.
Como vemos, para el candidato puntero en todas las encuestas, su gran
caballo de batalla reside en el combate a la corrupción y una nueva
“reingeniería del gasto público”. Como se observa, en estos términos, no
existe aquí ningún cuestionamiento de fondo al patrón de reproducción
del capital.
Respecto al principal tripié de la política
económica neoliberal, la propuesta del líder Morenista empata
impecablemente con los intereses del gran capital: AMLO suscribe la
política monetaria, cambiaria y fiscal, así como también se ha
comprometido con la autonomía del Banco de México y el control
neoliberal inflacionario. [39] Señala: “Se mantendrán
equilibrios macroeconómicos, se respetará la autonomía del Banco de
México y se promoverá la inversión privada nacional y extranjera”. [40]
En la actualidad, AMLO presume la calificación de Standard & Poor’s
nivel “Triple A” que obtuvo como Jefe de Gobierno de la capital de la
república (2001-2006) por el manejo financiero de su gobierno, y
advierte que “no gastaremos más de lo que ingrese al erario, es decir,
operaremos la administración pública sin déficit”. [41]
El hombre a ocupar el cargo de las finanzas públicas como Secretario de
Hacienda en el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Dr. Carlos
Urzúa, ex consultor del Banco Mundial, y ex secretario de finanzas del
gobierno de AMLO en la ciudad de México, ha venido practicando distintos
encuentros con los grandes capitales de los fondos de inversión. En
estos encuentros, ha venido sosteniendo el respeto a los contratos bien establecidos, de los cuales, destaca que a su parecer no ve problemas en las subastas implementadas en materia de los hidrocarburos. [42]
Carlos Urzúa ha señalado una disposición del futuro gobierno de AMLO
para mantener superávits primarios y la política cambiaria de libre
flotación, así como ha señalado la negativa de AMLO a gravar las
herencias. El futuro secretario de Hacienda (en caso de un triunfo de
AMLO) ha declarado que no habrá “renta básica universal” y que se
impulsarán las inversiones en proyectos de infraestructura vinculados al
sector exportador y al turismo. Hasta aquí, AMLO personifica la
dinámica del gran capital sin obstáculo alguno.
De la reunión
que sostuvieron el propio AMLO con Larry Fink, presidente ejecutivo de
BlackRock, principal fondo de inversión a nivel mundial, el Dr. Urzúa
señaló: "Hubo un 'clic' inmediato entre ellos. Ambos salieron encantados
de la reunión" […] “Fue una reunión muy afable, entre otras cosas
porque Larry Fink conoce extraordinariamente bien a México y es una
persona con una visión no solamente empresarial, sino social". [43]
En lo que respecta a la política comercial, el lugar de México en el
sistema mundial capitalista y la postura de la izquierda institucional
ante el TLCAN, el proyecto que abandera AMLO es muy favorable a la
“globalización” y acepta “plenamente” mantener el TLCAN y su
renegociación impuesta por Trump. Como señalan las Pejenomics, “ El proyecto de AMLO no está en contra de la globalización”.
Respecto al papel de las inversiones nacionales y extranjeras, la
posición de la izquierda institucional es de plena apertura, promoción y
protección. En la carta a los inversionistas, sin rubor alguno
les exclama a éstos: “Tengan confianza. No somos rebeldes sin causa y
tenemos palabra. Sabemos cumplir nuestros compromisos”.
Sabido
es que el gobierno de AMLO en la ciudad de México ha sido el gobierno
que captó la mayor cantidad de inversión extranjera, incluyendo los dos
gobiernos posteriores (de Marcelo Ebrard y el de Miguel Ángel Mancera).
Colocado en la aceptación acrítica del ciclo de la economía dependiente,
les insiste a los empresarios: “No habrá confiscaciones ni
expropiaciones. Quiero que haya confianza, porque sin inversiones no
podré gobernar”. [44]
La Dra. Graciela Márquez, quien
ocuparía la Secretaría de Economía en el gobierno de AMLO, ha señalado:
"Reconocemos la importancia de que México necesita aprovechar una
economía global y los inversionistas extranjeros son fundamentales". [45] Según la futura secretaria formada en Harvard, "la inversión extranjera es esencial para mejorar las vidas de los mexicanos" (Ibid).
Como vemos, no sólo el empresario Alfonso Romo, sino los hombres
importantes del gabinete planteado por AMLO, tienen otra lectura de la
economía nacional muy distinta a las bases populares aglutinadas en el
partido político MORENA. [46]
2) La política social, fundamento del nuevo desarrollo nacional, está situada dentro de los límites marcados por los principales ejes del patrón de reproducción del capital imperante.
Como hemos señalado, el nuevo desarrollismo propuesto en el proyecto de
nación de la izquierda busca “financiar el desarrollo” sobre la base de
los mismos fundamentos del gran capital que han imperado en los últimos
treinta años en el país. No obstante, como vimos en la experiencia del lulismo, ello no implica que –si bien subordinados a la hegemonía neoliberal– no existan proyectos de carácter social
que empujen la generación de mejores condiciones de “bienestar” en
algunos sectores de la población. Sin embargo, una política social
subordinada a la dinámica de la reproducción del capital está
incapacitada de cambios significativos y perdurables.
Políticas
de incremento salarial, de protección a los inmigrantes, de
fortalecimiento del mercado interno y del consumo nacional constituyen
parte del proyecto de nación que abandera AMLO. Así también, forman
parte los proyectos de “apoyo a la pequeña y mediana empresa”, de
estímulo y expansión a los “emprendedores” y a la “innovación”. El
proyecto de recuperación del campo y el apoyo a los pequeños productores
excluidos, así como la iniciativa para garantizar la soberanía
alimentaria, son también relevantes en el proyecto de MORENA.
Sin embargo, al estar anclados estos proyectos dentro de la lógica dominante de la reproducción del capital, observamos una limitada eficacia en su generalización,
más aún, si consideramos que el despliegue de estas políticas estará en
función de la “reingeniería del gasto público” y no sobre la base de
una distinta modalidad de reproducción del capital que lo pudiera
permitir (si fuese posible).
El proyecto de la izquierda en
México no conlleva una transformación de raíz en las estructuras y ejes
de la acumulación del capital, en todo caso, se reduce a algunas
modificaciones (no a todas) a nivel de las políticas económicas
implementadas por los gobiernos neoliberales, más propiamente en
aquellas vinculadas al bienestar social. Más allá de una confrontación
política antagónica con la lógica dominante de reproducción social, AMLO
conduce a sus bases sociales y populares a una disputa de “baja
intensidad” basada en “políticas públicas”.
En el periodo lulista
se elevaron los salarios, el empleo, la formalidad laboral, se
abatieron los niveles de pobreza y de miseria, se incrementó el
presupuesto en la educación y la salud, no obstante que no modificó en
términos estructurales la reproducción del capital y los ejes de
acumulación predominantes. Avanzado el periodo social-desarrollista
abanderado por el PT en Brasil, los gobiernos Lula y Dilma se
encontraron con profundos límites económicos y sociales, así como con
serias dificultades políticas. Con la crisis económica brasileña, se
desnudaron los límites de la política del “reformismo débil” y de no confrontación,
lo que condujo al debilitamiento en la relación de fuerzas y a la
crisis política hasta hoy vigente empujada por la ofensiva política
(golpista) del gran capital.
Tal como las que existieron en Brasil, existen divergencias entre
algunas de las políticas económicas de la izquierda mexicana respecto a
las políticas dominadas por la doctrina neoliberal dominante. Se trata
de dos conjuntos divergentes de políticas económicas subordinados a un mismo patrón de reproducción del capital.
Asimismo, existen divergencias entre quienes apelan al papel del Estado
en la regulación de la economía, como entidad que vele por el
“desarrollo económico” y “bienestar” del conjunto de la sociedad, frente
a la ortodoxia neoliberal de dejar la economía en la “mano invisible”
del “libre mercado”.
A nuestro juicio, es a este nivel de
contraposición de los intereses político-sociales que abandera MORENA y
los objetivos en la definición de las políticas económicas de carácter
empresarial, donde estos intereses y proyectos se confrontan. Si bien
dice el viejo proverbio que el diablo está en los detalles, señalamos entonces que no es lo mismo un patrón de reproducción del capital que las políticas económicas
mediante las cuales se vehiculiza, incluyendo el papel que se le puede
atribuir al Estado en la orientación de la economía. Si bien una serie
de políticas económicas vehiculizan una u otra modalidad de reproducción
del capital, aquí no se percibe –hasta ahora– la oposición de dos
modalidades integrales de reproducción del capital sino una
confrontación a nivel de las políticas económicas. [47]
La izquierda de Morena sostiene el papel “rector” del Estado como
“promotor del desarrollo”, con “la concurrencia del sector privado”. [48] La doctrina neoliberal, a la cual se sujeta fielmente el PRIANRD (PRI, PAN, PRD) sostiene el libre mercado, las políticas de adelgazamiento estatal, de privatización y desregulación de la economía.
Más allá de una pretendida, ingenua y abstracta “confianza” que pide
AMLO a los empresarios (la clase dominante), se trata aquí de considerar
verdaderos choques (de ningún modo de carácter estructural) en la definición de políticas económicas
sujetas a intereses distintos: por ejemplo, reforma fiscal
pro-empresarial; estímulos a importadores y exportadores, subsidios a
proyectos económicos, deducciones de prestaciones laborales, disminución
del ISR, Impuestos en alimentos y medicinas, grandes contratos y
concesiones del Estado en obras de infraestructura, de proveeduría para
el gobierno, etc., políticas que defienden los empresarios.
Como ya lo señalamos, la postura empresarial es reaccionaria y
retrograda. En medio de la crisis mundial, del declive de la economía
estadounidense, y del imperialismo trumpista, la clase dominante está
impedida de ceder terreno en materia de sus intereses y de las políticas
económicas, que históricamente la han beneficiado y en periodos de
crisis la han compensado bajo elevados costos sociales.
Este tipo de políticas económicas, -más allá del consenso hegemónico
neoliberal en “los equilibrios macroeconómicos” (monetaria, fiscal,
cambiaria, comercial) los cuales suscribe AMLO- tienden a confrontarse
con los objetivos de política social, desarrollo y bienestar que también
pretende defender MORENA. Más aún, si MORENA, presionado por sus bases
sociales y populares más críticas, empujara hacia la construcción de un Estado social, que hasta ahora, apenas puede asomarse en el proyecto de la izquierda institucional mexicana.
Por estas razones de confrontación a nivel de las políticas económicas,
señalamos que no es una cuestión volitiva de generar o no “confianza”
en el empresariado, sino de condiciones objetivas de rentabilidad, de
intereses objetivos, de usufructo de riqueza, de la materialidad de
mecanismos estatales de “compensación” de pérdidas a los grupos
empresariales en medio del estancamiento económico y la espiral de la
crisis.
El pretendido carácter de “justicia social” y
“bienestar” integrado a un nuevo desarrollismo redistributivo que
propone el proyecto de MORENA, no obstante su subordinación a la
“globalización neoliberal” en México hegemonizada por Estados Unidos vía
TLCAN, no deja de contraponerse a un conjunto de intereses de las
clases dominantes. Es esto lo que explica la estigmatización liberal de
“populismo”, “autoritarismo”, y el monumental ataque del mundo del
capital contra el principal dirigente de Morena.
En este
sentido, Citibanamex ha señalado que si bien existen “consensos” entre
los tres principales candidatos presidenciables, no deja de advertir -en
plena campaña electoral presidencial- la tendencia de un “cambio de
régimen” si ganase AMLO. [49] En realidad, el juego político
mediático del capital y sus enormes campañas de desprestigio que
interpretan con una posible victoria de AMLO un escenario “chavista”,
“cubano”, etc., dan más cuenta del terror que la oligarquía tiene de
perder sobre un conjunto de intereses y políticas económicas, que
de la supuesta (mediática) semejanza de un gobierno de Morena con
Venezuela, y por lo mismo, de un pretendido “cambio de régimen”.
Como hemos insistido, el combate a la corrupción, austeridad
gubernamental, una reingeniería del gasto de gobierno, un incremento de
la de por sí mínima inversión pública y el estímulo a la inversión
privada, no cuestiona los fundamentos estructurales de la gran
concentración del capital, de la dependencia mexicana respecto del
exterior, y del régimen de superexplotación del trabajo, pilares de la
acumulación del capital en México. Como fue experimentado en Brasil,
políticas de redistribución de renta no condujeron a un cuestionamiento
estructural de la economía, dominada por la financiarización, el mercado
externo y la superexplotación del trabajo.
En México, las
transferencias de renta a los sectores más vulnerables, jóvenes,
mujeres, desempleados, adultos mayores, entre otros [50] , no implica, directamente, una ruptura con el sistema de privilegios dominado por la oligarquía, así como no supone un quebrantamiento del bloque en el poder. Es por ello que, en este sentido tan limitado, no puede hablarse de un “proyecto alternativo de nación”.
Al contrario, sin cuestionar las principales estructuras económicas del
país, si ganase AMLO, coloca a las pretendidas políticas sociales y al
propio gobierno promotor de un nuevo desarrollismo en gran desventaja y fragilidad política bajo la ofensiva permanente de las clases dominantes.
Una reorientación de algunas de las políticas económicas, de un mayor
énfasis en el papel del Estado en la economía, no conlleva directamente a
“separar el poder económico del poder político”, postulado tantas veces
repetido por AMLO y simpatizantes. [51] Operar dentro de los
fundamentos del patrón de reproducción del capital, de las reglas del
TLCAN, de la dependencia a los capitales extranjeros, dentro de la
integración subordinada a la “globalización”, y dentro de los vínculos
estructurales de la oligarquía local con el imperialismo, conducen a transformar en mera retórica a dicho postulado y a convertir el proyecto de MORENA en una ilusión.
El proyecto económico y político que busca construir un modelo de
“desarrollo estabilizador ajustado a las condiciones actuales”,
considerando “la inserción de México en la globalidad”, “los derechos
individuales y sociales” y las nuevas “tecnologías”, no tiene la
capacidad de quebrantar las condiciones económicas que dan sustento al
bloque en el poder. Por lo mismo, aun con una posible victoria
electoral, MORENA sería incapaz por sí mismo de fracturar las relaciones
de dominación prevalecientes. Sin una dirección sustantivamente
social sobre la economía, en el que imperen las necesidades colectivas
por sobre el interés de rentabilidad, sin una orientación clasista y
popular sobre la reproducción social, no podría consolidarse un poder
popular con la capacidad para desafiar aquella concentración y
centralización económica y política.
La unidad económica y política del capital es estructural. El diseño e instauración de una modalidad de reproducción del capital
supone el papel de fuerzas políticas, toma de decisiones y el ejercicio
de hegemonía y dominación sobre las distintas clases y fuerzas
sociales. El movimiento del capital, supone de modo inmanente un
movimiento político. Es en el campo del Estado, en tanto terreno del
ejercicio del dominio político, donde cristalizan distintas clases y
fuerzas sociales. Al no atacar las estructuras de la acumulación y
reproducción del capital y por ende, las bases económicas que recrean la
centralización oligárquica del poder político, el pretendido “divorcio
entre el poder económico y el poder político” enarbolado por AMLO no
puede ser sino una falsa esperanza. Más aun, en sentido estricto,
el capital supone en términos sistémicos, su propia forma de
estatalidad. Y al no impugnarse la propia forma estatal de dominación política del capital, es impensable en términos estructurales dicho divorcio.
3) El proyecto de MORENA recae en la incapacidad de organización política del poder popular
más allá de su amplia convocatoria subordinada a la participación
ciudadana-individual de carácter electoral. No existe en este proyecto
un cuestionamiento al aparato de Estado y al régimen de dominación
política.
La lucha por ocupar posiciones en distintos organismos del aparato de Estado, es distinta de la lucha por la consecución hegemónica respecto al poder de Estado. En términos simples, el aparato de Estado es un entramado de instituciones que –hay que subrayarlo con fuerza- en términos estrictos no está dotado de poder. Y como tal, no reside en la propia arquitectura estatal un poder preexistente a las clases sociales y a las luchas entre éstas. El aparato gubernamental no es depositario de un poder
preestablecido de un modo apriorístico. En realidad, son las clases y
fuerzas sociales las que en sus tensas relaciones de lucha y conflicto
detentan el poder y la capacidad de dominio que se ejerce entre éstas.
El poder reside en las clases sociales. En lo que se refiere al campo de
confrontación popular, el poder se constituye en las masas
populares, en sus luchas y su incidencia organizativa y política en el
prevalecimiento de sus distintos intereses colectivos, clasistas,
mediante la correlación a su favor de la relación de fuerzas. Bajo esta
reserva, sólo así podría decirse que la forma de organización del
aparato de Estado cristaliza un poder de clase. En este sentido, el
poder (de clase) se constituye para su ejercicio, en un conjunto de
aparatos e instituciones (organizados bajo una forma específica), y es
el Estado en este sentido, el campo de ejercicio del poder político. [52]
El aparato de Estado refiere por ejemplo, al personal del Estado,
como la burocracia, la administración pública, la promulgación de la
normatividad, las funciones económicas, la justicia, el cuerpo militar,
es decir, el personal que da cuenta del desenvolvimiento y mantenimiento
del Estado en sus distintos niveles. En cambio, el poder de Estado versa sobre las clases o fuerzas sociales que detentan el poder, y por tanto, se refiere sobre la capacidad de materializar sus intereses
dentro de relaciones de dominio y subordinación entre éstas. En este
sentido, existe una peculiar relación diferenciada entre las clases o
fuerzas sociales que detentan el poder y el personal del Estado asentado
en la máquina de gobierno. [53]
En el contexto de la competencia electoral en el marco liberal, es la elección “ciudadana” sobre el personal que ocupará determinados organismos
del aparato de Estado la que se dirime en la competición electoral. Las
relaciones de poder entre las clases y fuerzas sociales exceden el
marco de dicha competencia, más aun, aunque se vinculen a ésta bajo el
extraordinario mito de una “igualdad política”, hay que insistir en que
las relaciones de poder entre las clases se juegan en las distintas y
complejas esferas de las relaciones sociales.
Más allá de las
críticas de AMLO a la “corrupción” gubernamental y al “privilegio de
mandar”, lo que predomina en su discurso es la aceptación acrítica de la
forma político estatal de dominación (aparato de Estado) y del
régimen de partidos, lo cual le impide un cuestionamiento estructural al
orden institucional de dominación política. Aún con la promesa de
“eliminar los fraudes electorales”, la izquierda oficial recae en
negligencia al soslayar los problemas estructurales de descomposición
del régimen político, así como la grave crisis de “representación” que
atraviesa todos los cimientos del régimen político excluyente, y que
tiene a la “democracia mexicana” en estado de crisis permanente y agotamiento, todo lo cual no puede resolverse, incluso, mediante una conquista de la mayoría de parlamentarios de Morena en el Congreso.
Más allá de la consulta ciudadana, del plebiscito y la revocación del
mandato planteadas por el contendiente presidencial de la izquierda
institucional, no se plantea establecer formas de democracia
comunitarias, protagónicas y sustantivas que involucren a las fuerzas
populares en la reproducción directa de sus condiciones de existencia.
Asimismo, no existe un cuestionamiento al sindicalismo de Estado, y sus
relaciones de dominio corporativo sobre las clases trabajadoras, que
conduzca a un desmantelamiento del control político de los trabajadores y
a una apertura de nuevas vías de independencia política obrera y
campesina.
Al omitir la necesidad de organizar una nueva
capacidad política en las fuerzas sociales, más allá del ejercicio
electoral, se pone de relieve la incapacidad (o renuncia) de MORENA de llevar adelante una verdadera lucha política por la hegemonía del poder político,
lo que es muy diferente a una carrera electoral, aún con la consecución
de una elevada ventaja en la carrera por la presidencia sobre el
segundo y tercer lugar (hasta ahora de 20 y 30 puntos porcentuales,
promedio).
Reproducir la forma política del aparato gubernamental y del régimen político de Estado sin cuestionamientos de fondo, implica abdicar
de una lucha por la transformación sustantiva del orden político y de
la plena profundización de la democracia política. Más aún, cuando AMLO,
al recargar sus señalamientos contra el régimen político, recae en un
exceso de voluntarismo que conduce a la desorganización y
desmovilización política. Luchar por el ejercicio del gobierno dentro de
las “reglas del juego”, y -una vez logrado éste-, someterse a la
aceptación de la institucional jurídica y política (Estado de Derecho)
participando en la reproducción del orden político, y asistiendo con
ello en la reparación de sus problemas de legitimidad, son prácticas muy
distintas.
Fue la aceptación acrítica sobre la
institucionalidad democrática un enorme obstáculo que entrampó a los
gobiernos progresistas, particularmente en Brasil, Argentina y Uruguay.
En una notable “crítica constructiva” a los gobiernos progresistas, el
politólogo cubano e investigador de la Universidad de La Habana, Roberto
Regalado, objeta con razón al progresismo latinoamericano y fuerzas
“neo socialdemócratas”, el hecho de que hicieron suya
"la
concepción de la democracia burguesa como sistema político y electoral
pretendidamente imparcial e impoluto, que supuestamente no estaría
sometido a la presión y la injerencia de los centros de poder
imperialista, ni a la acción de los defensores de los intereses de las
oligarquías criollas incrustados en los poderes del Estado y organizados
en poderes fácticos, en el que los opresores de antaño reconocerían
civilizadamente sus derrotas electorales y, con igual civismo, le
permitirían gobernar a las fuerzas progresistas y de izquierda, frente a
las cuales se limitarían a realizar la comedida función opositora
característica de la alternancia entre partidos del sistema, y en el que
ejercer el gobierno - un gobierno cuyo ejercicio sería compartido con
aliados tácticos de centro y hasta de derecha- sería equivalente a
ejercer el poder". [54]
La experiencia práctica
demostrada nuevamente en los últimos años en la región latinoamericana,
enseña la imperiosa necesidad de la organización y fortalecimiento de
las clases trabajadoras y fuerzas sociales, así como el paso decisivo
hacia su constitución política en un poder popular real y efectivo.
Una sustantiva “separación del poder económico del poder político” en el México dependiente,
supone, -más que atacar la corrupción-, sobreponerse a los vínculos
estructurales entre la oligarquía local con el imperialismo y sus
efectos en la subordinación del Estado, lo que implica una acumulación
de fuerzas sociales y populares que pasa por la sustentación política de
un poder popular con enorme capacidad para desafiar el establishment.
Es esto lo que precisamente Morena ha venido evadiendo, al concentrar
su actividad política en la carrera electoral, lo cual terminaría
convirtiéndose en un fardo estructural que impediría lo que MORENA
autoproclama como la “cuarta transformación histórica” de México.
Como señala Regalado:
"los espacios de poder estatal conquistados por la izquierda son
frágiles y efímeros si no se sustentan en la construcción de hegemonía y
poder popular. Una cosa es creer que estamos construyendo hegemonía y
poder popular desde el gobierno, y otra construirlos de verdad". (Ibid.)
Sin la independencia de las clases trabajadoras y de las fuerzas
populares, sin la organización político-hegemónica de un poder popular,
la elaboración de un programa común de lucha, la construcción de un
poder constituyente, difícilmente puede desafiarse en términos
esenciales las bases del Estado en México y de su forma oligárquica de dominación política,
así como difícilmente podría conseguirse el planteamiento de campaña de
AMLO consistente en la erradicación de la simbiosis existente entre el
“poder económico y el poder político” eliminando con así el “privilegio
de mandar”.
Es en las clases trabajadoras y las fuerzas
populares donde radica la capacidad política para empujar
transformaciones sustantivas. El poder popular es la fuerza
antagónica a la lógica del capital y de su estatalidad. La organización
política a partir de las estructuras de superexplotación del trabajo,
despojo y exclusión social, es el instrumento esencial para fortalecer
la lucha antagónica contra la desmesura del capital y su orden de
relaciones políticas de dominio.
En conclusión, sin una
adecuada lectura histórica, económica y política de alcance mundial,
regional y nacional, que rompa con los discursos complacientes, sin una
crítica y cuestionamiento radical al movimiento de reproducción del
capital en crisis estructural en México, sin cuestionamientos y sin
modificaciones al sistema de la maquinaria estatal controlada por los
partidos políticos prevalecientes en tanto “Estado de ideología única”,
sin abrir camino al movimiento del poder popular e incidir en su
organización política de frente a la disputa por la hegemonía política,
la “revolución social” propuesta por una izquierda institucionalista y
progresista, es más proclive a una “transformación histórica” aparente e ilusoria que a una alternativa real y sustantiva.
Notas en el link de la fuente de la nota > El nuevo desarrollismo progresista en México: ¿Una transformación histórica sin cuestionamientos al capital?
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