Este proceso no ha sido la excepción; sin embargo, han surgido algunos ejercicios muy interesantes que vale la pena analizar con más detenimiento, ver qué enseñanzas se obtiene de ellos y, por supuesto, cómo se pueden perfeccionar y potenciar.
Uno de estos ejercicios es la llamada “encuesta de encuestas”, que toma las bases de datos de esos estudios demoscópicos (en el caso de México, todas las registradas ante el Instituto Nacional Electoral; por ende, las bases de datos son públicas) y que, por medio de metodologías diversas, llega a una especie de promedio (que no es tal estrictamente porque no se limita a sumar los resultados de todas las encuestas y luego dividirlo entre el número de las mismas), con lo que se logra mitigar los sesgos involuntarios o errores de cada una de ellas, así como lograr cifras más cercanas a los resultados finales. El problema de estos ejercicios es que siguen utilizando las bases de datos de encuestas que no gozan de toda la credibilidad.
En estos momentos hay al menos cinco ejercicios que están haciendo esto para las elecciones mexicanas del próximo 1 de julio: Oraculus, Bloomberg, El País, Gppolls y Numérika. Todos ellos coinciden hasta ahora en el orden de las preferencias electorales para los cuatro candidatos presidenciales, en los rangos de votación esperada para cada uno de ellos y hasta en las diferencias entre el primero y el segundo lugar, y el segundo y el tercero, en este último punto salvo el caso de Bloomberg, que cierra más la disputa por el segundo lugar y aleja más al segundo y tercero del primero.
El segundo ejercicio fue la encuesta que ordenaron la Coparmex y la Fundación Este País, ya que presenta aspectos que vale la pena analizar con más detenimiento: primero, el contratar a dos casas encuestadoras de reconocido prestigio; segundo, el comprometerlas a que, además de realizar su levantamiento, realizaran una verificación cruzada del trabajo de campo del otro; y, tercero, el tamaño de la muestra. La publicidad de la base de datos, que es importante, ya no es novedad porque es obligatoria por disposición de ley.
Los resultados de esta encuesta, dados a conocer el martes 12, precisamente el mismo día que se celebró el tercer y último debate entre los cuatro candidatos presidenciales, también son muy coincidentes con los de los ejercicios anteriores; sin embargo, ubican al puntero (Andrés Manuel López Obrador) ligeramente por encima del rango superior; al segundo lugar (Ricardo Anaya) dentro de los rangos de los ejercicios ya comentados, y al tercer lugar (José Antonio Meade) ligeramente debajo de esos rangos.
Estos resultados hacen que la diferencia entre el primero y el segundo lugar se ubique un poco por encima de los otros ejercicios, salvo en el caso de Bloomberg, que es todavía mayor, y que la diferencia entre el segundo y el tercero sea superior a todos los ejercicios, con lo cual elimina la competencia por esa posición, que es precisamente donde más controversia hay.
Los dos ejercicios son dignos de reconocimiento porque pretenden arrojar luz sobre un tema que ha sido muy controvertido desde que las elecciones se consolidaron como la vía para designar a las autoridades en 1997, y también atemperar los ánimos de los actores políticos y de la ciudadanía en general.
Pero igualmente vale la pena voltear hacia otros países; un caso que destaca por la permanencia y profundidad del ejercicio es el de Estados Unidos, que realiza estudios antes y después de las elecciones desde 1948, no únicamente con el ánimo de conocer las preferencias electorales, sino de entender por qué sus conciudadanos votan como lo hacen.
A pesar del conocido fracaso de la mayoría de las encuestas en la pasada elección presidencial, hay varios aspectos que vale la pena destacar. Primero, la existencia de una organización de académicos de diversas universidades estadunidenses que diseñan, implementan y supervisan todo el proceso; segundo, el compromiso de dos universidades (las de Michigan y Stanford) de aportar fondos propios o de terceros para los estudios; tercero, el mantener la comparabilidad en el tiempo, y cuarto, la disponibilidad pública de todas las bases de datos, con lo cual cualquiera puede tener acceso a las mismas y realizar investigaciones.
En México lamentablemente no hay ningún esfuerzo similar y de hecho no hay ninguna universidad pública ni privada que realice sistemáticamente ese tipo de ejercicios, con lo cual les dejan el terreno libre a las casas encuestadoras y a algunos medios de comunicación; esto baja un poco el rigor metodológico y reduce el tamaño de las muestras de las encuestas, pues el factor económico se vuelve determinante.
Una vez que la democracia electoral se ha consolidado en México (más allá de todas las interferencias ilegales que persisten, como la compra y coacción del voto), es el momento de pensar en la realización de proyectos de investigación con mayor rigor metodológico y que, al mismo tiempo que permitan conocer más al votante mexicano, contribuyan a erradicar las prácticas ilegales o irregulares que todavía inciden en ejercicio del voto y distorsionan los resultados electorales.
Lo ideal sería que un proyecto de esta naturaleza surgiera de un consorcio de universidades públicas y privadas y contara con el apoyo de las autoridades electorales; éstas no deberían intervenir para nada en las cuestiones metodológicas, pero sí aportar fondos (como lo hacen con la observación electoral) para financiar los proyectos que diseñen libremente los académicos. 
Los estudios que emanen de un ejercicio de esta naturaleza serían un referente para el resto de las encuestas, pero además serían un insumo invaluable para los hacedores de las políticas públicas, incluyendo los legisladores que hoy proponen y aprueban reformas legales, en muchos de los casos sin ningún soporte sólido y con rigor científico.
Este análisis se publicó el 17 de junio de 2018 en la edición 2172 de la revista Proceso.