WASHINGTON (apro).- Un grupo de 12 legisladores federales de Estados
Unidos pidió al gobierno de Donald Trump suspender la asistencia militar
a México en la lucha contra el narcotráfico, bajo el argumento de que
contribuye a la violación sistemática de derechos humanos de la
población.
“Les urgimos a realizar una evaluación pública y completa de la ayuda
de seguridad que brinda Estados Unidos a México. Estamos preocupados de
que fondos de Estados Unidos estén abonando a los ciclos de violencia y
permitiendo las violaciones de derechos humanos por parte del ejército
mexicano”, precisan los congresistas en una misiva enviada a los
secretarios de Defensa y de Estado, James Mattis y Mike Pompeo,
respectivamente.
La carta, con fecha 18 de junio, destaca que el gobierno mexicano ha
desplegado a decenas de miles de soldados en la lucha contra el
narcotráfico, sin tomar en cuenta que los militares no están entrenados
para realizar actividades correspondientes a la policía civil.
Los legisladores federales encabezados por Keith Ellison, demócrata
por el estado de Minnesota, dicen a Pompeo y Mattis que “los estudios
(sobre la lucha contra el narcotráfico) demuestran que el despliegue de
las fuerzas militares mexicanas para operaciones policiales ha provocado
un incremento en los homicidios”.
Y, tras exponer que en 2017 México registró el nivel más alto de
homicidios en su historia, subrayan: “El uso de las fuerzas militares de
México en la guerra contra las drogas también ha resultado un aumento
dramático en violaciones a los derechos humanos, incluyendo torturas,
desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales”.
También recuerdan a los dos integrantes del gabinete de seguridad del
gobierno de Trump que entre 2012 y 2016, menos del 4% de las
investigaciones sobre abusos presuntamente cometidos por soldados
mexicanos han terminado en sentencias emitidas en cortes civiles.
“El presidente Enrique Peña Nieto institucionalizó esta estrategia al
firmar la Ley de Seguridad en diciembre de 2017”, recalca la carta.
De igual manera, los legisladores denuncian que, bajo la ley signada
por Peña Nieto, los soldados pueden intervenir en investigaciones
criminales domésticas y limitar el acceso a la información sobre eventos
que tuvieron lugar en operaciones militares y en los que se cometieron
abusos.
Entre los años 2008 y 2017, apuntan, el Departamento de Estado
entregó a México más de 465.9 millones de dólares para financiar las
actividades en la lucha contra las drogas de las fuerzas armadas
mexicanas. Y en ese mismo periodo de tiempo el Pentágono entregó al
gobierno mexicano más de 550 millones de dólares para el mismo rubro.
“Preocupa que estos fondos respalden e induzcan a la militarización
de la seguridad pública, conllevando a niveles más elevados de violencia
e impunidad… les urgimos suspender cualquier tipo de financiamiento a
las fuerzas armadas mexicanas involucradas en operaciones de seguridad
pública para enfocar nuestra asistencia en respaldar avances en la
aplicación de la ley, investigar y procesar violaciones de derechos
humanos y combatir la corrupción, particularmente en las rutas del
tráfico de drogas”, remata la carta.
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