Soldados que la torturaron sexualmente serán sentenciados
Desde 2002 recorrió kilómetros para tocar puertas de oficinas gubernamentales cargando a su pequeña hija en brazos. Le
dijeron mentirosa y la expulsaron de su comunidad por haber denunciado a
soldados del 41 Batallón de Infantería del Ejército mexicano. Han sido 16 años de buscar una justicia que por fin parece asomarse.
Su lucha no fue fácil y no fue corta. Comenzó cuando denunció que el
16 de febrero de 2002 en la comunidad de Caxitepec, en el municipio de
Acatepec en el estado de Guerrero, fue interrogada, golpeada, violada y
torturada sexualmente por dos miembros del Ejército mexicano, mientras
otros seis militares observaban.
Desde entonces, Valentina Rosendo Cantú tuvo que enfrentar al
Ejército, declarar frente a los militares, tocar las puertas de
instancias nacionales y llegar a organismos internacionales para que la
justicia le devolviera lo que perdió aquel día. Aunque pudo abandonar la
denuncia no lo hizo, continuó en su empeño de demostrar que su palabra
era verdad.
Hoy, la niña de 17 años que sobrevivió a la tortura sexual en un
pueblo de la Montaña de Guerrero, es una mujer que empieza a reacomodar
las piezas movidas de su vida. Cada vez que se acerca a la justicia una
pieza encuentra su lugar y este año el rompecabezas de su historia está a
punto de encajar.
El pasado 1 de junio el Juzgado Séptimo de Distrito en el estado de
Guerrero, a cargo de la jueza Iliana Fabricia Contreras Perales, condenó
a 19 años, cinco meses y un día de prisión, al cabo de infantería
Nemesio Sierra García y al exsoldado Armando Pérez Abarca, quienes en
2002 violaron y torturaron sexualmente a la indígena.
ROMPER LA CADENA DE LA IMPUNIDAD
A pesar de que Valentina denunció a los militares un par de días
después de la agresión y de que el 41 Batallón de Infantería tenía los
nombres de los elementos de las fuerzas armadas que en febrero de 2002
estaban realizando tareas de seguridad en Acatepec para destruir
plantíos de amapola, la denuncia de la joven encontró múltiples
obstáculos para llegar a una conclusión de los hechos ocurridos aquella
tarde, cuando ella lavaba ropa en un arroyo cercano a su hogar y al
pueblo de Barranca Bejuco y cuando los varones vestidos de camisola
verde, pantalón verde y botas negras que portaban armas largas, la
agredieron.
Aunque su vida dio un vuelco, durante todos estos años logró
reconstruirse. Hoy la pequeña niña que llevó a todos lados en brazos en
su búsqueda de justicia, es una joven estudiante de preparatoria.
A Valentina no la derrumbaron, aún cuando las autoridades mexicanas,
primero las militares y luego las civiles, apostaron para que ella
desistiera la denuncia y su demanda ante instancias internacionales
donde sí fue escuchada. Su caso llegó hasta la Corte Interamericana de
Derechos Humanos (CoIDH), quien en agosto de 2010 ordenó al Estado
mexicano investigar los hechos y sancionar a los responsables.
Como parte de esa sentencia el 15 de diciembre de 2011, el Gobierno
mexicano, en voz del entonces secretario de Gobernación, Alejandro
Poiré, le ofreció una disculpa pública por no protegerla ni garantizarle
justicia, Valentina afirmó: “lo que sigue es la investigación”. Desde
entonces su interés ha sido lograr que sus agresores estén tras las
rejas, donde ya están recluidos.
Luego de conocer la sentencia en su contra, uno de sus agresores,
Armando Pérez Abarca interpuso un recurso de apelación en contra del
fallo y aun no se sabe si Nemesio Sierra García, el otro agresor, hará
lo mismo. Aun así, los abogados de Valentina, Vidulfo Rosales Sierra e
Isidoro Vicario, quienes forman parte del Centro de Derechos Humanos de
la Montaña Tlachinollan, deberán presentar sus argumentos para que la
apelación no favorezca a los acusados y la sentencia quede firme.
16 años después, Valentina lo logró y demostró que su dicho era
verdad. Hoy más que nunca las palabras que mencionó el día que aceptó
las disculpas públicas del Estado mexicano se mantienen con fuerza:
“Sigo con la frente en alto, con dignidad de mujer indígena. Estoy
orgullosa de mí por ser quien soy. Mujeres, luchar es seguir adelante,
es romper la cadena de la impunidad”.
TESTIMONIO PARADIGMÁTICO
La indígena tlapaneca logró lo que pocas mujeres víctimas de
violencia sexual, lo que no ha conseguido Miriam López, detenida y
torturada sexualmente en Baja California; Denise Blanco, Korina Utrera y
Wendy Hernández, torturadas en Veracruz; Cristel Piña, violentada en
Chihuahua; Yecenia Armenta en Sinaloa; Belinda Garza en Torreón y otras
tantas sobrevivientes que esperan castigo para los soldados, marinos o
policías que las violentaron.
En un primer momento en 2013, y tras la sentencia de la CoIDH, la
Fiscalía para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de
Personas (Fevimtra) consignó la averiguación previa por los delitos de
tortura, abuso de autoridad y violación sexual, los dos agresores fueron
juzgados y sancionados por tortura y violación sexual ya que el abuso
de autoridad quedó integrado en la descripción de estas conductas.
El valor de Valentina es un precedente para otros casos no sólo por
el mensaje que manda al alzar la voz contra la impunidad militar sino
por la sentencia que emitió la jueza Contreras Perales, quien actuó
siguiendo la resolución de la Corte Interamericana y los preceptos de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre juzgar con perspectiva de
género los casos de violencia sexual.
En la sentencia a favor de la indígena, dada a conocer por los
abogados este lunes 18, la jueza dio valor preponderante a las
declaraciones de la joven, dio carácter probatorio a los testimonios de
su entonces pareja y de la cuñada de la víctima, quienes a pesar de no
estar en el momento de los hechos sí pudieron darse cuenta del estado en
el que se encontraba la sobreviviente una vez que pudo llegar a su
casa.
Y no sólo eso, la jueza utilizó el término de “asimetría de poder” al
señalar la especial vulnerabilidad en la que se encontraba la entonces
niña de 17 años en relación con sus ocho agresores, seis que la
observaron y dos más que la violaron, es decir hombres que pertenecían a
las fuerzas armadas.
Las amenazas en su contra, el abandono de su pareja y el ser exiliada
de su comunidad no logró rendir a Valentina; por el contrario, su
testimonio según se dejó en claro en la sentencia, hizo ver las
consecuencias de una agresión sexual en una comunidad indígena y los
efectos en el círculo familiar, consecuencias que convierten a la
violación en tortura.
A pesar de que los dos agresores trataron de desestimar los dichos de
la joven porque su testimonio, declarado en tres ocasiones, tuvo
variaciones que ellos consideraron “inconsistencias en el proceso”, la
jueza dijo que su palabra se debía valorar considerando que su lengua
materna no era el español y que los hechos en sí tienen una naturaleza
traumática.
Los dos acusados quisieron echar abajo la denuncia argumentando que
no había constancia médica que acreditara semen en la víctima, algo que
para el Juzgado no era admisible considerando la falta de servicios
médicos en la zona montañosa de Guerrero que dificultó la obtención de
un examen ginecológico. Aunque hay que decir que ella acudió a una
clínica donde se le negó el servicio porque el personal no quería
problemas con los militares.
EXHIBIR LA IMPUNIDAD
Este lunes 18 Valentina Rosendo Cantú, acompañada del director de
Tlachinollan, Abel Barrera; del representante de la Oficina del Alto
Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Jan Jarab;
de la subdirectora del Centro por la Justicia y el Derechos
Internacional (Cejil), Marcia Aguiluz; y de la representante Amnistía
Internacional, México, Tania Reneaum, hablará de los alcances de esta
sentencia.
Hablará de su batalla para exhibir la impunidad militar y de otros
elementos encargados de la seguridad pública, de cómo la indígena
tlapaneca Inés Fernández Ortega, también fue violada sexualmente por
militares en 2002, en el estado de Guerrero, y continúa con una lucha
similar a la suya para que los soldados que la violentaron estén en
prisión.
Desde mayo de 2015 cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación
rechazó hacer un análisis a profundidad sobre los estándares que
estableció la CoIDH en materia de género, etnicidad y tortura sexual en
las sentencias dictadas por los casos de Valentina e Inés, ellas
mostraron que su tenacidad no cesaría hasta poner su dignidad en alto.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: Anayeli García Martínez
Cimacnoticias | Ciudad de México.- 
No hay comentarios.:
Publicar un comentario