Criminalización de la legítima defensa
En
2015 María Guadalupe Pereda Moreno defendió su vida cuando su pareja
intentó asesinarla con un arma de fuego. Desde entonces, lleva tres años
encarcelada en Ciudad Juárez, Chihuahua, y su caso es presentado ante
el Comité de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de
Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) como
ejemplo de la criminalización que enfrentan las mujeres víctimas de
violencia que actúan en legítima defensa.
A punto de iniciar el próximo mes la novena evaluación que hace el
Comité de CEDAW al Estado mexicano en materia de derechos de las
mujeres, el órgano de Naciones Unidas recibió un veintenar de informes
provenientes de organizaciones civiles que incluyen el de la Red Mesa de
Mujeres de Ciudad Juárez, quienes evidencian en su reporte la
criminalización de las mujeres que se defienden de sus agresores con el
caso de María Guadalupe Pereda.
DE VÍCTIMA A VÍCTIMARIA
A los 19 años de edad María Guadalupe Pereda fue víctima de violencia
familiar por su entonces pareja, Carlos Alberto Balderas Castañeda, de
36 años. La Red de Mujeres, que es la agrupación que acompaña el caso,
indica en su reporte a la CEDAW, que el 14 de octubre de 2015 Guadalupe
no toleró más la violencia y pidió la separación a Carlos, él, la golpeó
y la privó de la libertad encerrándola en una recámara de su casa.
Ese mismo día el agresor intentó asesinar a Guadalupe con un arma de
fuego, ella trató de defenderse y forcejaron con el arma hasta que se
disparó, él es quien salió herido. Al ver lesionado a su agresor y
pareja, solicitó auxilio vía telefónica a los servicios médicos así como
a vecinos, no obstante, el agresor volvió a tomar el arma para causarle
daño, pero finalmente falleció.
La Fiscalía General de Justicia de Chihuahua acusó a Guadalupe, madre
de dos niñas, por “homicidio en riña en carácter de provocado” a pesar
de que ella alegó que actuó en legítima defensa para salvaguardar su
integridad e hizo conocer a las autoridades la violencia que ejercía su
expareja contra ella (golpes, actos de celos, jalones en el cabello,
entre otros).
La Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez denunció que la Fiscalía de la
entidad en lugar de protegerla sabiendo que no quiso matar a su agresor y
era evidente que se trataba de una sobreviviente de feminicidio se
dedicó a perseguirla e inclusive evitó en el juicio en su contra
utilizar pruebas que favorecían a Guadalupe.
La defensa legal articulada por la Red no consiguió que la jueza que
atendió el caso hiciera un análisis con perspectiva de género para
entender que Guadalupe actuó en legítima defensa y existía un contexto
de violencia previo, únicamente lograron que no se dictara una condena
de prisión tan alta. Guadalupe fue sentenciada a tres años de cárcel por
homicidio en agosto de 2017. Actualmente sigue en situación de
reclusión.
SIN DATOS SOBRE LEGÍTIMA DEFENSA
“¿Cuántas mujeres como María que defienden legítimamente su vida se
encuentran en la prisión en México?” cuestiona la organización en su
“informe sombra”, y señala que en el país no existen datos sobre el
número de mujeres acusadas de homicidio por defender su vida cuando se
encontraban en situaciones de violencia extrema.
Es de mencionar que únicamente se conocen casos como el de Guadalupe
cuando son expuestos en medios de comunicación, o las organizaciones
inician campañas para liberarlas. En este caso la Red lanzó la campaña
#MaryLibre.
Otro ejemplo de casos de legítima defensa que han salido a la luz pública es el de Yakiri Rubio
en la Ciudad de México, quien se defendió de los hombres que la
violaron e intentaron asesinarla. La presión social logró que se le
dejara de perseguir por homicidio.
LEGITIMA DEFENSA REQUIERE PESPECTIVA DE GÉNERO
Por ello, la Red propone al Comité de CEDAW exigir al Estado
mexicano, en las observaciones finales que emita al concluir la novena
evaluación, que se creen en las fiscalías y procuradurías de justicia
unidades de investigación con enfoque de género que cuenten con
defensorías especializada en mujeres para que así los casos de mujeres
que se defienden de sus agresores sean investigados con enfoque de
género y se pueda evitar la criminalización en su contra.
Además, demandan que el Estado vigile que el personal juzgador
aplique la perspectiva de género en las sentencias que emita, con el
objetivo de que no se repitan casos como el de María Guadalupe.
CIMACFoto: César Martínez López
Por: la Redacción
Cimacnoticias | Ciudad de México.-
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