Las personas no se desvanecen de pronto
He aquí una realidad
nacional: el Estado desaparece personas. Cuesta escribirlo así,
diciendo “desaparece”, porque las personas —gente de hueso y carne,
padres, madres, hermanos, familiares, vecinos, conocidos— no se
desvanecen de pronto, como sin querer… sino que alguien las detiene, las
aprisiona y en el peor de los desenlaces las ejecuta con anuencia del
gobierno.
Y esto no ocurre de forma esporádica, no se trata de
casos aislados. De lo contrario no hablaríamos de esto ahora, de lo
contrario no existiría la Campaña Nacional contra la Desaparición
Forzada, que cada última semana de mayo, desde hace ocho años en México,
convoca a diversas actividades con el objetivo de reivindicar la lucha
contra la desaparición forzada, exigiendo además la presentación con
vida de víctimas, juicios justos, castigo a los responsables y la
erradicación de este crimen de lesa humanidad.
Permítasenos
hacer algunas especificaciones al respecto: el desaparecido no es aquél
que el gobierno, en un intento por evadir su responsabilidad, se empeña
en llamar “extraviado” o “no localizado”. El rasgo característico de la
desaparición forzada es que tiene un culpable concreto: el Estado.
Se entiende por desaparición forzada: “el arresto, la detención, el
secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que sean obra
de agentes del Estado o por personas o grupos de personas que actúan con
la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la
negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de
la suerte o el paradero de la persona desaparecida, sustrayéndola a la
protección de la ley”.
Asimismo, al hablar de esta política de terrorismo de Estado debemos subrayar lo siguiente:
1. En la desaparición forzada se violan varios derechos humanos: el
derecho a la libertad, a la integridad personal, a ser protegido por la
ley, a ser reconocido como persona jurídica, a no ser torturado. 2. En
varias ocasiones, se viola además el derecho a la vida, crimen conocido
como ejecución extrajudicial. 3. Mientras una desaparición forzada no se
resuelva, sigue siendo un caso presente: no existen las desapariciones
forzadas pasadas. 4. Repetimos: el responsable de una desaparición
forzada es el Estado.
En México, igual que en muchos otros
países latinoamericanos, la desaparición forzada data de la década de
1960 como medida sistematizada para enfrentar a la oposición política
armada y a la disidencia pacífica. Decimos sistematizada porque se trata
de una práctica estatal reiterativa y con características bien
definibles.
Prueba de esta sistematicidad es que en nuestro
país, durante el periodo conocido como “guerra sucia” (1969 a 1988) se
documentaron entre 1200 y 1800 desapariciones forzadas con motivos
políticos; es decir, contra luchadores sociales. Posteriormente, entre
1994 y el 2000 nuevamente aparece enconadamente la desaparición forzada
contra el movimiento revolucionario, como el EZLN.
Luego,
durante la llamada “guerra contra el narcotráfico”, iniciada en 2006 por
el presidente Felipe Calderón, la Comisión Nacional de Derechos Humanos
(CNDH) reportó 3422 desapariciones forzadas. No obstante, el número
total de desapariciones en dicho periodo oscila entre 13195 y 26121, de
las cuáles se ignora cuántas califican cabalmente como forzadas.
Asimismo, este crimen ha pasado de cometerse contra la disidencia
política para cometerse en contra de otros grupos sociales, como
jóvenes, trabajadores, migrantes y mujeres.
El sexenio de
Peña Nieto muestra continuidad en la sistematización de este crimen. La
CNDH registra, entre 2012 y 2016, a 18990 personas desaparecidas. El
Estado ha dado respuestas ambiguas a dichas cifras, atribuyendo estos
crímenes a la delincuencia organizada, pero casos como el de los 43
desaparecidos de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos evidencian el modus
operandi y la responsabilidad estatal. Asimismo, hemos visto aparecer al
menos 1143 fosas clandestinas, cuya existencia resulta imposible
entender sin conocimiento del Estado.
Así, como puede
usted ver, desde los años sesenta hasta la fecha hemos vivido no sólo la
continuidad de este crimen, sino su aumento como estrategia estatal de
control. El “país de los desaparecidos” nos llaman algunos medios
de comunicación con razón, pues las cifras son tan altas como
terroríficas.
Pero el desaparecido es siempre presente, es promesa de presencia y, por lo tanto, lucha permanente.
Exigimos pues la presentación con vida de Edmundo Reyes Anaya, Gabriel
Alberto Cruz Sánchez, Teodulfo Torres Soriano (El Tío), Juan Francisco
Kuy Kendall, Gabriel Gómez Caña, Fidencio Gómez Santiz, Daniela y
Virgina Ortiz Ramírez, Francisco Paredes Ruiz, Lauro Juárez, Carlos René
Román Salazar, Héctor Jaimes Abarca, los 43 normalistas de Ayotzinapa y
los miles de desaparecidos a nivel nacional. Ni perdón ni olvido.
Organización de Lucha por la Emancipación Popular (OLEP)
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